Síntesis
Las autoridades de los pueblos indígenas en Colombia tienen reconocimiento constitucional y jurisprudencial; son definidas de acuerdo con sus sentidos y lógicas sin obedecer, necesariamente, a los cánones representativos o democráticos de la sociedad Occidental. La Corte Constitucional ha reafirmado su potestad política, administrativa y jurisdiccional basada en sus usos y costumbres (derecho mayor, derecho propio, Ley de origen, Palabra de Vida, Ley natural), siempre que no contravenga la Constitución (T-349 de 1996, C-139 de 1996, SU-510 de 1998).
La correcta identificación de las autoridades indígenas juega un papel fundamental en el proceso de consulta previa, porque parte de entender que hay una verdadera representación de sus comunidades y, por supuesto, en general en la coordinación con el Estado en asuntos de registro y participación política (SU-383 de 2003, C-882 de 2011, T-197 de 2016).
Por otra parte, la libre determinación es la principal garantía que les permite definir sus estructuras de liderazgo, organización interna y procesos decisorios, evitando la imposición de modelos ajenos a su cultura (SU-092 de 2021, T-172 de 2019).
En materia legislativa, lastimosamente, el tema continúa siendo regulado por la Ley 89 de 1890 que establece el modo del nombramiento y registro de los “cabildos gobernadores” (ver: Decreto 2164 de 1995); a ello se le debe sumar el concepto de “Consejo Indígena” que consagra el artículo 330 de la CP y desarrollan los Decreto-Ley 1953 de 2014 y 632 de 2018. El Ministerio del Interior a través de su Dirección de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías y las alcaldías (en lo que tiene que ver con su territorio) llevan un registro de estas autoridades. Sin embargo, es importante entender que es una actuación administrativa de naturaleza informativa y no constitutiva, como consecuencia de que se trata del ejercicio de la autonomía de los pueblos (ver sentencia: SU-419 de 2024).
Derecho Interno
Constitución
| ARTÍCULO 246. Las autoridades de los pueblos indigenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. |
| “ARTICULO 330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones: 1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios. 2. Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. 3. Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución. 4. Percibir y distribuir sus recursos. 5. Velar por la preservación de los recursos naturales 6. Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en su territorio. 7. Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional. 8. Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las demás entidades a las cuales se integren; y 9. Las que les señalen la Constitución y la ley.” |
Ley
| Decreto Ley 1088 de 1993 “Artículo 1° Aplicabilidad. Los Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas, en representación de sus respectivos territorios indígenas, podrán conformar asociaciones de conformidad con el presente Decreto.” (Decreto Ley 1088 de 1993, artículo 1) Ver más |
| Decreto Ley 1088 de 1993 “Artículo 2° Naturaleza Jurídica. Las asociaciones de que trata el presente Decreto, son entidades de Derecho Público de carácter especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.” (Decreto Ley 1088 de 1993, artículo 2) Ver más |
| Decreto Ley 1088 de 1993 “Artículo 3° Objeto. Las asociaciones que regula este Decreto, tienen por objeto, el desarrollo integral de las Comunidades Indígenas. Para el cumplimiento de su objeto podrán desarrollar las siguientes acciones: a) Adelantar actividades de carácter industrial y comercial, bien sea en forma directa, o mediante convenios celebrados con personas naturales o jurídicas; b) Fomentar en sus comunidades proyectos de salud, educación y vivienda en coordinación con las respectivas autoridades nacionales, regionales o locales y con sujeción a las normas legales pertinentes.” (Decreto Ley 1088 de 1993, artículo 3)” Ver más |
| Decreto Ley 1088 de 1993 “Artículo 4° Autonomía. La autonomía de los Cabildos o Autoridades Tradicionales Indígenas no se compromete por el hecho de pertenecer a una asociación.” (Decreto Ley 1088 de 1993, artículo 4) Ver más |
| Decreto Ley 1088 de 1993 “Artículo 6° Contenido de los Estatutos. Toda asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas deberá regirse por los estatutos que contengan por lo menos los siguientes puntos […]” (Decreto Ley 1088 de 1993, artículo 6) Ver más |
| Decreto Ley 1088 de 1993 “Artículo 9° Asamblea. La máxima autoridad de las asociaciones que regula este Decreto, será una asamblea cuya conformación y funciones será establecida por los estatutos que adopte la asociación.” (Decreto Ley 1088 de 1993, artículo 9) Ver más |
| Decreto Ley 1953 de 2014 “Artículo 11. Autoridades Propias. De conformidad con la Constitución y las leyes, los Territorios Indígenas estarán gobernados por consejos indígenas u otras estructuras colectivas similares de gobierno propio, reglamentados según la ley de origen, derecho mayor o derecho propio de sus comunidades y ejercerán, dentro de su territorio, las competencias y funciones establecidas en la Constitución y las leyes. Cada vez que haya una designación de uno o más miembros de dichos consejos o estructuras colectivas similares de gobierno propio, los respectivos actos de designación deben registrarse ante la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.” (Decreto Ley 1953 de 2014, artículo 11) Ver más |
| Decreto Ley 1953 de 2014 “Artículo 12. Representantes Legales. Cada Consejo Indígena o estructura colectiva similar de gobierno propio designará un representante del Territorio indígena, quien ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial del mismo, y asumirá las responsabilidades a que haya lugar frente a las autoridades competentes. Los Consejos Indígenas o estructuras colectivas similares de gobierno propio registrarán el nombramiento del representante legal del Territorio indígena, ante la Dirección de Asuntos indígenas del Ministerio del Interior, entidad que tendrá la función de certificar la representación legal. De la misma manera cuando los Resguardos Indígenas decidan asumir la administración directa de los recursos de asignación especial del SGP, el Consejo Indígena o estructura colectiva similar de gobierno propio designará un representante legal, el cual deberá registrarse en los mismos términos previstos en el inciso anterior.” (Decreto Ley 1953 de 2014, artículo 12) Ver más |
| Decreto Ley 632 de 2018 “Artículo 6°. Consejo Indígena. Los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas que se pongan en funcionamiento en virtud de lo dispuesto en el presente decreto, serán gobernados a través de los Consejos Indígenas, entendidos como la forma de gobierno indígena, conformados y reglamentados a través de sus usos y costumbres, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 330 de la Constitución Política. La designación del Consejo Indígena se realizará de manera autónoma por las Autoridades Tradicionales de las comunidades indígenas. Cada vez que haya una designación de uno o más miembros de dichos Consejos, los respectivos actos de designación deben registrarse ante la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías (DAIRM) del Ministerio del Interior.” (Decreto Ley 632 de 2018, artículo 6) Ver más |
| Decreto Ley 632 de 2018 Artículo 7°. Representante Legal Del Consejo Indígena. El Consejo Indígena, de acuerdo con el reglamento interno establecido por las autoridades que lo integran, designará un representante, quien ejercerá la representación legal y las funciones administrativas del Consejo para la solicitud de registro del mismo, delimitación y puesta en funcionamiento del territorio indígena.” (Decreto Ley 632 de 2018, artículo 6) Ver más |
| Decreto Ley 1275 de 2024 “Artículo 8°. Estructuras de Gobierno propio. Las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas ejercerán las competencias establecidas en este decreto desde sus estructuras de gobierno propio conforme a sus sistemas de conocimiento, Derecho Mayor, Derecho Propio, Ley de Origen, Ley Natural, Palabra de Vida.” (Decreto Ley 1275 de 2024, artículo 8) Ver más |
Decreto
| Decreto 2164 de 1995 y Decreto 1071 de 2015 “Artículo 2.14.7.1.2. Definiciones. Para los fines exclusivos del presente título, establécense las siguientes definiciones: 4. Autoridad tradicional. Las autoridades tradicionales son los miembros de una comunidad indígena que ejercen, dentro de la estructura propia de la respectiva cultura, un poder de organización, gobierno, gestión o control social. Para los efectos de este título, las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas tienen, frente al Incoder, la misma representación y atribuciones que corresponde a los cabildos indígenas. 5. Cabildo Indígena. Es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por esta, con una organización socio política tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad.” (Decreto 2164 de 1995; Decreto 1071 de 2015, artículo 2.14.7.1.1.) Ver más |
| Decreto 1397 de 1996 “Artículo 11. Objeto. La Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas tendrá por objeto concertar entre éstos y el Estado todas las decisiones administrativas y legislativas susceptibles de afectarlos, evaluar la ejecución de la política indígena del Estado, sin perjuicio de las funciones del Estado, y hacerle seguimiento al cumplimiento de los acuerdos a que allí se lleguen.” (Decreto 1397 de 1996, artículo 11) Ver más |
Actos Administrativos / Directivas
Los actos administrativos/directivas no ha desarrollado este subtema.
Corte Constitucional
| C 054 de 2023 “Ahora bien, las comunidades indígenas gozan de un estatus constitucional especial, toda vez (…) ejercen funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y la ley (art. 246 CP); se gobiernan por Consejos Indígenas según sus usos y costumbres, de acuerdo con la Carta y la ley (art. 330 CP).” (C 054 de 2023) Ver más |
| C 047 de 2022 “La estructura de mando que rige a las comunidades indígenas se basa en normas propias acordes a sus tradiciones y jerarquías, ajustadas a sus usos, costumbres y cultura”. (C 047 de 2022) Ver más |
| SU-092 de 2021 “Una de las manifestaciones del reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación, es la inclusión en el texto constitucional el derecho fundamental de las comunidades étnicas minoritarias a la libre determinación o autonomía, con la finalidad de garantizar la supervivencia cultural de estos pueblos como grupos culturalmente diferenciados. Así con fundamento en los artículos 1, 7, 9, 70, 171, 176, 246, 286, 329 y 330 de la Carta, el Convenio 169 de la OIT (…), la Corte ha reconocido la existencia de este derecho en la Constitución y señalado que comprende la facultad de las comunidades étnicas de determinar sus propias instituciones y autoridades de gobierno, darse o conservar sus normas, costumbres, visión del mundo y opción de desarrollo o proyecto de vida; y adoptar las decisiones internas o locales que estimen más adecuadas para la conservación o protección de esos fines.” (SU-092 de 2021) Ver más |
| C-073 de 2018 “388 Sobre este punto, en la Sentencia C-461 de 2008, se expresó: “La manera en la que se habrá de realizar cada proceso de consulta previa, habrá de ser definida en forma preliminar con las autoridades de cada comunidad indígena o afrodescendiente, a través de un proceso pre-consultivo específicamente orientado a sentar las bases del procedimiento a seguir en ese caso en particular, respetando a las autoridades de cada comunidad y las especificidades culturales de la comunidad: “el proceso consultivo que las autoridades realicen ante los pueblos indígenas para tomar una decisión que afecte sus intereses, deberá estar precedido de una consulta acerca de cómo se efectuará el proceso consultivo” Ello, en la medida en que la flexibilidad establecida en el Convenio 169 de la OIT, y la diversidad propia de estos procesos, así lo exige: “los procesos de consulta previa no podrán responder a un modelo único aplicable indistintamente a todos los pueblos indígenas, pues para dar efectiva aplicación al Convenio 169 de la OIT y en especial a lo dispuesto en su artículo 6° y del artículo 7° de la Carta, los procesos de consulta deberán ante todo garantizar los usos y costumbres de los pueblos indígenas, respetando sus métodos o procedimientos de toma de decisiones que hubieren desarrollado.” (C-073 de 2018) Ver más |
| SU-123 de 2018 12.5. La primera dificultad radica en la debilidad administrativa y financiera y la precaria independencia técnica de esa dirección, que le impide muchas veces realizar adecuadamente sus funciones, por lo cual en casos decididos por esta Corte esa dirección ha certificado equivocadamente que no existían grupos étnicos en territorios en donde efectivamente había presencia de esos grupos, con lo cual no fue realizada una consulta previa que era requerida constitucionalmente. Estas situaciones afectan los derechos de los grupos étnicos y generan inseguridad jurídica para los inversionistas. La Corte concluye que es necesario fortalecer la capacidad institucional del Estado en esta materia, por lo cual exhortará en la parte resolutiva de esta sentencia al gobierno y al congreso a que tomen las medidas institucionales para que exista una institucionalidad sólida e independiente en relación con la expedición de este tipo de certificaciones, que compatibilice así el derecho a la consulta de los grupos étnicos con la seguridad jurídica a los inversionistas. (SU-123 de 2018) Ver más |
| T-197 de 2016 “-Los procesos de consulta previa no podrán responder a un modelo único aplicable indistintamente a todos los pueblos indígenas, pues para dar efectiva aplicación al Convenio 169 de la OIT y en especial a lo dispuesto en su artículo 6° y del artículo 7° de la Carta, los procesos de consulta deberán ante todo garantizar los usos y costumbres de los pueblos indígenas, respetando sus métodos o procedimientos de toma de decisiones que hubieren desarrollado. Para lograr este fin, el proceso de consulta debe estar precedido de un trámite preconsultivo, en el cual se defina, de común acuerdo entre las autoridades gubernamentales y los representantes de las comunidades indígenas y afrodescendientes, las bases del procedimiento participativo. (Sentencias SU-383 de 2003 y C-175 de 2009)” (T-197 de 2016) Ver más |
| C-882 de 2011 “En quinto lugar, con miras a lograr que las comunidades étnicas estén plenamente informadas de la propuesta y sus implicaciones, y puedan tomar decisiones informadas, las autoridades que dirigen el proceso consultivo deben velar por que las comunidades estén acompañadas por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, cada una dentro de sus órbitas de competencia, y siempre y cuando así lo soliciten los respectivos grupos. En sexto lugar, para la Corte, la consulta debe tener efectos sobre la decisión a adoptar. La efectividad de la consulta se refiere entonces al deber de las autoridades de dar valor a la palabra de las comunidades”. (C-882 de 2011) Ver más |
| T -778 de 2005 “Los integrantes de los grupos étnicos, según mandato del artículo 68 “Tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su propia identidad cultural”, a las autoridades de los pueblos indígenas se les permite ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarias a la Constitución y leyes de la República (art. 246)”. (T -778 de 2005) |
| SU-383 de 2003 “De manera que corresponde al Defensor del Pueblo en ejercicio de su función constitucional de velar por la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos, acompañar y orientar a los pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana en la formulación de las consultas que les deberán ser formuladas en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio en mención”. (SU-383 de 2003) “las autoridades están obligadas a integrar a los pueblos indígenas a la nación, asegurándoles la conservación de su autonomía y autodeterminación” (SU-383 de 2003) “a) Compete a la Defensoría del Pueblo asesorar y acompañar a los pueblos indígenas y tribales de la Amazonía colombiana, a sus representantes y autoridades en la consulta que les deberá ser formulada; asesoría y acompañamiento que se prestará a partir de la notificación de esta providencia, si los pueblos indígenas o sus representantes así lo solicitan”. (SU-383 de 2003) Ver más |
| T-349 de 1996 “El reconocimiento de la diversidad cultural de los pueblos indígenas, que lleva al Estado colombiano a establecer que las autoridades de aquellos podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con sus propias normas y procedimientos, no puede abarcar la eliminación total de la participación del sujeto juzgado en el curso de su propio juicio, pues ella, como seguridad de que nadie puede ser juzgado ni condenado a sus espaldas, constituye regla esencial a la idea misma de justicia, anterior a cualquier norma o costumbre”. (T-349 de 1996) Ver más |
| “El análisis de esta norma muestra los cuatro elementos centrales de la jurisdicción indígena en nuestro ordenamiento constitucional: la posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas, la potestad de éstos de establecer normas y procedimientos propios, la sujeción de dichas jurisdicción y normas a la Constitución y la ley, y la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional”. (C-139 de 1996) Ver más |
| OTRAS QUE REITERAN: (C 054 de 2023, C-054 de 2023, C-189 de 2022, SU 649 de 2017, C 882 de 2011, T 514 de 2009) |
Consejo de Estado
El Consejo de Estado no ha desarrollado este subtema en su jurisprudencia.
Derecho Internacional
Tratados
Este subtema no ha sido desarrollado en Tratados
Instrumentos no vinculantes
Los instrumentos no vinculantes no han desarrollado este subtema.
Corte IDH
La Corte IDH no ha desarollado este subtema en su jurisprudencia
CIDH
La CIDH no ha desarrollado este subtema.
Relator ONU
El fomento de la confianza y la posibilidad de alcanzar un auténtico consenso también dependen de que en el proceso de consultas se respeten plenamente las propias instituciones representativas y de adopción de decisiones de los pueblos indígenas. […]
El Relator Especial observa que tal vez los pueblos indígenas también necesiten mejorar o revisar sus propias instituciones, mediante sus propios procedimientos de adopción de decisiones, con el fin de establecer estructuras representativas que faciliten el proceso de consulta. (párr. 52). Ver más
Mecanismo de Expertos de ONU
La circunstancia de no dar participación a los representantes legítimos de los pueblos indígenas puede obstar al consentimiento que se haya obtenido. Queda claro en la Declaración que los Estados y terceros deben consultar a los pueblos indígenas y cooperar con ellos “por medio de sus instituciones representativas” (arts. 19 y 32) y “de conformidad con sus propios procedimientos” (art. 18). Todas las partes deben asegurarse de que las mujeres, los niños, los jóvenes y las personas con discapacidad estén representadas y tratar de comprender las consecuencias concretas que el programa o proyecto tendrá para ellos (véase A/HRC/18/42). Sin embargo, puede ser difícil identificar a los representantes legítimos de los pueblos indígenas. Los Estados deben tener presente que ha habido situaciones en que las instituciones decisorias de los pueblos indígenas han sido socavadas por el colonialismo y en que ha habido comunidades que han sido dispersas, desposeídas de sus tierras o reasentadas, incluso en zonas urbanas. Estas situaciones pueden hacer necesario que el Estado preste asistencia a fin de restablecer la capacidad de los pueblos indígenas para representarse adecuadamente. Es importante que los Estados o los terceros se cercioren de que las instituciones que apoyan a los pueblos indígenas y aducen representarlos tengan un mandato para ello. (párr. 23). Ver más
Otros órganos
Este subtema no ha sido desarrollado por otros órganos.