Síntesis
La consulta previa es una obligación derivada del Convenio 169 de la OIT, que fue incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 21 de 1991, lo que le otorga carácter vinculante dentro del marco jurídico nacional; cuando el artículo 6 de este instrumento trae a colación la afectación directa como disparador del derecho a la consulta, habla expresamente de “medidas administrativas y legislativas”. La Constitución de 1991 no desarrolló detalladamente este tema, y tampoco existen decretos o actos administrativos que nos den luces al respecto, dejando su interpretación principalmente en manos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que al respecto ha afirmado que “las medidas legislativas y administrativas, de contenido general, pueden generar distintos niveles de impacto sobre los pueblos indígenas y tribales” y, si de allí se deduce la afectación directa, es necesaria la consulta previa.
Derecho Interno
Constitución
La Constitución no desarrolló este subtema.
Ley
Ley 21 de 1991
Artículo 6
- Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; (Ley 21 de 1991, artículo 6) Ver más
Decreto
Los decretos no desarollan este subtema
Actos Administrativos / Directivas
Los actos administrativos/directivas no ha desarrollado este subtema.
Corte Constitucional
| C-348 de 2021, C-369 de 2019, C-054 de 2023, C-175 de 2009 C-641 de 2012 y C-075 de 2009 “Tratándose del derecho a la consulta previa en actos legislativos, se desprende una regla según la cual la aprobación de los actos legislativos exige el agotamiento de la consulta previa -tras una verificación caso a caso- en el sentido de definir si las comunidades étnicas en aquellos casos en los que la reforma a la Constitución las afecta directamente (ver supra, numeral 124 a 130). En adición a ello, de los referidos pronunciamientos se sigue también que dicho derecho es exigible con independencia de que la afectación incida positiva o negativamente en las comunidades protegidas. “Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten directamente a las comunidades, se activa la obligación de consulta previa (6.1.a). La expresión medidas legislativas comprende (i) leyes en sentido formal; y (ii) los actos reformatorios de la Constitución Política adoptados por el Congreso de la República. De esta manera, se busca evitar que las autoridades estatales diseñen, desarrollen y ejecuten políticas públicas que comprometan o puedan incidir en la identidad de las comunidades tradicionales “sin que estás hayan tenido conocimiento pleno de tales políticas ni hubiesen valorado sus ventajas o desventajas”. “A partir del análisis de las disposiciones constitucionales atrás señaladas y de las reglas previstas en el Convenio 169 de 1989, la Corte Constitucional ha distinguido dos niveles de afectación en el caso de los pueblos indígenas y tribales, a saber: (i) el nivel que corresponde a la definición de aquellas políticas y programas que de alguna manera les conciernen, caso en el cual existe un derecho general de participación; y (ii) el nivel que se refiere al establecimiento de medidas legislativas o administrativas que los afectan directamente, evento en el que surge entonces la obligación de efectuar el proceso de consulta previa…” (C-348 de 2021, C-369 de 2019, C-054 de 2023, C-175 de 2009; C-641 de 2012, C-075 de 2009) Ver más |
| C-274-13, C-350-13, C-882-11, C-030 de 2008, C-175 de 2009, C-366 de 2011, C-317 de 2012 y C-259 de 2019 “La Corte Constitucional ha concluido que existe una afectación directa si se adopta, en la medida legislativa correspondiente, una regulación de temas sobre los cuales los pueblos indígenas tienen derechos constitucionales específicos; por ejemplo, en materia de educación. Habría igualmente una presunción de afectación directa y profunda en todos asuntos relacionados con el territorio ancestral, por el mandato expreso del art. 330 C.P.: si se trata de una medida que toca con este tema la Corte asume de por sí la afectación profunda y directa. En esta misma medida, un parámetro importante para determinar la afectación directa es si la materia del proyecto se relaciona con las materias reguladas por el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, la simple referencia temática a estos asuntos no es suficiente por sí misma para establecer una afectación directa; se requiere analizar en cada caso el alcance y contenido específico de cada medida como tal, para efectos de establecer su impacto y su nivel de afectación sobre el derecho, o los derechos, relevante(s) en cada caso. “ (…) De forma armónica con las obligaciones estatales descritas, contenidas en normas que integran el bloque de constitucionalidad, la jurisprudencia de la Corte ha insistido en que las regulaciones legales que intervengan el régimen jurídico sobre la tierra de las comunidades indígenas y afrodescendientes deben mostrarse compatibles con la eficacia del mandato de reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación. Esto implica que dicha normatividad deberá tener en cuenta las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y tribales, evitando que la imposición estatal de otras modalidades de regulación implique la desaparición de aquellas.” (…) Dado que en general todas las leyes afectan a sus destinatarios, la exigencia de consulta previa sólo surge frente a aquellas medidas legislativas “susceptibles de afectar específicamente a las comunidades indígenas en su calidad de tales, y no aquellas disposiciones que se han previsto de manera uniforme para la generalidad de los colombianos”. Para la Corte, así, una medida legislativa susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas y tribales es aquella que “altera el estatus de la persona o de la comunidad, bien sea porque le impone restricciones o gravámenes, o, por el contrario, le confiere beneficios”. ( C-274-13, C-350-13, C-882-11, C-030 de 2008, C-175 de 2009, C-366 de 2011, C-317 de 2012, C-259 de 2019) Ver más |
| C-622-2013 y C-064 de 2024 “Sobre este requisito de afectación directa, esta Corporación ha señalado que en el caso de las medidas legislativas, dentro de las que se incluyen las leyes aprobatorias de tratados internacionales, las leyes “que debe ser objeto de consulta son aquellas medidas susceptibles de afectar específicamente a las comunidades indígenas en su calidad de tales, y no aquellas disposiciones que se han previsto de manera uniforme para la generalidad de los colombianos”. En los demás asuntos legislativos, las comunidades étnicas gozarán de los mismos espacios de participación de los que disponen la generalidad de los colombianos y de aquellos creados específicamente para ellas por la Constitución, la ley y los reglamentos, pero no existirá la obligación de la consulta previa”. (C-622-2013, C-064 de 2024) Ver más |
| C-068-13 “En desarrollo de lo expuesto, este Tribunal consideró que –más allá del nivel general de afectación que produce toda iniciativa legislativa– existe una afectación directa: “cuando la ley altera el estatus de la persona o de la comunidad, bien sea porque le impone restricciones o gravámenes, o, por el contrario, le confiere beneficios”. Esto significa que, para efectos de la consulta previa, es indiferente el efecto positivo o negativo de la medida legislativa propuesta”. (C-068-13) Ver más |
| C-1051 de 2012 “En consecuencia, respecto de medidas legislativas que afecten directamente a las comunidades étnicas, incluyendo dentro de éstas las leyes aprobatorias de tratados internacionales, la ausencia de la consulta previa, cuando tal mecanismo es obligatorio, comporta una violación directa de la Constitución Política, y, conforme con ello, da lugar a (i) la declaratoria de inexequibilidad de la medida, o en su defecto, a (ii) la adopción de una declaratoria de exequibilidad condicionada, ya sea para excluir a los grupos étnicos de la aplicación de la ley, o para decretar la existencia de una omisión legislativa relativa, derivada de la falta de previsión de medidas específicamente orientadas a los grupos étnicos, caso en el cual, se deberán adoptar en el fallo las medidas necesarias para subsanar la referida omisión.” (C-1051 de 2012) Ver más |
| C-063 de 2010, C-196 de 2012, C-317 de 2012, C-641 de 2012, C-1051 de 2012 y C-348 de 2021 “La regulación que sobre el tema estableció el art. 6º del Convenio y el análisis de la jurisprudencia constitucional arroja como resultado que la consulta previa será un mecanismo que realice el derecho de participación plural y democrática de las comunidades indígenas en la determinación de políticas públicas en aquellos específicos casos en que una decisión vaya a afectarles directamente. Contrario sensu, no será obligatoria la realización de este procedimiento en los casos en que la afectación de la comunidad indígena no tenga estas específicas características. Esto no significa que cuando la afectación no sea directa las comunidades indígenas carezcan por completo de mecanismos que garanticen su derecho de participación en dichas decisiones, sino que éstas se podrán involucrar a través de otros mecanismos como la posibilidad que sus integrantes tienen de concurrir, en igualdad de condiciones con todos los colombianos, en la elección de sus representantes en las corporaciones de elección popular; la posibilidad de que, en desarrollo del carácter público del proceso legislativo, puedan conocer las iniciativas en trámite, promover discusiones, remitir conceptos y solicitar audiencias; y en las posibilidades abiertas por las previsiones constitucionales sobre la circunscripción especial indígena. (C-063 de 2010; C-196 de 2012; C-317 de 2012; C-641 de 2012; C-1051 de 2012, C-348 de 2021) Ver más |
| C-208 de 2007, C-030 de 2008, C-274-1 y C-622 de 2013 “En relación con el deber de consulta de las medidas legislativas o constitucionales que sean susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas y tribales, el mismo es consecuencia directa del derecho que asiste a dichas comunidades de decidir las prioridades en su proceso de desarrollo y preservación de la cultura, de manera que cuando procede el deber de consulta, surge para las comunidades un derecho fundamental susceptible de protección por la vía de la acción de tutela, en razón a la importancia política del mismo, a su significación para la defensa de la identidad e integridad cultural y a su condición de mecanismo de participación.” (C-208 de 2007, C-030 de 2008, C-274-13, C-622 de 2013) Ver más |
Consejo de Estado
| Concepto del 20 de junio de 2017 ”Respecto a la consulta previa en el caso de medidas legislativas, inicialmente la jurisprudencia consideró que la misma no era necesaria, pues esta debía tener lugar al momento en que la ley fuera objeto de desarrollo o implementación. Sin embargo, posteriormente la jurisprudencia varió su postura al indicar que la consulta previa sí debía cumplirse en aquellos casos en que se presentara una afectación directa de la comunidad étnica. Justamente, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente respecto a la afectación directa: Como ya se ha mencionado, la jurisprudencia constitucional ha sido clara en precisar que la consulta previa no procede frente a todo tipo de medida legislativa susceptible de impactar a los grupos étnicos, sino únicamente frente a aquellas que puedan afectarlos directamente. Para explicar esta regla, la Corte, a partir de la interpretación del artículo 6° del Convenio 169 de la OIT, ha identificado dos niveles de afectación de los grupos étnicos por parte de medidas legislativas, estableciendo las diferencias existentes entre ellos y definiendo cuándo hay afectación directa. Ha señalado al respecto que existe (i) “un nivel general” de afectación, que corresponde a las políticas y programas aplicable a todos los colombianos, y que en cierta medida interesan a los grupos étnicos, evento en el que debe hacerse efectivo un derecho general de participación que les permita intervenir en su adopción en condiciones similares a la de los demás integrantes de la población. En estos casos, la posibilidad de intervención de las comunidades étnicas se concreta a través de mecanismos básicos de participación, como ocurre, por ejemplo, con la posibilidad que tienen sus integrantes de concurrir a la elección de sus representantes en las corporaciones de elección popular, o con la posibilidad de que, en desarrollo del carácter público y abierto del proceso legislativo, puedan conocer las iniciativas legislativas en trámite, promover discusiones, remitir conceptos y solicitar audiencias públicas durante el desarrollo del proceso de adopción de las mismas. También el nivel general de participación puede concretarse, en favor de los grupos étnicos, en las posibilidades abiertas por las previsiones constitucionales sobre la circunscripción especial indígena, porque si bien quienes allí resulten elegidos no representan formalmente a las distintas comunidades indígenas, si son voceros, de manera amplia, de su particular cosmovisión y pueden constituir efectivos canales de comunicación entre las células legislativas y las autoridades representativas de las comunidades indígenas y tribales. Igualmente, ha manifestado la jurisprudencia constitucional que hay (ii) “un nivel específico” de afectación, que hace referencia a aquellas medidas susceptibles de generar un impacto directo, particular y concreto sobre las comunidades tradicionales, caso en el cual, consciente de su carácter diferenciado y de la necesidad de proteger su identidad cultural diversa a través de espacios concretos de participación, el propio ordenamiento jurídico ha previsto el deber de la consulta previa, como medida especial de protección. En relación con este aspecto, la Corte ha destacado que, dado que es común que las leyes afecten a sus destinatarios, la necesidad de consulta previa solo resulta exigible respecto de aquellas medidas legislativas “susceptibles de afectar específicamente a las comunidades indígenas en su calidad de tales, y no [de] aquellas disposiciones que se han previsto de manera uniforme para la generalidad de los colombianos. En efecto, la consulta previa a la adopción de medidas legislativas es el escenario en el que la Corte ha asumido mayores esfuerzos por definir lo que significa que una medida afecte directamente a una comunidad indígena o afrodescendiente; esos esfuerzos obedecen a que la Ley, por su carácter general y abstracto, afecta directamente a todos sus destinatarios, por lo que la Corte consideró, en el primer análisis del tema, que la consulta no era viable frente a medidas legislativas (C-169 de 2001), sino, más bien, en el momento del desarrollo reglamentario de la Ley o en la instancia de aplicación del derecho. Con posterioridad, y en un proceso surgido desde el año 2002 y consolidado en el año 2008, la Corporación terminó por establecer en jurisprudencia uniforme y constante que la consulta sí es procedente, frente a la expedición de normas legales, siempre que se acredite la afectación directa, y presentó los siguientes criterios para evaluar ese aspecto. La Corte Constitucional en sentencia del 5 de diciembre de 2012, C-1051/12. “En relación con el primer aspecto, esta Corporación en la sentencia C-030 de 2008, determinó que la consulta previa frente a la adopción de medidas legislativas, no debe realizarse frente a toda medida legislativa que pudiere afectarlas, sino exclusivamente “aquellas que puedan afectarlas directamente, siendo uno de los parámetros para identificar las medidas legislativas susceptibles de consulta su relación con las materias reguladas por el Convenio 169 de la OIT”, e igualmente señaló que hay incidencia directa en las comunidades indígenas y tribales “cuando la ley altera el status de la persona o comunidad bien sea porque le impone restricciones o gravámenes, o por el contrario le confiere beneficio”; Criterio que fue igualmente adoptado al efectuar el control de las disposiciones normativas que se integran al orden interno mediante la aprobación de tratados internacionales.” La Corte Constitucional en sentencia del 13 de diciembre de 2016 (T-704/16) reafirmó los criterios indicados al señalar: “3.12. Igualmente, en otra providencia, manifestó que: “(i) Se debe consultar cuando la materia del proyecto está relacionada con aspectos que tienen una vinculación intrínseca con la definición de la identidad étnica de dichos grupos. (ii) Para acreditar la exigencia de la consulta previa, debe determinarse si la materia de la medida legislativa tiene un vínculo necesario con la definición del ethos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. En otras palabras, el deber gubernamental consiste en identificar si los proyectos de legislación que pondrá a consideración del Congreso contienen aspectos que inciden directamente en la definición de la identidad de las citadas comunidades indígenas y, por ende, su previa discusión se inscribe dentro del mandato de protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana’. (iii) Aquellas políticas que en razón de su contenido o implicaciones interfieran directamente con los intereses de las comunidades diferenciadas’. 3.13. Adicionalmente, cuando se trata de medidas legislativas, la Corte, en sentencia C-063 de 2010, explicó que la afectación directa se produce cuando “una norma tiene como objeto principal de regulación una o varias comunidades indígenas; o cuando la regulación planteada tiene mayores efectos en las comunidades indígenas que aquellos que tiene el resto de la población”, y en la cual se concluye que “no queda lugar a duda que únicamente en ocasiones de afectación directa será obligatoria la práctica de la consulta previa a la o las comunidades indígenas que soportan las consecuencias de una medida legal o administrativa. Inicialmente, la Corte precisó que la especificidad que se requiere de una medida legislativa para hacer exigible el deber de consulta se deriva de que la misma regule una de las materias contenidas en el Convenio 169 de la OIT, o de que, habiendo sido concebida con efectos generales, tenga en realidad una repercusión directa y concreta sobre los grupos étnicos. Se aclaró al respecto en el mencionado fallo, que, en cada caso concreto sería necesario establecer si opera el deber de consulta, bien sea porque se esté ante la perspectiva de adoptar una medida legislativa que de manera directa y específica regula situaciones que repercuten en las comunidades indígenas y tribales, o porque del contenido material de la medida se desprende una posible afectación de tales comunidades en ámbitos que les son propios.” “El Consejo de Estado también ha reconocido que la generalidad de la norma no excluye automáticamente el deber de adelantar la consulta previa cuando así resulte necesario. Así, la Sección Tercera señaló recientemente: En este orden de ideas, la Sala tiene claro que el sólo hecho de que las decisiones analizadas tengan carácter general (pues refieren de manera indistinta a diversas zonas del territorio nacional) no constituye razón suficiente para desestimar el deber de consulta previa a las comunidades diferenciadas. 12.7.- De acuerdo con los estándares sobre la materia arriba expuestos debe procederse a un análisis en orden a verificar si tal medida, que se presenta como general y abstracta, representa un impacto diferenciado o singular para las comunidades indígenas y afrodescendientes. Justamente, en este caso, esta judicatura verifica que tal circunstancia sí se satisface en el sub judice por cuanto las medidas administrativas significan una afectación directa y clara [en ejecución de una política pública gubernamental de destinación económica de ciertos territorios que cuentan, según las accionadas, con vocación para explotación de minerales de interés.” “2.3. La consulta previa y los tratados internacionales Dentro de las medidas legislativas que pueden afectar directamente a las comunidades étnicas se encuentran las leyes aprobatorias de tratados internacionales. Frente a estas, la jurisprudencia ha indicado con claridad que el control que realiza la Corte Constitucional a las leyes aprobatorias incluye la verificación de que se haya satisfecho el requisito de consulta previa cuando el texto del tratado afecte directamente a las comunidades étnicas. Así, se indicó en el año 2016: “La Sala reitera las reglas jurisprudenciales sobre el ejercicio del derecho a la consulta previa frente a tratados internacionales, que establecen que (i) las leyes aprobatorias de tratados deben ser objeto de consulta previa cuando el texto afecte de forma directa a las comunidades étnicas; (ii) las medidas legislativas o administrativas que se adopten en el desarrollo del tratado que involucren directamente a una población étnica, deben someterse al proceso de consulta antes de que se presente la norma para su aprobación en el Congreso de la República; y (iii) prima facie no es necesario someter el instrumento internacional a dicho procedimiento, si éste se refiere a creación de zonas de libre comercio, sin embargo se debe hacer consulta cuando las medidas que se tomen en desarrollo del tratado afecten de forma directa a una comunidad étnica” . Con todo, la jurisprudencia también ha señalado que aun cuando el tratado internacional no afecte de forma directa a la comunidad, si las medidas que lo desarrollan sí lo hacen, estas deben someterse al procedimiento de consulta previa: “En esa oportunidad, la Corte consideró que, prima facie, el acuerdo no afectaba de forma directa los derechos de los pueblos indígenas y por consiguiente no era necesario adelantar el proceso de consulta previa. No obstante, indicó que, si las medidas de orden legislativo y administrativo que se expidieran en desarrollo del tratado afectaban de forma directa a alguna comunidad étnica, debía realizase dicho procedimiento”. (CE. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Concepto del 20 de junio de 2017. N° proceso. 11001-03-06-000-2017-00057-00. C.P. Oscar Darío Amaya Navas) “ |
| Sentencia del 14 de agosto de 2014 “La Corte Constitucional (T-698/11) ha señalado que la consulta previa es un derecho fundamental autónomo que opera no solo en los eventos consagrados en la Constitución, sino también en virtud de la aplicación del Convenio 169 de la OIT, opera frente a cualquier medida legislativa y administrativa que afecte directamente a las minorías étnicas.” (CE. Sección segunda. Subsección A. Sentencia del 14 de agosto de 2014. N° proceso. 44001-23-33-000-2014-00020-01 (AC). C.P. Alfonso Vargas Rincón). |
| Sentencia del 16 de octubre de 2014 “Así mismo, frente a la consulta previa, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C – 175 de 2009, precisó: — “(…) La jurisprudencia constitucional ha previsto la necesidad que el procedimiento mismo de consulta esté sometido a una consulta previa, a fin que el trámite de concertación y consenso con las comunidades (i) no se reduzca a un simple acto informativo o notificación de la medida; y (ii) reconozca y proteja las prácticas tradicionales diversas de los pueblos indígenas y tribales, que podrían verse desconocidas si los entes gubernamentales imponen determinado mecanismo de consulta que no resulte compatible con el mandato constitucional de preservación de la diversidad étnica y cultural. En tal sentido, el proceso de consulta podía considerarse cumplido cuando exista evidencia de que, con anterioridad a la radicación del proyecto de ley en el Congreso de la República, la iniciativa haya sido divulgada entre las comunidades concernidas por las materias de la misma, se haya avanzado en la ilustración a tales comunidades sobre su alcance y con miras a obtener una concertación, y se hayan abierto los espacios de participación que sean apropiados. Así, para la Corte la satisfacción del derecho a la consulta previa respecto de la promulgación de medidas legislativas, se circunscribe a la conformación de un espacio deliberativo, respetuoso de las particularidades de las comunidades indígenas y afrodescendientes y guiado por el principio de buena fe, destinado a la deliberación del contenido del proyecto de legislación correspondiente. (…)”. (CE. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 16 de octubre de 2014. N° proceso. 25000-23-42-000-2014-02950-01 (AC). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E)). |
| Sentencia del 13 de diciembre de 2005 “Considera la Sala de lo anterior y de la lectura de la totalidad del proyecto de ley que existen aspectos trascendentales que involucran los intereses de las comunidades indígenas, por lo que a ellas como posibles afectadas debió consultárseles tales puntos para tener la posibilidad de participar en la discusión y desarrollo del articulado de los proyectos de ley, así como en la forma como cada uno se ejecutaría. –Con el proceso de consulta se les permite a los representantes de cada una de las asociaciones indígenas que estudien previamente las ventajas y desventajas que su aprobación implicará frente a sus derechos y una vez establecidas poder exponerlas a los ponentes del proyecto, así como las dudas y preguntas que surjan, en aras de defender sus intereses”. (CE. SECCIÓN CUARTA. Sentencia del 13 de diciembre de 2005. N° proceso. 25000-23-25-000-2005-01764-01 (AC). C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié) |
Derecho Internacional
Tratados
CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES. 1989
“Artículo 6
- Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; (…).” (CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES. 1989) Ver más
Instrumentos no vinculantes
Los instrumentos no vinculantes no han desarrollado este subtema.
Corte IDH
La Corte IDH no ha desarollado este subtema en su jurisprudencia
CIDH
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES SOBRE SUS TIERRAS ANCESTRALES Y RECURSOS NATURALES
Los Estados tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas y garantizar su participación en las decisiones relativas a cualquier medida que afecte sus territorios, tomando en consideración la especial relación entre los pueblos indígenas y tribales y la tierra y los recursos naturales. Esta es una manifestación concreta de la regla general según la cual el Estado debe garantizar que “los pueblos indígenas sean consultados sobre los temas susceptibles de afectarlos” , teniendo en cuenta que esta consulta debe “estar dirigida a obtener su consentimiento libre e informado”, según se dispone en el convenio de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La consulta y el consentimiento no se limitan a asuntos que afecten los derechos de propiedad indígenas, sino que también son aplicables a otras acciones administrativas o legislativas de los Estados que tienen un impacto sobre los derechos o intereses de los pueblos indígenas. (parr 273).
Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales: Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 30 de diciembre de 2009. Doc. 56/09. ISBN 978‐0‐8270‐5580‐3. Ver más
Relator ONU
La Relatoría de la ONU no ha desarrollado este subtema.
Mecanismo de Expertos de ONU
Los Grupos de Expertos no han desarrollado este subtema.
Otros órganos
Este subtema no ha sido desarrollado por otros órganos.
Doctrina
- Autor(es): Leyva, Ana.
Año: 2018
Título: Consúltame de verdad: aproximación a un balance sobre consulta previa en el Perú en los sectores mineros e hidrocarburos.
Tipo de Fuente: Academia
Temática de la bibliografía: Consulta Previa
País: Perú
Abstract: “”Evalúa lo conseguido durante 6 años en la implementación del marco normativo de la consulta previa en el Perú, con respecto a las medidas legislativas o administrativas que afectan a las poblaciones indígenas de forma directa y de cara a las actividades mineras e hidrocarburíferas.
El debate que aquí se plantea persigue las siguientes cuestiones: quién toma la decisión de lo que se consulta, qué se consulta en específico y cómo se realiza esto en el Perú; finalmente, si es eficaz.
A partir del análisis de casos, se evidencia que los resultados de las experiencias de consulta previa todavía producen insatisfacción en los pueblos indígenas, más aún si están vinculadas directamente con el territorio y sus recursos; por ello, el estudio invita a repensar el marco legal de consulta previa, y en especial, las limitantes en las normas sectoriales””. Acceder - “Autor(es): Mercado Ponce, Juan Marcelo
Año: 2021
Título: La consulta previa en Bolivia: implementación y aplicación en materia minera.
Tipo de Fuente: Academia
Temática de la bibliografía:
País: Bolivia
Abstract: Ante la presión histórica que los pueblos indígenas soportaron y aún soportan debido al insaciable apetito por extraer recursos naturales de sus territorios, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó en 1989 el Convenio 169 en el que se reconocen derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellos el de la consulta previa que establece la obligatoriedad de los Estados de aplicar procedimientos de consulta cada vez que se prevea la exploración y/o explotación de recursos naturales en sus territorios. En este trabajo se revisan los antecedentes y el contexto de la implementación de la consulta previa en Bolivia que, si bien forma parte de la economía jurídica del país desde la ratificación del Convenio 169 en 1991, requirió un largo y complejo proceso de reconocimiento, en un entorno de permanente presión e incidencia de los pueblos originarios. En un segundo momento se describe el marco normativo del bloque constitucional y legislativo de la consulta previa; para luego entrar a la tercera parte con una pregunta sugestiva: ¿es Bolivia un país minero?, en busca de cuya respuesta se desglosa datos estadísticos sobre el volumen y valor de los principales minerales explotados y exportados, haciendo énfasis en el oro. En este marco, se analiza dos casos tipo contrapuestos en torno a la actividad minera aurífera: Guanay y Challapata. Guanay es una población amazónica y hábitat del pueblo indígena leco, donde la minería se volvió el principal motor económico en desmedro de las faenas agropecuarias y las actividades tradicionales de caza y pesca,; Challapata está ubicada en el altiplano central donde las condiciones del trabajo rural son de por sí difíciles, pese a lo cual las comunidades originarias –impulsadas por las aguas de riego que provee la represa Tacagua– consolidan una industria lechera y agropecuaria y luchan por resistir los numerosos avances de empresas mineras auríferas que buscan explotar el codiciado cerro Achachucani. Finalmente, en el 148 último apartado, se evalúa información del periodo 2014-2018 referida a la sustanciación de la consulta previa en materia minera, analizando su procedimiento y examinando rigurosamente la identificación de sujetos de consulta, a partir de las líneas jurisprudenciales emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCO) de Bolivia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Acceder - Autor(es): Rodríguez, Gloria Amparo.
Año: 2011
Título: La consulta previa en medidas legislativas: Perspectivas desde la Jurisprudencia Constitucional.
Tipo de Fuente: Academia
Temática de la bibliografía: Consulta Previa
País: Colombia
Abstract: La consulta previa, que es un derecho fundamental, ha sido considerada como un valioso instrumento que permite impulsar el respeto por los derechos de los pueblos indígenas, en especial aquellos que tienen que ver con el territorio, la identidad, la autonomía y la participación, entre otros. Durante los últimos años, de manera reiterada ha sido vulnerada la consulta previa, la cual debe realizarse siempre que se vaya a tomar una decisión de carácter administrativo o legislativo que pueda afectar directamente a los pueblos indígenas y demás grupos étnicos.El presente documento pretende ofrecer una mirada a los principales pronunciamientos efectuados por la Corte Constitucional en relación con la consulta previa, en las medidas legislativas. Acceder