Síntesis
La evolución del concepto de afectación leve o indirecta y sus consecuencias se han desarrollado exclusivamente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional a partir de una interpretación armónica entre la Constitución, la Ley 21 de 1991 y el Convenio 169 de la OIT. La Constitución garantiza la participación democrática y la igualdad material, mientras que la Ley 21 de 1991 y el Convenio 169 de la OIT refuerzan este principio en relación con los pueblos indígenas y tribales. En este sentido, ha sido la jurisprudencia de la Corte Constitucional la que ha servido como puente interpretativo entre estos marcos normativos, precisando que existe una afectación leve o indirecta cuando se afecta de forma uniforme a toda la población y, por tanto, no implica la consulta previa, pero sí exige la implementación de mecanismos de participación efectivos.
Derecho Interno
Constitución
| “ARTICULO 171. El Senado de la República estará integrado por cien miembros elegidos en circunscripción nacional. Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas. Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior podrán sufragar en las elecciones para Senado de la República. La Circunscripción Especial para la elección de senadores por las comunidades indígenas se regirá por el sistema de cuociente electoral. Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar el Senado de la República, deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva organización, refrendado por el Ministro de Gobierno.” |
| “ARTICULO 176. <Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2013. El nuevo texto es el siguiente:> La Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones territoriales y circunscripciones especiales. <Inciso modificado por el artículo 6 del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Cada departamento y el Distrito capital de Bogotá, conformará una circunscripción territorial. Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que tengan en exceso sobre los primeros 365.000. La circunscripción territorial conformada por el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, elegirá adicionalmente un (1) Representante por la comunidad raizal de dicho departamento, de conformidad con la ley. Para la elección de Representantes a la Cámara, cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá conformarán una circunscripción territorial. <Inciso modificado por el artículo 6 del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Las circunscripciones especiales asegurarán la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y de los colombianos residentes en el exterior. Mediante estas circunscripciones se elegirán cuatro (4) Representantes, distribuidos así: dos (2) por la circunscripción de las comunidades afrodescendientes, uno (1) por la circunscripción de las comunidades indígenas, y uno (1) por la circunscripción internacional. En esta última, solo se contabilizarán los votos depositados fuera del territorio nacional por ciudadanos residentes en el exterior.” |
Ley
La ley no desarrolla este subtema
Decreto
Los decretos no desarrollan este subtema.
Actos Administrativos / Directivas
Los actos administrativos/directivas no ha desarrollado este subtema.
Corte Constitucional
| SU 121 de 2022 “52. En definitiva, en este acápite (párr. 32 a 51 supra), con base principalmente en la SU-123 de 2018, la Sala Plena reiteró que existen diferentes tipos de mecanismos tendientes a garantizar el derecho a la participación de los pueblos étnicos. Para determinar cuál es el que se debe adoptar, en cada caso concreto y atendiendo a las circunstancias particulares, debe determinarse el grado de afectación que se advierte respecto de la comunidad étnicamente diferenciada. Teniendo en cuenta lo anterior, (i) ante una afectación directa intensa se requiere el consentimiento previo, libre e informado; (ii) si se advierte una afectación directa debe llevarse a cabo un proceso de consulta previa; y, ante afectaciones leves la participación de las comunidades étnicamente diferenciadas se debe dar en igualdad de condiciones al respeto de ciudadano.” (SU 121 de 2022) Ver más |
| C 032 de 2021 “El proyecto analizado no implica una afectación de esta naturaleza. Se trata de una norma de carácter general para todos los ciudadanos, que gravita alrededor de las medidas para incentivar el cumplimiento de obligaciones establecidas por la legislación civil. Además, tampoco se evidencia en el texto del PLE referencia alguna que lo vincule particularmente a asuntos propios de los pueblos indígenas y afrodescendientes. En ese sentido, el requisito de consulta previa no resultaba exigible en el presente caso.” (C 032 de 2021) Ver más |
| T 164 de 2021 “91. Cabe resaltar que cuando la medida no afecte directamente a la comunidad étnica, la garantía del derecho a la participación – desde su protección constitucional del artículo 40 – corresponde al estándar básico de intervención, es decir, en función de “la inclusión de las comunidades en los órganos decisorios nacionales o la mediación de sus organizaciones en cualquier escenario que les interese”. En estos casos, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que se subsana la afectación indirecta con “la participación de las comunidades étnicas en organismos decisorios de carácter nacional o la incidencia de sus organizaciones en cualquier escenario de interés”. La sentencia T-236 de 2017 señala que, en escenarios de afectaciones indirectas, las comunidades étnicas deben tener espacios de participación de igual naturaleza que los que tiene el resto de la población.” (T 164 de 2021) Ver más |
| T 466 de 2019 “5.4 (…) Una afectación de menor grado, o la existencia de importantes intereses constitucionales contrapuestos, puede conllevar un deber menos intenso de participación.” (T 466 de 2019) Ver más |
| T 063 de 2019 “10.1. Participación general. Se aplica cuando la medida no afecta directamente a la comunidad indígena. En este caso, la participación debe corresponder al “estándar de intervención básica”, el cual comprende la facultad ciudadana, por un lado, de escuchar y conocer las propuestas de las entidades estatales que puedan afectarles de alguna manera y, por otro, de obtener la información completa y en un lenguaje claro, así como intervenir y comunicar sus intereses. “Esta obligación se orienta, entre otros, a que los pueblos interesados cuenten con oportunidades de participación que sean, al menos, equivalentes a las que disponen otros sectores de la población para la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole, que sean responsables de políticas y programas que les conciernan así como en “la incidencia que a través de sus organizaciones pueden ejercer en todos los escenarios que por cualquier motivo les interesen. En concordancia, por medio de la Sentencia C-030 de 2008, reiterada en la Sentencia T-384A de 2014 se señaló que: “es indispensable garantizarles a los pueblos interesados mecanismos de participación, al menos equivalentes a los que están a disposición de otros sectores de la población, en la adopción de decisiones que les conciernen directamente.” Puntualmente, frente a las acciones estatales, esta garantía constitucional “implica garantizar que todas las personas afectadas por las medidas de la administración sean involucradas”. (T 063 de 2019) Ver más |
| SU 123 de 2018 “Carencia de afectación directa: · Participación de la colectividad en igualdad de condiciones al resto de ciudadanos. · La participación corresponderá al estándar de intervención básico; la inclusión de las comunidades étnicas en los órganos decisorios nacionales o la mediación de sus organizaciones en cualquier escenario que les interese.” (SU 123 de 2018) Ver más |
| T 236 de 2017 “Cuando se presenta un nivel de afectación indirecta la obligación de consulta se limita a la primera faceta del derecho a la participación, es decir, aquella que está asociada a la participación de las comunidades étnicas en organismos decisorios de carácter nacional o la incidencia de sus organizaciones en cualquier escenario de interés.” “Para la determinación del nivel de afectación directa en leve o grave de una medida y su respectivo deber de consulta a comunidades étnicas, el juez constitucional deberá enmarcarse dentro de los principios de proporcionalidad y razonabilidad y en lo posible, deberá permitir que el grado de afectación sea determinado por las mismas comunidades en el proceso de consulta.” (T 236 de 2017) Ver más |
| OTRAS QUE REITERAN: C 245 de 2004; C 461 de 2008; C 175 de 2009; T 769 de 2009T 348 de 2012; C 1051 de 2012; T 294 de 2014; T 462ª de 2014; C 641 de 2012; T 438 de 2015; T 660 de 2015; T 213 de 2016; T 226 de 2016; T 704 de 2016; C-389 de 2016; T 436 de 2016; T-466 de 2016; T-475 de 2016; T 236 de 2017; 298 de 2017; T 300 de 2017; C 644 de 2017; T 733 de 2017; C 020 de 2018; C 067 de 2018; T-112 de 2018; T 308 de 2018; T 312 de 2019; C 369 de 2019; C 040 de 2020; T 422 de 2020; C 282 de 2021; T 413 de 2021; C 047 de 2022; C 134 de 2023; T 242 de 2023; T 247 de 2023; T 433 de 2023; C 054 de 2023; T 498 de 2023; T 514 de 2023; T 039 de 2024; T 197 de 2024; T 237 de 2024; T 248 de 2024; T 393 de 2024. |
Consejo de Estado
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Derecho Internacional
Tratados
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Instrumentos no vinculantes
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Corte IDH
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CIDH
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Relator ONU
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Mecanismo de Expertos de ONU
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Otros órganos
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