Síntesis
El derecho a la participación de las comunidades se materializa en diversos espacios concretos de participación. Es un derecho que no se agota en la consulta, sino que es mucho más amplio y abarca otras formas de relacionamiento entre las comunidades y otros actores y también otro tipo de recursos para cumplir la misma finalidad.
De este modo, la consulta previa es un derecho derivado del derecho a la participación de las comunidades indígenas y tribales, y ha sido objeto de un desarrollo reiterado en la jurisprudencia constitucional colombiana, teniendo en cuenta que se trata de una cuestión básica para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades étnicas y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social, por lo que tiene una significación mayor por los altos intereses que ella busca tutelar, como son los atinentes a la definición del destino y la seguridad de la subsistencia de las referidas comunidades.
Los grados de participación que operan en Colombia son la participación de las minorías étnicamente diferenciadas en igualdad de condiciones al resto de ciudadanos, el derecho a la consulta previa o la necesidad de la obtención del consentimiento previo libre e informado (CPLI).
Derecho Interno
Constitución
ARTÍCULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Ley
| Ley 21 de 1991 Artículo 6 Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. (Ley 21 de 1991, artículo 6) |
| Ley 21 de 1991 Artículo 7 Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. (Ley 21 de 1991, artículo 7) |
| Ley 21 de 1991 Artículo 8 Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.(Ley 21 de 1991, artículo 8) |
| Ley 21 de 1991 Artículo 15 Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. (Ley 21 de 1991, artículo 15) |
Decreto
| Decreto 2820 de 2010 “Artículo 15. Participación de las comunidades. Se deberá informar a las comunidades el alcance del proyecto, con énfasis en los impactos y las medidas de manejo propuestas y valorar e incorporar en el estudio de impacto ambiental, cuando se consideren pertinentes, los aportes recibidos durante este proceso. En los casos en que se requiera, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 99 de 1993, en materia de consulta previa con comunidades indígenas y negras tradicionales, de conformidad con lo dispuesto en las normas que regulen la materia.” (Decreto 2041 de 2014, artículo 1; Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.2.3.3.3) |
| Decreto 1384 de 2023 “Artículo 2.2.12.9.1. Participación en los estudios de impacto ambiental, socioeconómico y cultural. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 70 de 1993, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, participarán en el diseño, elaboración y evaluación de los estudios de impacto ambiental, socioeconómico y cultural sobre proyectos, obras o actividades que se pretendan adelantar en sus territorios colectivos.” (Decreto 1384 de 2023; Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.12.9.1) |
Actos Adm / Directivas
Los actos administrativos/directivas no ha desarrollado este subtema.
Corte Constitucional
| SU-121 de 2022 “17. De manera que, para que la participación de los pueblos étnicamente diferenciados sea activa y efectiva, en los términos que se derivan de la Constitución, se debe garantizar, por lo menos, que: (i) sean informadas de manera oportuna y completa sobre los POA que se desarrollan en sus territorios y que podrían llegar a afectarlos, indicándoles cómo la ejecución de los mismos podrían impactarlos; (ii) se propicien espacios de diálogo y concertación a los cuales sean convocados; (iii) tengan la posibilidad de pronunciarse de manera libre y sin interferencias sobre las ventajas y desventajas, presentar sus dudas e inquietudes; y (iv) tener incidencia respecto de las decisiones adoptadas. Este último elemento conlleva a la relevancia de que el derecho a la participación se dé en el marco de un diálogo intercultural, que si bien ha sido referido por la jurisprudencia constitucional como un elemento propio de la consulta previa, en esta ocasión la Sala Plena estima que su relevancia es extensible al referido derecho.” (SU-121 de 2022)+I35:I58 Ver más |
| SU-121 de 2022 “45. Con respecto a la consulta previa, la Sala Plena estima pertinente reiterar que tiene una doble connotación, por un lado, es un derecho fundamental irrenunciable de las comunidades indígenas de participar en los asuntos que puedan afectarlos directamente, con fundamento en los artículos 1º, 7, 70 y 330 de la Constitución, en el Convenio 169 de la OIT y en varios instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, que se incorporan vía bloque de constitucionalidad. Por el otro, como se indicó, es uno de los mecanismos mediante los cuales se materializa el derecho a la participación de las comunidades étnicamente diferenciadas.” (SU-121 de 2022) Ver más |
| C-047 de 2022 “181. El Convenio 169 de la OIT, instrumento internacional que estableció la consulta previa como mecanismo específico de participación de los pueblos tribales e indígenas, tiene como ejes esenciales el respeto por la integridad de sus valores, prácticas e instituciones; la garantía de su derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo; el respeto de su relación con los territorios que ocupan o utilizan, y su participación en la adopción de decisiones por parte de los organismos públicos responsables de las políticas y programas que les conciernan, elementos que permean todo el articulado del convenio y se convierten en herramientas centrales para su interpretación.182. En este marco, la participación y, en particular, la consulta previa como mecanismo específico de aquella, no es una garantía aislada, sino un elemento transversal al convenio, en tanto condición de eficacia de los derechos de los pueblos tribales e indígenas a controlar, en la medida de lo posible, su desarrollo económico, social y cultural, y a participar en todas las decisiones que les conciernan.” (C-047 de 2022) Ver más |
| C-348 de 2021 “117. Derecho fundamental a la consulta previa, contenido y alcance. El derecho de participación de las comunidades étnicas encuentra fundamento constitucional en el carácter democrático y pluralista del Estado colombiano (art. 1° CP), en el reconocimiento del derecho de todas las personas a participar en las decisiones que las afectan (art. 2 CP), así como el deber de las autoridades de proteger y respetar la diversidad étnica y cultural de la Nación (arts. 7 y 70 CP). Existen diferentes modos de participación para las comunidades étnicas. La jurisprudencia constitucional reconoce tres: la participación de la comunidad en igualdad de condiciones al resto de ciudadanos (artículo 40 superior y concordantes); el derecho a la consulta previa; y la necesidad de la obtención de un consentimiento previo, libre e informado.” (C-348 de 2021) Ver más |
| C-295 de 2019 “La consulta previa se erige así como un mecanismo de vital importancia para el principio democrático y participativo, y como una salvaguarda de la diversidad cultural que enriquece a todos los colombianos. Es la posibilidad que tienen los distintos saberes de entablar un diálogo sincero, en condiciones de igualdad, para aprender del otro e intentar llegar a consensos. Es un valioso mecanismo para incidir realmente en el proceso de toma de decisiones y. a través de ello. alcanzar un anhelado equilibrio que preserve y promueva la diversidad, como lo ordena la Constitución.” (C-295 de 2019) Ver más |
| T-063 de 2019 “El derecho fundamental a la participación de las comunidades indígenas en las decisiones que las afectan, les permite expresar sus valores e intereses culturales en procura de que estos sean tenidos en cuenta. Lo dicho viabiliza la legitimidad de las medidas a desarrollar; permite corregir y compensar factores de discriminación; y facilita la implementación de herramientas con la fuerza jurídica suficiente para que los pueblos indígenas asuman el control de su modelo de desarrollo económico, sus instituciones y sus formas de vida, dentro del marco constitucional y legal.” (T-063 de 2019) Ver más |
| SU-123 de 2018 “5.5. El Convenio 169 OIT prescribe que los principios de participación y consulta son fundamentales. En su artículo 6º, se establece el deber general del Estado de consultar a los pueblos indígenas y tribales que sean susceptibles de verse afectados directamente por la expedición de medidas administrativas o legislativas. Dispone que la consulta previa debe adelantarse con herramientas y procedimientos pertinentes y adecuados para llegar a un acuerdo con las autoridades representativas de la comunidad y el artículo 7.3 prevé que los Estados posibiliten la realización de estudios en cooperación con los pueblos interesados para evaluar la incidencia social, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente, que puedan recaer ante las actividades que se desarrollen.” (SU-123 de 2018) Ver más |
| SU-123 de 2018 «11.2. Las opciones son la participación de la colectividad en igualdad de condiciones al resto de ciudadanos, el derecho a la consulta previa o la necesidad de la obtención del consentimiento previo libre e informado (CPLI). Esa diversificación por escalas es el resultado de una comprensión de los derechos de las comunidades indígenas en clave del principio de proporcionalidad. Se trata entonces de establecer límites en la aplicación de los derechos fundamentales, entre ellos los de los grupos étnicos diversos en materia de autodeterminación, autonomía, territorio, recursos naturales y participación, a partir del balance adecuado entre los principios» (SU-123/18). Ver más |
| SU-111 de 2018 “Para la Sala Plena, la consulta previa es un espacio de diálogo intercultural, destinado a superar la insuficiente representación democrática de estos pueblos, derivada de factores tales como el aislamiento geográfico, la pobreza, la discriminación histórica y la propia diversidad cultural, entre otros. En ese sentido, la consulta refleja una dimensión de la democracia participativa, en un escenario multicultural, como Colombia. 47. El Convenio bajo referencia alude en su artículo 6º, numeral 1º, a la consulta previa, por vía del establecimiento de tres mandatos estatales que definen y estructuran el contenido de este derecho, así: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: || a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; || b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; || c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin”. (SU-111 de 2018) Ver más |
| SU-097 de 2017 “21. En ese marco, el artículo 40 constitucional, en su numeral 2º, establece el derecho de participación de todos los ciudadanos en los asuntos que los afecten, garantía que se ve reforzada en el caso de los pueblos indígenas y las comunidades afro descendientes, por su relación con otros mandatos constitucionales. El artículo 330 de la Constitución Política prevé, a su turno, la obligación estatal de garantizar la participación de las comunidades indígenas, previa la explotación de recursos naturales en sus territorios, enmarcando esa obligación dentro de un amplio conjunto de potestades asociadas a la protección y promoción de la autonomía en materia política, económica y social, y al ejercicio del derecho a la propiedad colectiva sobre las tierras y territorios colectivos. Además, en concordancia con esas disposiciones constitucionales, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 55 transitorio de la Constitución Política, el Congreso de la República expidió la Ley 70 de 1993, en la que desarrolló el derecho de las comunidades negras a la consulta previa” (SU-097 de 2017). Ver más |
| T-704 de 2016 “4.25. Su posición ha variado. Cuando en una primera etapa la Corte declaraba la improcedencia de la acción de tutela por existir otros mecanismos (acciones populares) apropiados para resolver esas controversias, recientemente, no solo ha señalado que bajo ciertas circunstancias la tutela sí es procedente para solucionar estos conflictos, sino que, además, le ha otorgado al derecho de participación de la población afectada una relevancia jurídica especial, como garantía del concepto de “justicia ambiental”. Para el caso de las comunidades étnicas, ha considerado que la vía de participación adecuada es la consulta previa, siendo esta el conducto más apropiado y respetuoso de las tradiciones diferenciadas. De esta forma, en un mismo evento, no solamente se protege la integridad de los pueblos indígenas (y comunidades afectadas) sino también del derecho al ambiente sano y el desarrollo económico.” (T-704 de 2016) Ver más |
| C-359 de 2013 “Una característica básica de los principios pluralista y participativo del Estado social de derecho es la protección efectiva de las minorías. En ese sentido, el reconocimiento superior que con esta sentencia se realiza [reconocimiento del pueblo romaní o gitano como grupo étnico y cultural de la Nación] implica principalmente para las autoridades, en términos del Convenio 169 de la OIT, lo siguiente: a. La responsabilidad de desarrollar, con la participación del pueblo tribal, una acción coordinada y sistemática de protección de sus derechos y garantía de su integridad (art. 2º). b. Consultar al pueblo interesado, mediante procedimientos apropiados e instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente (art. 6º). c. Que el pueblo étnico decida sus propias prioridades y participe en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptible de afectarlo directamente. Mejorar las condiciones de vida y de trabajo, y del nivel de salud y de educación, con la participación y cooperación del pueblo tribal, debiendo ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan (art. 7º). d. Conservar sus costumbres e instituciones propias siempre que no sean incompatibles con los derechos humanos definidos en el sistema jurídico nacional e internacional (art. 8º). e. Prestar especial atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes; y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión (art. 14). f. Adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas del pueblo interesado con la finalidad de darle a conocer sus derechos y obligaciones (art. 30).” (C-359 de 2013) Ver más |
| T-376 de 2012 “11. Criterios generales de aplicación de la consulta: (iii) por medio de las consultas se debe asegurar una participación activa y efectiva de los pueblos interesados. Que la participación sea activa significa que no equivale a la simple notificación a los pueblos interesados o a la celebración de reuniones informativas, y que sea efectiva, indica que su punto de vista debe tener incidencia en la decisión que adopten las autoridades concernidas […].” (T-376 de 2012) Ver más |
| C-366 de 2011 “7. El punto de partida para la fundamentación del derecho a la consulta previa, para el caso particular de las comunidades tradicionales, es la confluencia del principio democrático, el derecho a la participación y el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la Nación, y su significación en el constitucionalismo contemporáneo. Las políticas del Estado, en general, y las decisiones legislativas, en particular, deben estar precedidas de una deliberación suficiente, lo que a su vez implica la garantía de canales efectivos y adecuados para expresar la participación de los agentes sociales.” (C-366 de 2011) Ver más |
| C-915 de 2010 “Una de estas herramientas es, precisamente, la participación de estas comunidades en las decisiones que las afectan ya que así se asegura que en la implementación de las políticas públicas se tome en cuenta su punto de vista respecto de la afectación que éstas podrían tener respecto de su identidad, lo que además otorga legitimidad democrática a las medidas adoptadas.” (C-915 de 2010) Ver más |
| C-175 de 2009 “Este principio general de participación, que comprende a todos los habitantes de territorio colombiano, resulta reforzado en el caso de las comunidades étnicas –indígenas y afrodescendientes- en virtud de la definición del estado colombiano como república pluralista –artículo 1- y del reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana –artículos 7 y 70. En este sentido, la jurisprudencia de esta Corte ha indicado que las normas constitucionales anotadas derivan en que “la Carta Política propugna por un modelo de Estado que se reconoce como culturalmente heterogéneo y que, por ende, está interesado en la preservación de esas comunidades diferenciadas, a través de la implementación de herramientas jurídicas que garanticen su identidad como minoría étnica y cultural, organizadas y reguladas mediante sus prácticas tradicionales” (C-175 de 2009). Ver más |
| C-030 de 2008 “Cabe distinguir en la anterior disposición [artículo 6 del Convenio 169 de la OIT] dos dimensiones del derecho de participación de los pueblos indígenas y tribales: Por un lado, la obligación contenida en el literal b) de establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; y, por otro, el deber de consulta previsto en el literal a) en relación con las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a dichos pueblos.” (C-030 de 2008) Ver más |
| C-030 de 2008 “De este modo, cuando se adopten medidas en aplicación del convenio, cabe distinguir dos niveles de afectación de los pueblos indígenas y tribales: el que corresponde a las políticas y programas que de alguna manera les conciernan, evento en el que debe hacerse efectivo un derecho general de participación, y el que corresponde a las medidas administrativas o legislativas que sean susceptibles de afectarlos directamente, caso para el cual se ha previsto un deber de consulta. 4.2.1. En cuanto tiene que ver con el derecho general de participación cabe señalar que el Convenio se orienta a obtener que se garanticen a los pueblos interesados unas oportunidades de participación que sean, al menos, equivalentes a las que están a disposición de otros sectores de la población, en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan.” (C-030 de 2008) Ver más |
| C-030 de 2008 “De este modo, cuando se adopten medidas en aplicación del convenio, cabe distinguir dos niveles de afectación de los pueblos indígenas y tribales: el que corresponde a las políticas y programas que de alguna manera les conciernan, evento en el que debe hacerse efectivo un derecho general de participación [nivel general] y el que corresponde a las medidas administrativas o legislativas que sean susceptibles de afectarlos directamente, caso para el cual se ha previsto un deber de consulta [nivel específico].” (C-030 de 2008) Ver más |
| C-030 de 2008 “4.2.1. En cuanto tiene que ver con el derecho general de participación cabe señalar que el Convenio se orienta a obtener que se garanticen a los pueblos interesados unas oportunidades de participación que sean, al menos, equivalentes a las que están a disposición de otros sectores de la población, en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan. […] De este modo, todos los colombianos, incluidos los pueblos indígenas y tribales, en igualdad de condiciones, tienen derecho, a tenor de lo dispuesto en el artículo 40 de la Carta, a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y tienen a su disposición los instrumentos de participación que se han previsto en el artículo 103 del mismo ordenamiento, no sólo los que corresponden a los mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía –el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato- sino también los que surgen de la posibilidad, prevista en el inciso segundo del artículo 103, de articularse libremente, con el apoyo del Estado, para la promoción de sus intereses, en asociaciones que tengan por objeto constituir mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.” (C-030 de 2008) Ver más |
| C-891 de 2002 “Se ha recabado en el hecho de que: (i) la participación indígena debe ser real y efectiva en relación con los asuntos que afectan a las comunidades, particularmente respecto de la explotación de recursos naturales yacentes en sus territorios; (ii) los mecanismos de participación no pueden limitarse a cumplir una simple función informativa; y (iii), dichos mecanismos, particularmente el derecho de consulta previa, deben desarrollarse de buena fe, de manera apropiada a las circunstancias y con miras a alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento de las comunidades indígenas acerca de las medidas legislativas propuestas.” (C-891 de 2002) Ver más |
| SU-039 de 1997 “3.3. A juicio de la Corte, la participación de las comunidades indígenas en las decisiones que pueden afectarlas en relación con la explotación de los recursos naturales ofrece como particularidad el hecho o la circunstancia observada en el sentido de que la referida participación, a través del mecanismo de la consulta, adquiere la connotación de derecho fundamental, pues se erige en un instrumento que es básico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades de indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social. De este modo la participación no se reduce meramente a una intervención en la actuación administrativa dirigida a asegurar el derecho de defensa de quienes van a resultar afectados con la autorización de la licencia ambiental (arts. 14 y 35 del C.C.A., 69, 70, 72 y 76 de la ley 99 de 1993), sino que tiene una significación mayor por los altos intereses que ella busca tutelar, como son los atinentes a la definición del destino y la seguridad de la subsistencia de las referidas comunidades.” “El derecho fundamental de la comunidad a preservar la referida integridad se garantiza y efectiviza a través del ejercicio de otro derecho que también tiene el carácter de fundamental, en los términos del art. 40, numeral 2 de la Constitución, como es el derecho de participación de la comunidad en la adopción de las referidas decisiones.” (SU-039 de 1997) Ver más |
| SU-039 de 1997 “El derecho de participación de la comunidad indígena como derecho fundamental (art. 40-2 C.P.), tiene un reforzamiento en el Convenio número 169, aprobado por la ley 21 de 1991, el cual está destinado a asegurar los derechos de los pueblos indígenas a su territorio y a la protección de sus valores culturales, sociales y económicos, como medio para asegurar su subsistencia como grupos humanos. De este modo, el citado Convenio, que hace parte del ordenamiento jurídico en virtud de los arts. 93 y 94 de la Constitución, integra junto con la aludida norma un bloque de constitucionalidad que tiende a asegurar y hacer efectiva dicha participación.” (SU-039 de 1997) Ver más |
| OTRAS SENTENCIAS QUE REITERAN: SU-091 de 2023, SU-196 de 2023, SU-545 de 2023, SU-121 de 2022, C-047 de 2022, C-295 de 2019, T-308 de 2018, SU-123 de 2018, SU-217 de 2017, SU-097 de 2017, T-197 de 2016, C-389 de 2016, T-166 de 2015, T-550 de 2015, T-355 de 2014, C-068 de 2013, C-622 de 2013, C-274 de 2013, T-376 de 2012, C-767 de 2012, C-1051 de 2012, C-196 de 2012, T-698 de 2011, C-175 de 2009, T-769 de 2009, C-030 de 2008, C-461 de 2008, C-208 de 2007, T-382 de 2006, SU-383 de 2003, C-620 de 2003, C-418 de 2002, C-891 de 2002, T-652 de 1998. |
Consejo de Estado
| SECCIÓN QUINTA. Sentencia del 15 de diciembre de 2022 (N° proceso. 11001-03-15-000-2022-05502-00) Reitera a la Corte Constitucional: “En ese sentido, la Corte Constitucional ha distinguido entre: (i) el consentimiento libre e informado para casos en que la afectación es intensa5; (ii) la consulta previa para cuando existe una afectación directa y; (iii) la participación en igualdad de condiciones al resto de los ciudadanos, cuando se encuentra ante una afectación leve. “ (CE. SECCIÓN QUINTA. Sentencia del 15 de diciembre de 2022. N° proceso. 11001-03-15-000-2022-05502-00. C.P. Luis Alberto Álvarez Parra) |
| SECCIÓN PRIMERA. Sentencia del 12 de julio de 2018 (N° proceso. 52001-23-33-000-2017-00221-01) “las comunidades étnicas en Colombia tienen derecho a que se les consulte las medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente y, en consecuencia, el Estado tiene la obligación de establecer los medios para que la realización de dichas consultas sea garantizada. Esta Sala de Sección, en sintonía con los planteamientos de Sen, ha señalado que el objeto de este derecho fundamental es impedir “[…] que la sociedad mayoritaria adopte decisiones que tienen incidencia en la existencia y desarrollo de las comunidades étnicas, sin contar con su participación, y [que] con ello se garantiza que estos grupos definan, en forma libre y autónoma, las medidas más convenientes para su supervivencia y para su desarrollo económico, social y cultural. [Con éste t]también se logra que participen en la formulación, aplicación y valuación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional que puedan afectarlos directamente.” (CE. SECCIÓN PRIMERA. Sentencia del 12 de julio de 2018. N° proceso. 52001-23-33-000-2017-00221-01 (AC). C.P. Oswaldo Giraldo López)” |
| SECCIÓN QUINTA. Sentencia del 30 de octubre de 2015 (N° proceso. 52001-23-33-000-2015-00559-01) “El derecho a la consulta previa, como modalidad especial del derecho a la participación, cobró relevancia normativa en Colombia después de la incorporación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al derecho interno, por parte del Congreso de la República, mediante la ley 21 de 1991. Dicho instrumento internacional fue adoptado por la 76ª reunión de la conferencia general de la OIT en Ginebra, en el año 1989, para regular diferentes aspectos relacionados con los pueblos indígenas y tribales en los países independientes. En el artículo sexto, el convenio dispuso que al aplicar sus disposiciones los gobiernos deberán consultar a los pueblos mediante procedimientos apropiados, a través de sus instituciones representativas, cada vez que sean previstas medidas de naturaleza legislativa o administrativa susceptibles de afectarlos directamente. Posteriormente, este derecho tuvo acogida en la Constitución de 1991, cuyo artículo 330, que establece las funciones de los gobiernos de los territorios indígenas” “El decreto No. 2613 de 2013 adoptó el protocolo de coordinación interinstitucional para la consulta previa, el cual incluye aspectos como la certificación de la presencia de la comunidad, la solicitud de certificación, el suministro de la información para la identificación de la comunidad étnica, la coordinación y preparación de la preconsulta y la consulta y la integración del comité de seguimiento. El reciente decreto único reglamentario No. 1066 de 2015 del sector administrativo del interior, dispuso la consulta previa para la expedición de actos administrativos y legislativos de carácter general y para la puesta en marcha de proyectos, obras y actividades en las comunidades indígenas y negras. Este mecanismo de participación, sin embargo, no tiene una regulación específica y concreta a través de la ley, por lo cual la mayoría de los criterios vigentes para su aplicación están basados en la jurisprudencia de la Corte que reconoció la consulta previa como un derecho fundamental de las comunidades.” (CE. SECCIÓN QUINTA. Sentencia del 30 de octubre de 2015. N° proceso. 52001-23-33-000-2015-00559-01 (AC). C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.)” |
| SECCION QUINTA. Sentencia del 10 de septiembre de 2015 (N° proceso. 25000-23-41-000-2015-00873-01) “Se exige la consulta a los pueblos indígenas y tribales, frente a los asuntos que los afectan, participando directa, informada, previa y libremente en la adopción de las políticas, planes, decisiones, o procesos que los afecten” (CE. SECCION QUINTA. Sentencia del 10 de septiembre de 2015. N° proceso. 25000-23-41-000-2015-00873-01 (AC). C.P. Alberto Yepes Barreiro (E)) |
| SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Concepto del 2 de febrero de 2006 (N° proceso. 11001-03-06-000-2006-00007-00 (1708)) “Sobre la necesidad de propiciar la participación a través del mecanismo de la consulta previa y el significado de ésta, la Corte dice: “… El derecho de participación de la comunidad indígena como derecho fundamental (C.P. Art. 40-2) tiene reforzamiento en el convenio número 169, aprobado por la ley 21 de 1.991, el cual está destinado a asegurar los derechos de los pueblos indígenas a su territorio y a la protección de sus valores culturales, sociales y económicos, como medio para asegurar su subsistencia como grupos humanos…” (sentencia SU-039/97)”. “Dentro de este orden de ideas, La ley 21 de 1.991 por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ª reunión de la Conferencia General de la OIT, dispone que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger sus derechos y a garantizar el respeto a su integridad (Art. 2°)”. (CE. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Concepto del 2 de febrero de 2006. N° proceso. 11001-03-06-000-2006-00007-00 (1708). C.P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo)” |
| SECCIÓN SEGUNDA. Sentencia del 16 de febrero de 2006 (N° proceso. 54001-23-31-000-2005-01162-01) “Constitucionalmente se ha preceptuado la protección a las comunidades indígenas, ordenándose su participación en las decisiones que se adopten para la explotación de recursos naturales en su territorio. Decisión constitucional que propende por la defensa de la participación de la comunidad en los proyectos que puedan amenazar su integridad cultural, social y económica asegurando por ende su subsistencia”. (CE. SECCIÓN SEGUNDA. Sentencia del 16 de febrero de 2006. N° proceso. 54001-23-31-000-2005-01162-01 (AC). C.P. Alejandro Ordoñez Maldonado) “ |
| SECCIÓN PRIMERA. Sentencia del 20 de mayo 1999 (N° proceso. CE-SEC1-EXP1999-N5091) “El objeto del decreto es precisamente reglamentar el procedimiento para la participación de tales comunidades en las decisiones que se adopten respecto de la explotación, mas no en dicha explotación, que es cuestión muy diferente. El deber del Gobierno es el de propiciar la participación de las comunidades y de establecer procedimientos adecuados para realizar las consultas”. (CE. SECCIÓN PRIMERA. Sentencia del 20 de mayo 1999. N° proceso. CE-SEC1-EXP1999-N5091. C.P. Juan Alberto Polo Figueroa) |
| SECCIÓN PRIMERA. Sentencia del 20 de mayo 1999 (N° proceso. CE-SEC1-EXP1999-N5091) “Como se describe en el artículo 1º del decreto acusado, la consulta previa tiene como fin analizar el impacto económico, ambiental, social y cultural que pueda ocasionarse a una comunidad indígena o negra por la explotación de recursos naturales dentro de su territorio.” (…) “En cuanto a que la obligatoriedad de la consulta previa debe aplicarse a todo proyecto o medida que involucre pueblos indígenas, cabe reiterar que debido al tenor del parágrafo del artículo 330 de la Constitución, las medidas que con base en él tome el Gobierno, sólo pueden referirse a la participación de las comunidades aludidas en el proceso de la toma de las decisiones para la explotación de los recursos naturales en sus territorios. De suyo, la participación de éstas en la adopción de medidas sobre asuntos distintos al examinado, dada la especial protección que la Constitución le da, es materia de regulación en ejercicio de otras atribuciones, muchas de ellas deferidas al legislador”. “La Sala no observa que el Decreto 1320 de 1998, en su conjunto, presuponga el desmedro de la integridad étnica, social, cultural y económica de las comunidades indígenas, ni que sea un instrumento que no permita garantizar dicha integridad. Visto de manera global, es un mecanismo que facilita hacer efectiva la preservación de las mismas, cuando de la explotación de recursos en sus territorios se trata, al permitirles participar, a través de sus representantes, tanto en la elaboración de los estudios ambientales (artículo 5º), como en acuerdos sobre la identificación de impactos y las medidas propuestas dentro del plan de manejo ambiental, y las demás que sean necesarias para su preservación”. “Lo preceptuado en los artículos acusados en forma alguna atenta contra la diversidad étnica y cultural de la Nación. Más bien apuntan a contribuir a su preservación, en cuanto ayudan o concurren con otros mecanismos que se han venido dando, v.g. la acción de nulidad contra los actos que confieran licencias ambientales, la concertación de políticas, etc., a la creación de condiciones jurídicas para que las etnias que eventualmente puedan resultar afectadas en su entorno y por consiguiente, en su supervivencia por determinados proyectos, públicos o privados, o actividades económicas, se procuren los correctivos o medidas necesarios para evitar ser afectados negativamente en sus condiciones de vida”. “Participación de las Comunidades Indígenas y Negras en la elaboración de los estudios ambientales. (…) Es claro, entonces, que la elaboración de los estudios se debe hacer con la participación de los representantes de las comunidades indígenas”. (CE. SECCIÓN PRIMERA. Sentencia del 20 de mayo 1999. N° proceso. CE-SEC1-EXP1999-N5091. C.P. Juan Alberto Polo Figueroa)” |
| SALA PLENA. Sentencia del 4 de marzo de 1997 (N° proceso. CE-SP-EXP1997-NS673) “b) En relación con la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas, la Constitución ordena “propiciar” la participación de los representantes de las respectivas comunidades (art. 330, parágrafo).” (CE. SALA PLENA. Sentencia del 4 de marzo de 1997. N° proceso. CE-SP-EXP1997-NS673. C.P. Libardo Rodríguez Rodríguez) |
| SECCIÓN TERCERA. Sentencia del 11 de abril de 2019 (N° proceso. 11001-03-26-000-2017-00030-00 (58811B)) “Téngase presente que la Sala [CE. S3/sA. Fallo de 2-ago-18 [Rad. 11001-03-26-000-2013-00162-00(49150)A]] ya ha indicado que la consulta previa en materia minera no puede confundirse con la consulta popular, dado que, mientras la primera es un mecanismo de protección de las comunidades indígenas y tribales instituido de manera clara y concreta en relación con la medida o acto que en forma específica conllevaría un impacto a las comunidades étnicamente diferenciadas, la segunda es un mecanismo de participación ciudadana. Precisamente, en relación con la “consulta popular”, la Corte Constitucional [C-053/19] ha delimitado su alcance al indicar que, más allá del reconocimiento de la idoneidad de dicho mecanismo, dentro del marco de la democracia participativa, para que la ciudadanía decida, a través de una respuesta afirmativa o negativa, sobre asuntos nacionales, departamentales, municipales, distritales o locales, dependiendo del nivel a tratar, la consulta se encuentra limitada por reparto el de competencias establecidas en la Constitución y en la Ley. La jurisprudencia anterior no resulta aplicable a este caso, en la medida de que se trata de una consulta previa en materia minera y no de una consulta popular.” (CE. SECCIÓN TERCERA. Sentencia del 11 de abril de 2019. N° proceso. 11001-03-26-000-2017-00030-00 (58811B). C. P. Marta Nubia Velásquez Rico) |
| SECCION PRIMERA. Sentencia del 1 de agosto de 2019 (N° proceso. 44001-23-40-000-2019-00076-01) “En la Sentencia C-169 de 2001 la Corte Constitucional se pronunció respecto de la obligatoriedad de la consulta previa a los grupos étnicos, mediante procedimientos apropiados, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, porque tienen el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual y las tierras que ocupan y utilizan de alguna manera. En la sentencia T-376 de 2012, la Corte Constitucional expuso que el artículo 6 del Convenio 169 de 1989 debía leerse en armonía con el conjunto de disposiciones del mismo instrumento que se dirigieran a asegurar la participación de las comunidades indígenas en toda decisión relacionada con sus derechos y modo de vida, y a fomentar relaciones de diálogo y cooperación entre los pueblos interesados y los Estados parte del Convenio.” (CE. SECCION PRIMERA. Sentencia del 1 de agosto de 2019. N° proceso. 44001-23-40-000-2019-00076-01 (AC). C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés)” |
| SECCION TERCERA. Auto del 4 de septiembre de 2020 (N° proceso. 11001-03-26-000-2020-00042-00 (65992A)) “En cuanto a la participación de estas comunidades en el proceso de adopción de medidas administrativas relacionadas con la exploración o explotación minera a gran escala, la jurisprudencia constitucional ha resaltado su importancia a partir de la consideración de que, en estos eventos, la consulta permite poner en discusión asuntos que las autoridades competentes pueden no ser capaces de percibir o de anticipar, relacionados con los efectos que pueden llegar a generarse sobre la integridad de estos pueblos” (CE. SECCION TERCERA. Auto del 4 de septiembre de 2020. N° proceso. 11001-03-26-000-2020-00042-00 (65992A). C.P. Nicolás Yepes Corrales). |
| SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Concepto del 30 de agosto de 2016 (N° proceso. 11001-03-06-000-2016-00057-00 (2290)) “Se ha señalado que el derecho a la consulta previa es la garantía instituida a favor de los pueblos indígenas y tribales de contar con un espacio previo y efectivo para pronunciarse y hacer manifiesta sus opiniones sobre todos aquellos (i) proyectos, obras o actividades (tema objeto de consulta), o (ii) medidas legales o administrativas, que puedan alterar sus formas de vida, incidir en su propio proceso de desarrollo o impactar, de cualquier manera, en sus costumbres, tradiciones e instituciones” “la consulta previa a las comunidades étnicas en relación con los actividades o medidas que pueden afectarlos directamente tiene una doble condición: (i) como deber de los Estados, cuya inobservancia afecta la legitimidad y validez de las decisiones o acciones que afecten a las comunidades étnicas; y (ii) como derecho de las comunidades étnicas, en su condición de grupos humanos sobre los cuales recae una protección constitucional y convencional reforzada.” (CE. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Concepto del 30 de agosto de 2016. N° proceso. 11001-03-06-000-2016-00057-00 (2290). C.P. Álvaro Namén Vargas)” |
| Sentencia del 10 de septiembre de 2015 (N° proceso. 25000-23-41-000-2015-00873-01) “Lo anterior significa que la consulta previa como derecho fundamental de las comunidades indígenas, involucra la protección de una multiplicidad de derechos fundamentales que, con su efectiva realización, logran su materialización. (…) El derecho a la participación democrática, dado que mediante la consulta se permite la intervención directa de las comunidades indígenas y afro descendientes, como sujetos de especial protección, en las decisiones que los pueden afectar y que tocan con su territorio, creencias, costumbres, etc. De esta manera, como en todo proceso democrático y participativo, los concernidos en la determinación pueden intervenir en las medidas que los pueden afectar, cumpliéndose, además, los precisos mandatos del Convenio 169, artículo 6 de la OIT (…) Se ha entendido que este derecho se garantiza cuando previo a la adopción de la medida respectiva, se permite el proceso comunicativo y participativo de la comunidad en su determinación. Es decir, se desconoce este derecho, si se aprueba la decisión y posteriormente se da a conocer a la comunidad respectiva.” (CE. SECCION QUINTA. Sentencia del 10 de septiembre de 2015. N° proceso. 25000-23-41-000-2015-00873-01 (AC). C.P. Alberto Yepes Barreiro (E))” |
| SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Concepto del 17 de junio de 2007 (N° proceso. 11001-03-06-000-2007-00026-00 (1817)) “La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas debe hacerse compatible con la protección que el Estado debe dispensar a la integridad social, cultural y económica de las comunidades indígenas, integridad que configura un derecho fundamental para la comunidad por estar ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura. Para asegurar dicha subsistencia se ha previsto, cuando se trate de realizar la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, la participación de la comunidad en las decisiones que se adopten para autorizar dicha explotación. De este modo, el derecho fundamental de la comunidad a preservar la integridad se garantiza y efectiviza a través del ejercicio de otro derecho que también tiene el carácter de fundamental, como es el derecho de participación de la comunidad en la adopción de las referidas decisiones.(…) La participación de las comunidades indígenas en las decisiones que pueden afectarlas en relación con la explotación de los recursos naturales ofrece como particularidad el hecho de que la referida participación, a través del mecanismo de la consulta, adquiere la connotación de derecho fundamental, pues se erige en un instrumento que es básico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades de indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social. De este modo la participación no se reduce meramente a una intervención en la actuación administrativa dirigida a asegurar el derecho de defensa de quienes van a resultar afectados con la autorización de la licencia ambiental, sino que tiene una significación mayor por los altos intereses que ella busca tutelar, como son los atinentes a la definición del destino y la seguridad de la subsistencia de las referidas comunidades.” (CE. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Concepto del 17 de junio de 2007. N° proceso. 11001-03-06-000-2007-00026-00 (1817). C.P. Luis Alberto Álvarez Jaramillo.) |
| SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Concepto del 17 de junio de 2007 (N° proceso. 11001-03-06-000-2007-00026-00 (1817)) “El derecho de participación de la comunidad indígena como derecho fundamental (art. 40-2 C.P.), tiene un reforzamiento en el Convenio número 169, aprobado por la ley 21 de 1991, el cual está destinado a asegurar los derechos de los pueblos indígenas a su territorio y a la protección de sus valores culturales, sociales y económicos, como medio para asegurar su subsistencia como grupos humanos. De este modo, el citado Convenio, que hace parte del ordenamiento jurídico en virtud de los arts. 93 y 94 de la Constitución, integra junto con la aludida norma un bloque de constitucionalidad que tiende a asegurar y hacer efectiva dicha participación.” (CE. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Concepto del 17 de junio de 2007. N° proceso. 11001-03-06-000-2007-00026-00 (1817). C.P. Luis Alberto Álvarez Jaramillo). |
| SECCIÓN SEGUNDA. Sentencia del 7 de abril de 2011 (N° proceso. 23001-23-31-000-2010-00453-01) “Para lograr la efectiva participación de los pueblos indígenas, el Estado Colombiano, mediante la Ley 21 de 4 de marzo de 1991, aprobó el Convenio 169 de la OIT, adoptado en la reunión de la Conferencia General de 1989, relacionado con pueblos indígenas y tribales en países independientes “que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial” o los considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización (…)”. (CE. SECCIÓN SEGUNDA. Sentencia del 7 de abril de 2011. N° proceso. 23001-23-31-000-2010-00453-01(AC). C.P. Bertha Lucia Ramírez De Paez). |
| SECCIÓN TERCERA. Sentencia del 26 de septiembre de 2013 (N° proceso. 11001-03-26-000-2001-00014-01(19527)) “Como un derecho contiguo al de participación política radicado en cabeza todos los ciudadanos, y que se encuentra consagrada en los artículos 2° y 40 de la Constitución Política como un fin esencial del Estado que se materializa con la facilitación de formas de participación ciudadana en las decisiones relacionadas con su vida política, económica, social y cultural, se encuentra un derecho especial de participación política a favor de las comunidades indígenas, negras y tribales, vinculado a la finalidad de preservar esas manifestaciones ancestrales de carácter étnico y cultural. Esta garantía constitucional se concreta en un imperativo para el Estado de consultar, de forma previa, a las comunidades que se puedan ver afectadas de forma directa con la adopción de medidas administrativas o legislativas. Este es apenas uno de los mandatos que la Constitución adoptó para asegurar la identidad étnica de las comunidades indígenas, negras y raizales. Este derecho de participación política también encuentra consagración internacional en el convenio 169 de la OIT, que integra el bloque de constitucionalidad, y por tanto, representa una orden eficaz a los gobiernos de adoptar las disposiciones que fueren necesarias para garantizar el ejercicio del derecho de dichas comunidades a ser parte de las decisiones que les incumben”. En esa ocasión, la Corte distinguió dos dimensiones del derecho de participación de las comunidades étnicas, así: (i) una obligación claramente identificable en el literal b) del artículo 6° del convenio, según la cual le compete al Estado configurar los medios que faciliten su participación libre en las decisiones de los órganos gubernamentales responsables de asuntos que sean de su interés y (ii) la necesidad de la consulta previa a las decisiones legislativas y administrativas que los afecten”. (CE. SECCIÓN TERCERA. Sentencia del 26 de septiembre de 2013. N° proceso. 11001-03-26-000-2001-00014-01(19527). C.P. Enrique De Jesús Gil Botero)” |
| SECCIÓN QUINTA. Sentencia del 20 de febrero de 2014 (N° proceso. 47001-23-31-000-2013-00008-01) ”En el ámbito externo, el respeto por la autonomía de las comunidades indígenas exige reconocer el derecho de tales grupos, a participar en las decisiones que los afectan. Ese reconocimiento supone que, en las relaciones entre estos pueblos y el Estado, la consulta previa a las comunidades indígenas juega un rol necesario en los términos previamente enunciados, para asegurar que las aspiraciones culturales, espirituales y políticas de los pueblos indígenas sean consideradas en el ejercicio de las demás atribuciones y competencias de la Administración. Por lo tanto, estos pueblos tienen el derecho a ser consultados previamente con relación a las decisiones que los afecten, en los términos que determine la Constitución y la ley. Un segundo ámbito de protección, también externo, tiene que ver con la participación política de estas comunidades, en la esfera de representación nacional en el Congreso. Así, las comunidades indígenas tienen el derecho de participar en la circunscripción especial electoral prevista para ellas, de acuerdo con la Constitución. (…). En el primer ámbito, se encuentra entonces el derecho general de las comunidades étnicas a participar en la toma de cualquier decisión que pueda concernirles. Así, la participación se convierte en el vehículo que permite a las comunidades expresar los valores e intereses culturales que las diferencian de la cultura mayoritaria predominante, a fin de que sean tenidos en cuenta a la hora de adoptar decisiones que les conciernen y de esta forma cumplir el objetivo constitucional de proteger su integridad cultural. Por su parte, el parágrafo del artículo 330 de la Constitución consagra que el Gobierno debe propiciar la participación de los representantes de las comunidades indígenas en la toma de decisiones relacionadas con la explotación de los recursos naturales de sus territorios. De esta forma, queda claro, entonces, que el objetivo de participación activa y efectiva que persigue la Constitución Política sólo se cumple cuando las comunidades étnicas son informadas de forma oportuna e integral sobre los proyectos que potencialmente pueden afectarlas, sobre la manera en que su ejecución puede interferir en los elementos constitutivos de su cohesión social, cultural, económica y política y cuando cuentan con el espacio para valorar libremente el proyecto y para pronunciarse sobre su viabilidad”. (CE. SECCIÓN QUINTA. Sentencia del 20 de febrero de 2014. N° proceso. 47001-23-31-000-2013-00008-01 (AC). C.P. Susana Buitrago Valencia) |
| SECCION QUINTA. Sentencia del 15 de septiembre de 2016 (N°. proceso. 50001-23-33-000-2016-00507-01) “El derecho a la participación democrática, dado que mediante la consulta se permite la intervención directa de las comunidades indígenas y afro descendientes, como sujetos de especial protección, en las decisiones que los pueden afectar y que tocan con su territorio, creencias, costumbres, etc., de esta manera, como en todo proceso democrático y participativo, los concernidos en la determinación pueden intervenir en las medidas que los pueden afectar, cumpliéndose además, los precisos mandatos del Convenio 169, artículo 6 de la OIT. Ese proceso participativo, en el caso de las comunidades indígenas y afro, se materializa a través de la consulta previa, que abarca asuntos de distinto tipo, como las administrativas, legislativas, de política pública, etc., cuando ellas impliquen una afectación directa de los intereses de aquellas (sentencia C-175 de 2009). Se ha entendido que este derecho se garantiza cuando, previo a la adopción de la medida respectiva, se permite el proceso comunicativo y participativo de la comunidad en su determinación” CE. SECCION QUINTA. Sentencia del 15 de septiembre de 2016. N°. proceso. 50001-23-33-000-2016-00507-01 (AC). C.P. Alberto Yepes Barreiro.” |
Derecho Internacional
Tratados
| Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 “Artículo 6. 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adop-ción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.” (CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES. 1989) Ver más |
| Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 “Artículo 7 1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bie-nestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán parti-cipar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.” (CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES. 1989) Ver más |
| Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 “Artículo 8 1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.” (CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGE-NAS Y TRIBALES. 1989) Ver más |
| Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 “Artículo 15 1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o man-tener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y per-cibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.” (CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES. 1989) Ver más |
| Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales “Artículo 13 (…) Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz”. (PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. 16 de diciembre de 1966) Ver más |
Instrumentos no vinculantes
Los instrumentos no vinculantes no han desarrollado este subtema.
Corte IDH
| Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015 “202. Adicionalmente a lo anterior, la Corte reitera que el artículo 23 de la Convención Americana dispo-ne que “todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) […] participar en la dirección de los asuntos públicos […]”. En similar sentido, el artículo 18 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que “el derecho [de los pue-blos indígenas] a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes […]”, y el artículo 32, en lo pertinente, dispone el deber de los Estados de “celebr[ar] consultas y coopera[ción] de buena fe […] antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras […], particularmente en relación con […] la utilización o la explotación de recursos minerales […]””. (Corte IDH. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309) Ver más |
| Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015 “206. En este sentido, la Corte ya ha establecido que el Estado debe garantizar la participación efectiva “en relación con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción”. En particular la Corte se refirió a planes de desarrollo e inversión como “cualquier actividad que pueda afectar la integridad de las tierras y recursos naturales […], en particular, cualquier propuesta relacionada con concesiones madere-ras o mineras”. 207. Al respecto, el Tribunal considera que el deber del Estado en relación con dicha garantía se actualiza de manera previa a la ejecución de acciones que podrían afectar de manera relevante los intereses de los pueblos indígenas y tribales, tales como las etapas de exploración y explotación o extracción”. (Corte IDH. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309) Ver más |
| Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. “157. Al respecto, la Corte considera que a fin de garantizar el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas, de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención, el Estado debe asegurar la participa-ción efectiva de los miembros de la Comunidad, de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación con todo plan o decisión que afecte sus tierras tradicionales y que pueda conllevar restric-ciones en el uso, goce y disfrute de dichas tierras, para así evitar que ello implique una denegación de su subsistencia como pueblo indígena179. Ello es cónsono con las disposiciones del Convenio No. 169 de la OIT, del cual Paraguay es Estado parte“. (Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214). Ver más |
| Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007 “Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.”) El Banco Mundial ha implementado requisitos similares, Banco Mundial, Política Operacional Revisada y Procedimientos del Banco en relación con Pueblos Indíge-nas (OP/BP 4.10). Otros documentos hablan de manera más amplia sobre el derecho de una minoría de participar en las decisiones que le afectan directa o indirectamente. Cfr., e.g. ONU, Comité de Dere-chos Humanos, Comentario General No. 23: Los derechos de las minorías (Art. 27), supra nota 93, párr. 7 (indicando que el goce de los derechos culturales conforme al artículo 27 del PIDCP “puede requerir la adopción de medidas positivas legales de protección y medidas que garanticen la partici-pación efectiva de los miembros de comunidades minoritarias en las decisiones que les afectan”); Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, Recomendación General No. 23, Derechos de los Pueblos Indígenas, supra nota 76, párr. 4(d) (haciendo un llamado a los Es-tados a “[g]arantizar que los miembros de los pueblos indígenas tengan el mismo derecho con res-pecto a la participación efectiva en la vida pública y que no se tome ninguna decisión que guarde una relación directa con sus derechos o intereses sin su consentimiento informado”)”. (Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Senten-cia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172) Ver más |
CIDH
| Derecho a la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales En su dimensión externa, el derecho a la participación política supone la participación de los pueblos indígenas y tribales, a través de sus autoridades e instituciones, en los procesos de toma de decisiones sobre asuntos que afecten sus derechos. Esta dimensión se encuentra reconocida de forma transversal en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT (artículos 2, 7, 15, 18, 22, 23 y 27) y la Declaración ONU sobre pueblos indígenas (artículos 5, 18 y 23). Igualmente, la Declaración Americana sobre pueblos indígenas, en su artículo XXI, dispone que los pueblos tienen el derecho de participar en la adopción de decisiones en cuestiones que puedan afectar sus derechos, ya sea directamente o a través de sus representantes, a la luz de sus normas, procedimientos y tradiciones propias. (párr. 165). La relación entre el derecho a la libre determinación y la participación de los pueblos indígenas y tribales en la adopción de decisiones es un proceso permanente, ya que de esta forma se garantiza que los pueblos indígenas sigan participando en la adopción de decisiones y mantengan el control de sus destinos. Esto significa que las instituciones deben concebirse de modo que les permitan a los pueblos indígenas y tribales adoptar decisiones en relación con sus asuntos internos y locales, y además participar colectivamente en los procesos externos de toma de decisiones, de conformidad con los criterios de derechos humanos. (párr. 166). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2021). Derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales. Documentos oficiales. Ver más |
| Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo La participación efectiva a través del derecho a la consulta y, en su caso, el consentimiento previo, libre e informado, se constituye como una institución que permite el ejercicio de su singularidad como grupo étnico y la garantía de sus derechos, indispensable en Estados Unidos. multiculturales, pluralistas y democráticos. (Párr 150) Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo. 31 de diciembre de 2015. Doc. 47/15. ISBN 978-0-8270-6556-7. Ver más |
| Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales: Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos El derecho a la consulta, y el deber estatal correlativo, se vinculan con múltiples derechos humanos, y en particular se conectan con el derecho a la participación consagrado en el artículo 23 de la Convención Americana, tal y como fue interpretado por la Corte Interamericana en el caso YATAMA vs. Nicaragua. El artículo 23 reconoce el derecho de “todos los ciudadanos” a “participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”. En el contexto de los pueblos indígenas, el derecho a la participación política incluye el derecho a “participar en la toma de decisiones sobre asuntos y políticas que inciden o pueden incidir en sus derechos…desde sus propias instituciones y de acuerdo a sus valores, usos, costumbres y formas de organización” (parr 274). Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales: Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 30 de diciembre de 2009. Doc. 56/09. ISBN 978‐0‐8270‐5580‐3. Ver más |
Relator ONU
Las características específicas del proceso de consultas requerido por el deber de celebrar consultas variará necesariamente en función de la naturaleza de la medida propuesta y del alcance de su impacto sobre los pueblos indígenas. Las medidas de reforma constitucional o legislativa que interesan o afectan a todos los pueblos indígenas de un país requerirán mecanismos consultivos y representativos apropiados que estén de alguna manera abiertos a todos ellos y a su alcance. En cambio, las medidas que afecten a pueblos o comunidades indígenas particulares, como las iniciativas para la actividad de extracción de recursos naturales en sus territorios, requerirán procesos de consulta que garanticen la participación activa de los grupos particularmente afectados y presten atención especial a sus intereses. (párr. 45).
Anaya, J. (Julio 15, 2009). Promociòn y protecciòn de todos los derechos humanos, civiles, polìticos, econòmicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Informe del Relator Especial sobre la situaciòn de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indìgenas, James Anaya. Consejo de Derechos Humanos. Ver más
Mecanismo de Expertos de ONU
| Consentimiento libre, previo e informado: un enfoque basado en los derechos humanos. Consejo de Derechos Humanos 2018 El derecho de los pueblos indígenas a participar en la toma de decisiones se enuncia en forma separada en el artículo 18 de la Declaración, disposición que tiene como base el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza a todos los ciudadanos el derecho a “participar en la dirección de los asuntos públicos”. En la Declaración, este derecho general a participar es adaptado a las necesidades y circunstancias de los pueblos indígenas para tratar de alcanzar dos objetivos: en primer lugar, rectificar en el hecho y en el derecho la exclusión de los pueblos indígenas de la vida pública o de los procesos de toma de decisiones en que inciden muchos factores, entre ellos los prejuicios en su contra, un bajo nivel educacional, dificultades para obtener documentos de ciudadanía o identidad y la no participación en los procesos electorales y en instituciones políticas y, en segundo lugar, revitalizar y restablecer las instituciones representativas y de toma de decisiones propias de los pueblos indígenas de las que se ha hecho caso omiso o que han sido abolidas. Es preciso reconocer a estas instituciones, revitalizarlas y darles posibilidades de participar en la toma de decisiones. (párr. 17) Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. (Agosto 10, 2018). Consentimiento libre, previo e informado: un enfoque basado en los derechos humanos. Consejo de Derechos Humanos. Ver más |
| Consentimiento libre, previo e informado: un enfoque basado en los derechos humanos. Consejo de Derechos Humanos 2018 El Comité de Derechos Humanos se ha referido también al derecho de los pueblos indígenas a participar en una forma que vaya más allá de la consulta e indicado que la participación en el proceso de toma de decisiones debe ser “efectiva”16. Los órganos de supervisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han puesto de relieve la conexión entre las consultas y la participación. La participación conlleva más que una mera consulta y debe incluir la formulación de iniciativas por los pueblos indígenas. En ese sentido, los conceptos entrelazados de consulta y participación son mecanismos para que los pueblos indígenas puedan determinar sus propias prioridades en el proceso de desarrollo y ejercer control sobre su propio desarrollo económico, social y cultural (párr. 18) Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. (Agosto 10, 2018). Consentimiento libre, previo e informado: un enfoque basado en los derechos humanos. Consejo de Derechos Humanos. Ver más |
Otros órganos
Este subtema no ha sido desarrollado por otros órganos.
Doctrina
- Autor(es): Guerra Schleef, Felipe; Sánchez Sandoval, Gonzalo.
Año: 2021
Título: La función epistémica del derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa en Chile.
Tipo de Fuente: Academia
Temática de la bibliografía: Consulta Previa
País: Chile
Abstract: Este trabajo argumenta que los derechos de participación indígena constituyen mecanismos fundamentales a través de los cuales los pueblos indígenas pueden participar en la formación de la evidencia durante los procesos de toma de decisiones estatales. Sin embargo, la manera en la que se ha codificando la consulta previa indígena en Chile ha implicado invertir el principio que a este respecto opera a nivel internacional, trasladando la discusión sobre la efectividad de la ocurrencia de una afectación (lo que debiera ser el resultado de la consulta) al momento de la evaluación en concreto de su principal elemento gatillante: la susceptibilidad de afectación directa. Esto ha impedido que este derecho procedimental pueda cumplir con su doble función epistémica: habilitar la participación colectiva de los pueblos indígenas como agentes de conocimientos propios y validos, y operar como un mecanismo de visibilización de impactos para la protección de los derechos indígenas. Sin perjuicio de esto, es posible observar algunos avances jurisprudenciales recientes en que, pese a no cuestionar en términos generales el modelo regulatorio de la consulta previa indígena que se ha desarrollado en Chile, han comenzado ha enfatizar la función epistémica del derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa. Acceder - Autor(es): Lema, Carlos
Año: 2009
Título: Para un concepto secular de lo sagradola institución de lo sagrado como tarea democrática
Tipo de Fuente:
Temática de la bibliografía: Consulta Previa
País: Madrid
Abstract: Desde el siglo XIX, especialmente con la obra de Durkheim, las ciencias sociales han utilizado la noción de sagrado para la definición y el estudio de la religión como fenómeno social. Sin embargo la noción de lo sagrado ha tenido otros usos que no necesariamente la vinculan con la religión, sino con la definición social de espacios especialmente valiosos. La filosofía, por un lado, y la política democrática por otro, pueden ser vistas como una contribución a la puesta en cuestión de lo sagrado heredado y también como la construcción de lo sagrado en el sentido de la construcción de autolimitaciones respecto de aquello que se instituye como especialmente importante para la vida social. En este artículo se trata de explorar la posibilidad de un concepto no religioso de lo sagrado y su utilidad para el pensamiento y la acción social en un sentido humanista y emancipatorio. - Autor(es): Peñaranda, D
Año: 2009
Título:
Organizaciones indígenas y participación política en Colombia: el acceso a los espacios de representación 1990-2002
Tipo de Fuente:
Temática de la bibliografía: Consulta Previa
País: Colombia
Abstract: Las organizaciones indígenas colombianas se configuraron a lo largo de los últimos treinta años, como uno de los actores sociales más activos y con mayores perspectivas de crecimiento. Este fenómeno constituye un hecho de enorme importancia, ante las enormes limitaciones para la consolidación de actores colectivos, que ha marcado negativamente el desarrollo de los movimientos sociales en Colombia. Acceder - Autor(es): Laurent, V
Año: 1997
Título: Población indígena y participación política en Colombia: las elecciones de 1994
Tipo de Fuente:
Temática de la bibliografía: Consulta Previa
País: Colombia
Abstract: La observación del contexto socio-político de Colombia a fines de los años noventa deja al descubierto un hecho nuevo: en el curso de los últimos veinticinco años, las poblaciones indígenas del país han adquirido una visibilidad hasta entonces inédita y han demostrado tanto su intención como su capacidad para entrar al juego político nacional. Acceder - Autor(es): Hincapié, García
Año: 2021
Título: Diagnóstico jurídico sobre la participación política de pertenencia étnica. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Tipo de Fuente:
Temática de la bibliografía: Consulta Previa
País: Colombia
Abstract: Las comunidades étnicas en el país son de gran importancia, pues no se les puede desconocer sus derechos; es por ello que, a través de la Constitución Política de 1991 y su artículo 7, ha declarado que Colombia es una nación pluriétnica y multicultural. Este es el fundamento bajo el cual se abona el camino para que las comunidades étnicas exijan el desarrollo de sus derechos por medio de uno de sus mecanismos de participación, la consulta previa. Acceder - Autor(es): Oswaldo Aharón Porras Vallejo, Luz Helena Chamorro Arboleda, Ana María Arias Covaleda, Beatriz Elena Gómez Ochoa, Rodolfo León Cano Blandón.
Año: 2021
Título: Apuntes sobre la consulta previa con grupos étnicos. (Documento de trabajo interno del Departamento Nacional de Planeación, DNP)
Tipo de Fuente: Institucional
Temática de la bibliografía: Metodologías estatales e institucionales con pueblos étnicos
País: Colombia
Abstract: Apuntes sobre la Consulta Previa con Grupos Étnicos , se presenta como un trabajo interno de la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible, específicamente desde la Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. En él se abordan aspectos fundamentales y lineamientos sobre la aplicación de la consulta previa a diversos grupos étnicos reconocidos por la Constitución y la ley colombiana, tales como los pueblos indígenas, afrolombianos, comunidades negras, palenqueros, raizales de San Andrés y Providencia, así como el pueblo Rom (gitanos). El propósito de este documento es ofrecer un análisis detallado sobre los procesos, normativas y procedimientos vinculados a la consulta previa, con el fin de garantizar el respeto y la protección de los derechos de estos grupos en el marco del ordenamiento y desarrollo territorial sostenible.
Este trabajo tiene como objetivo orientar las acciones dentro de la entidad para lograr una interacción respetuosa, inclusiva y coherente con las realidades territoriales y culturales de los pueblos mencionados, promoviendo una gestión territorial que garantice la participación efectiva de estas comunidades en decisiones que puedan afectarlas. Acceder - Autor(es): Bermúdez Roldán, Paola
Año: 2022
Título: Participación ciudadana y consulta previa en el sector minero ecuatoriano
Tipo de Fuente: Academia
Temática de la bibliografía: Consulta Previa
País: Ecuador
Abstract: La Constitución ecuatoriana consagra el derecho a la participación en asuntos de interés público, en forma individual y colectiva. De esta manera, se busca desarrollar un proceso permanente de construcción del poder ciudadano en varios ámbitos de la sociedad, incluyendo el sector minero. En el presente artículo se abordarán los fundamentos constitucionales, legales, desarrollos regulatorios y jurisprudenciales de la participación ciudadana y de la consulta previa en el sector minero en Ecuador. Posteriormente, se plantean los retos de la participación ciudadana y de la consulta previa en el sector minero en el marco de la Covid-19. Por último, se responden algunas preguntas sobre las novedades normativas del sector. Acceder - Autor(es): Falleti, Tulia y Riofrancos, Thea.
Año: 2019
Título: Participación endógena: fortalecer la consulta previa en economías extractivas.
Tipo de Fuente: Academia
Temática de la bibliografía: Consulta Previa
País: Ecuador y Bolivia
Abstract: ¿Por qué y cómo se fortalecen las instituciones? En este artículo se ofrece una explicación sobre el fortalecimiento institucional basada en el estudio de las instituciones participactivas. Combinando los hallazgos del institucionalismo histórico y la literatura sobre democracia participativa, se propone una teoría endógena de la participación y se argumenta que la fortaleza de las instituciones participativas depende del proceso histórico de su creación y la subsecuente incorporación de los grupos movilizados que la originaron. Se estudia comparativamente la consulta previa en Bolivia y en Ecuador desde su ratificación en los años noventa. Esta institución es altamente relevante en América Latina, particularmente en la medida en que los países de la región intensifican la extracción de recursos no renovables. Se muestra que diferentes trayectorias de incorporación política de los grupos movilizados para la adopción de la institución explican la fortaleza institucional resultante. Los resultados iluminan las tensiones entre democracia participativa y la extracción de recursos en América Latina y tienen importantes implicancias para el estudio de las instituciones participativas y políticas en el mundo. Acceder - Autor(es): Gloria Amparo Rodriguez
Año: 2014
Título: Dela consulta previa, al consentimineto libre, previo e informado a pueblos indígenas en colombia
Tipo de Fuente: Academia
Temática de la bibliografía: Consulta Previa
País: Colombia
Abstract: Aborda la evolución del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en Colombia, desde sus inicios hasta la ampliación del concepto hacia el consentimiento libre, previo e informado (CLPI).
Rodríguez analiza cómo, a través de las normativas nacionales e internacionales, los pueblos indígenas han venido luchando por el reconocimiento y la protección de sus derechos territoriales y culturales frente a proyectos que afectan sus tierras, recursos naturales y formas de vida. Se explora la transición del enfoque de consulta previa, un proceso consultivo que no siempre aseguraba el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, hacia un enfoque más robusto de consentimiento libre, previo e informado, que garantiza la participación activa y el consentimiento expreso de las comunidades en proyectos que puedan afectarlas.
El libro también revisa el marco normativo de la consulta, con énfasis en la Constitución de 1991, los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, y las sentencias judiciales que han reforzado la obligación del Estado colombiano de obtener el consentimiento informado de los pueblos. indígenas antes de ejecutar proyectos que afectan sus derechos fundamentales.
Rodríguez profundiza en los casos prácticos y las implicaciones sociales y jurídicas de este proceso, destacando los retos y logros alcanzados por las comunidades indígenas en su lucha por el reconocimiento de sus derechos colectivos y el respeto por su autodeterminación. La autora también subraya la necesidad de fortalecer la implementación efectiva de estos derechos, enfrentando las tensiones entre el desarrollo económico y la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Acceder - Autor(es): Jaskoski, Maiah.
Año: 2020
Título: Participatory institutions as a focal point for mobilizing: prior consultation and indigenous conflict in Colombia’s extractive industries.
Tipo de Fuente: Academia
Temática de la bibliografía: Consulta Previa
País: Colombia
Abstract: This article focuses on the role of prior consultation in five indigenous mining and hydrocarbon conflicts in Colombia, where territories belonging to and/or used by politically organized indigenous communities are rich in resources. In the conflicts, rather than communicating their concerns during prior consultation meetings, groups mobilized “around” or “in reaction to” the institution: they refused to be consulted, they challenged the lack of, or their exclusion from, prior consultation, and they preemptively achieved environmental protections. The research explains variation in community tactics by underscoring (1) the stage of the planned extraction, (2) whether the state initially determined that a community was affected by the extraction, and (3) the degree of unity among affected communities. It further highlights the role of Colombia’s Constitutional Court in interpreting and weighing the rights that underlie prior consultation procedures. Acceder