Síntesis
El medio ambiente es un derecho colectivo para toda la sociedad colombiana y se encuentra especialmente protegido desde la Constitución Política. Aunque es muy importante entender que cuando se trata de los pueblos indígenas y tribales, se debe destacar la estrecha relación que existe entre uno y otro, relación que ha sido especialmente reconocida por la jurisprudencia constitucional, por el Convenio 169 de la OIT y en diversos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto significa que hay una coincidencia fundamental entre las minorías étnicamente diferenciadas y la sociedad mayoritaria en la necesidad de la protección y conservación de los recursos naturales, pero entendiendo que aquellos ubicados en los territorios indígenas y afrocolombianos, deben ser especialmente considerados.
Se enfatiza la importancia de la consulta previa como mecanismo de participación en decisiones sobre proyectos que impactan sus territorios, garantizando su derecho a la conservación del ambiente y a la autonomía sobre sus recursos. La jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos subraya la obligación estatal de prevenir daños ambientales y asegurar un equilibrio entre el desarrollo y la protección de los ecosistemas. Además, se resalta el concepto de justicia ambiental, que busca corregir la distribución desigual de los impactos ambientales en comunidades vulnerables.
Derecho Interno
Constitución
| ARTÍCULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad P. integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. El Estado tiene un especial deber de protección del agua. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. |
| ARTÍCULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. |
| Artículo 95, numeral 8. Proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservación de un ambiente sano; |
| Artículo 330, PARAGRAFO. La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades. |
Ley
| Ley 21 de 1991 Artículo 7 3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. 4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. (Ley 21 de 1991, artículo 7) Ver más |
| Ley 70 de 1993 “ARTICULO 3° La presente ley se fundamenta en los siguientes principios: 4. La protección del medio ambiente atendiendo a las relaciones establecidas por las comunidades negras con la naturaleza.” (Ley 70 de 1993, artículo 3) Ver más |
| “ARTICULO 6° […] Con respecto a los suelos y los bosques incluidos en la titulación colectiva, la propiedad se ejercerá en función social y le es inherente una función ecológica. En consecuencia, para el uso de estos recursos se tendrá en cuenta lo siguiente: a) Tanto el uso de los bosques que se ejerza por ministerio de ley, como los aprovechamientos forestales con fines comerciales deberán garantizar la persistencia del recurso. Para adelantar estos últimos se requiere autorización de la entidad competente para el manejo del recurso forestal. b) El uso de los suelos se hará teniendo en cuenta la fragilidad ecológica de la Cuenca del Pacífico. En consecuencia los adjudicatarios desarrollarán prácticas de conservación y manejo compatibles con las condiciones ecológicas. Para tal efecto se desarrollarán modelos apropiados de producción como la agrosilvicultura, la agroforestería u otros similares, diseñando los mecanismos idóneos para estimularlos y para desestimular las prácticas ambientalmente insostenibles.” (Ley 70 de 1993, artículo 6) |
| “ARTICULO 14. En el acto administrativo mediante el cual se adjudique la propiedad colectiva de la tierra se consignará la obligación de observar las normas sobre conservación, protección y utilización racional de los recursos naturales renovables y el ambiente.” (Ley 70 de 1993, artículo 14) |
| “ARTICULO 19. Las prácticas tradicionales que se ejerzan sobre las aguas, las playas o riberas, los frutos secundarios del bosque o sobre la fauna y flora terrestre y acuática para fines alimenticios o la utilización de recursos naturales renovables para construcción o reparación de viviendas, cercados, canoas y otros elementos domésticos para uso de los integrantes de la respectiva comunidad negra se consideran usos por ministerio de la ley y en consecuencia no requieren permiso. Estos usos deberán ejercerse de tal manera que se garantice la persistencia de los recursos, tanto en cantidad como en calidad. El ejercicio de la caza, pesca o recolección de productos, para la subsistencia, tendrá prelación sobre cualquier aprovechamiento comercial, semi-industrial, industrial o deportivo.” (Ley 70 de 1993, artículo 19) |
| “ARTICULO 20. Conforme lo dispone el artículo 58 de la Constitución Política, la propiedad colectiva sobre las áreas a que se refiere esta ley, debe ser ejercida de conformidad con la función social y ecológica que le es inherente. En consecuencia, los titulares deberán cumplir las obligaciones de protección del ambiente y de los recursos naturales renovables y contribuir con las autoridades en la defensa de ese patrimonio.” (Ley 70 de 1993, artículo 20) |
| “ARTICULO 22. Cuando en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales ubicados en las zonas se encuentren familias o personas de comunidades negras que se hubieran establecido en ellas antes de la declaratoria del área-parque, el Inderena o la entidad que haga sus veces definirá, en el plan de manejo que se debe expedir, las prácticas tradicionales de dichas comunidades que son compatibles con la naturaleza, objetivos y funciones del área de que se trate. Para tal efecto, la entidad administradora del Sistema de Parques Nacionales promoverá mecanismos de consulta y participación con estas comunidades.” (Ley 70 de 1993, artículo 22) |
| ““ARTICULO 24. La entidad administradora de los recursos naturales renovables reglamentará concertadamente con las comunidades negras el uso colectivo de áreas del bosque a que se refiere la presente ley, para el aprovechamiento forestal persistente. Para efectos del aprovechamiento, el procesamiento o la comercialización de los productos forestales que se obtengan en desarrollo de la concesión forestal, la comunidad concesionaria podrá entrar en asociación con entidades públicas o privadas. El Estado garantizará y facilitará la capacitación de los integrantes de las comunidades concesionarias en las prácticas y técnicas adecuadas para cada etapa del proceso de producción para asegurar el éxito económico y el desarrollo sustentable de los integrantes y de la región. Para todos los efectos de explotación de los recursos forestales que contempla este artículo se priorizarán las propuestas de las gentes comunidades negras de conformidad con el artículo 13 de la Constitución.” (Ley 70 de 1993, artículo 24) “ |
| “ARTICULO 25. En áreas adjudicadas colectivamente a las comunidades negras, en las cuales en el futuro la autoridad ambiental considere necesaria la protección de especies, ecosistemas o biomas, por su significación ecológica, se constituirán reservas naturales especiales en cuya delimitación, conservación y manejo participarán las comunidades y las autoridades locales. Además, se aplicará lo dispuesto en el artículo 51 de esta ley. El Gobierno reglamentará lo dispuesto en el presente artículo.” (Ley 70 de 1993, artículo 25) |
| “ARTICULO 26. El Ministerio de Minas y Energía de oficio o a petición de las comunidades negras de que trata esta ley, podrá señalar y delimitar en las áreas adjudicadas a ellos zonas mineras de comunidades negras en las cuales la exploración y la explotación de los recursos naturales no renovables deberá realizarse bajo condiciones técnicas especiales sobre protección y participación de tales comunidades negras, con el fin de preservar sus especiales características culturales y económicas, sin perjuicio de los derechos adquiridos o constituidos a favor de terceros.” (Ley 70 de 1993, artículo 26) |
| “ARTICULO 27. Las comunidades negras de que trata la presente ley gozarán del derecho de prelación para que el Gobierno, a través del Ministerio de Minas y Energía, les otorgue licencia especial de exploración y explotación en zonas mineras de comunidades negras sobre los recursos naturales no renovables tradicionalmente aprovechados por tales comunidades. Sin embargo, la licencia especial, podrá comprender otros minerales con excepción del carbón, minerales radioactivos, sales e hidrocarburos.” (Ley 70 de 1993, artículo 27) |
Decreto
| Decreto 1745 de 1995 y Decreto 1066 de 2015 “Artículo 15. Funciones de la Comisión Técnica. En territorios ocupados por una comunidad negra, en los términos que establece la Ley 70 de 1993, y hasta tanto no se le haya adjudicado a ésta en debida forma la propiedad colectiva, a la Comisión le corresponde: 1. Evaluar técnicamente y emitir concepto previo sobre. […] b) El otorgamiento de licencia ambiental, autorización, concesión o permiso para la ejecución de proyectos, obras o actividades que lo requieran y cuya competencia corresponda al Ministerio del Medio Ambiente, a las Corporaciones Autónomas Regionales, a las entidades territoriales o a cualquier otra autoridad del Sistema Nacional Ambiental; c) La celebración de cualquier contrato u otorgamiento de título que tenga por objeto el aprovechamiento de los recursos naturales; d) El acceso, por cualquier medio legal, a los recursos genéticos ubicados dentro del ámbito de aplicación de la Ley 70 de 1993. […] Parágrafo 2º. Se entiende como explotación de los recursos naturales el uso, aprovechamiento o comercialización de cualquier recurso natural renovable o no renovable, así como el acceso a los recursos genéticos. Para todos los casos señalados en los literales b), c) y d) del numeral 1ºdel presente artículo, se debe hacer, además, la consulta previa a la comunidad involucrada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 99 de 1993.” (Decreto 1745 de 1995, artículo 15; Decreto 1066 de 2015, artículo 2.5.1.2.15) Ver más |
| “Artículo 37. Derecho preferencial de aprovechamiento de los recursos naturales. Cuando la Comisión Técnica determine que las solicitudes de otorgamiento de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones de aprovechamiento de recursos naturales renovables, se presentan sobre tierras susceptibles de ser tituladas colectivamente a Comunidades Negras, solo podrán ser otorgadas en beneficio de la comunidad respectiva, previo cumplimiento del procedimiento establecido en este Decreto, a través del Consejo Comunitario, o en caso de no haberse conformado este, de los representantes de las comunidades negras involucradas. Para el caso de las solicitudes de exploración y explotación minera, una vez la Comisión Técnica verifique que se encuentra en territorio susceptible de ser titulado como Tierras de las Comunidades Negras, la Comisión Técnica informará, por escrito, al Consejo Comunitario respectivo o en caso de no haberse constituido éste, a los representantes de las comunidades involucradas, para posterior ejercicio del derecho de prelación a que se refiere el artículo 27 de la Ley 70 de 1993.” (Decreto 1745 de 1995, artículo 37; Decreto 1066 de 2015, artículo 2.5.1.2.37) Ver más |
| “Artículo 38. Obligatoriedad del concepto. El concepto técnico favorable no obliga a la entidad encargada de resolver la solicitud, pero si fuere desfavorable no podrá concederse la licencia, concesión, permiso o autorización al peticionario.” (Decreto 1745 de 1995, artículo 38; Decreto 1066 de 2015, artículo 2.5.1.2.38) |
| “Artículo 5°. Participación de las Comunidades Indígenas y negras en la elaboración de los estudios ambientales. El responsable del proyecto, obra o actividad que deba realizar consulta previa, elaborará los estudios ambientales con la participación de los representantes de las comunidades indígenas o negras. Para el caso de las comunidades indígenas con la participación de los representantes legales o las autoridades tradicionales y frente a las comunidades negras con la participación de los miembros de la Junta del Consejo Comunitario o, en su defecto, con los líderes reconocidos por la comunidad de base. El responsable del proyecto, obra o actividad acreditará con la presentación de los estudios ambientales, la forma y procedimiento en que vinculó a los representantes de las comunidades indígenas y negras en la elaboración de los mismos, para lo cual deberá enviarles invitación escrita. Transcurridos veinte (20) días de enviada la invitación sin obtener respuesta de parte de los pueblos indígenas o comunidades negras, el responsable del proyecto, obra o actividad informará al Ministerio del Interior para que verifique dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación, si existe voluntad de participación de los representantes de dichas comunidades y lo informará al interesado. En caso que los representantes de las comunidades indígenas y/o negras se nieguen a participar, u omitan dar respuesta dentro de los términos antes previstos, el interesado elaborará el estudio ambiental prescindiendo de tal participación.” (Decreto 1320 de 1998, artículo 5; Decreto 1066 de 2015, artículo 2.5.3.1.5.) |
| Decreto 1320 de 1998 y Decreto 1066 de 2015 “Artículo 7°. Proyectos que cuentan con términos de referencia genéricos. Cuando el proyecto, obra o actividad, cuente con términos de referencia genéricos expedidos por la autoridad ambiental respectiva, el interesado deberá informar al Ministerio del Interior sobre la participación de las comunidades indígenas o negras susceptibles de ser afectadas, en la elaboración de los estudios.” (Decreto 1320 de 1998, artículo 7; Decreto 1066 de 2015, artículo 2.5.3.1.7.) |
| “Artículo 14. Documento de evaluación y manejo ambiental. Cuando quiera que se den los supuestos del artículo 2° del presente decreto para los proyectos, obras o actividades cobijados por lo dispuesto en el Decreto 883 de 1997, se deberá realizar la consulta previa con las comunidades indígenas y negras. En tal caso, el documento de evaluación y manejo ambiental deberá elaborarse de conformidad con lo establecido en los artículos 5° y 10 numeral 2 del presente decreto. El interesado antes de elaborar el documento de evaluación y manejo ambiental deberá informar al Ministerio del Interior para que constate la participación de las comunidades indígenas o negras susceptibles de ser afectadas en la elaboración de los estudios. La consulta previa se realizará una vez elaborado el documento de evaluación y manejo ambiental y con anterioridad a la entrega ante la autoridad ambiental competente, en las formas y condiciones establecidas en los artículos 11 y 12 del presente decreto. Para tal fin se deberá dar aviso oportunamente a la autoridad ambiental competente. Dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación del documento de evaluación y manejo ambiental, la autoridad ambiental competente se pronunciará indicando si es procedente o no dar inicio a las obras.” (Decreto 1320 de 1998, artículo 14; Decreto 1066 de 2015, artículo 2.5.3.1.14.) |
| “Artículo 19. Comunicación de la decisión. El acto administrativo que otorgue o niegue la licencia ambiental, el establecimiento del plan de manejo ambiental o el permiso de uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables deberá ser comunicado a los representantes de las comunidades indígenas y negras consultadas.” (Decreto 1320 de 1998, artículo 19; Decreto 1066 de 2015, Artículo 2.5.1.2.19) |
| Decreto 2041 de 2014 y Decreto 1076 de 2015 “Artículo 24. De la solicitud de licencia ambiental y sus requisitos. En los casos en que no se requiera pronunciamiento sobre la exigibilidad del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) o una vez surtido dicho procedimiento, el interesado en obtener licencia ambiental deberá radicar ante la autoridad ambiental competente, el estudio de impacto ambiental de que trata el artículo 21 del presente decreto y anexar la siguiente documentación: […] 7. Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y de existencia de territorios colectivos en el área del proyecto de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2613 de 2013.” (Decreto 2041 de 2014, artículo 1; Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.2.3.6.2) Ver más |
| “Artículo 29. Modificación de la licencia ambiental. […] Parágrafo 3°. Cuando la modificación consista en ampliación de áreas del proyecto inicialmente licenciado, se deberá aportar el certificado del Ministerio del Interior sobre la presencia o no de comunidades étnicas y de existencia de territorios colectivos de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2613 de 2013.” (Decreto 2041 de 2014, artículo 1; Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.2.3.6.7) |
| Decreto 1791 de 1996 y Decreto 1076 de 2015 “Artículo 2.2.1.1.7.22. Aprovechamiento forestal por comunidades indígenas o negras. Los aprovechamientos forestales que se pretendan realizar por comunidades indígenas en áreas de resguardo o reserva indígena o por las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993 se regirán por las normas especiales que regulan la administración, manejo y uso de recursos naturales renovables por parte de estas comunidades. Los aspectos que no se encuentren expresamente previstos en normas específicas, quedan sujetos al cumplimiento de lo señalado en el presente Capítulo.” (Decreto 1791 de 1996, artículo 44; Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.1.1.7.22). |
| Decreto 2372 de 2010 y Decreto 1076 de 2015 “Artículo 2.2.2.3.6.3. De la evaluación del estudio de impacto ambiental. Una vez realizada la solicitud de licencia ambiental se surtirá el siguiente trámite: […] PARÁGRAFO 8°. El interesado en el trámite de solicitud de licencia ambiental deberá aportar todos los documentos exigidos en el Decreto 1076 de 2015 y demás normas vigentes, incluida la protocolización de la consulta prevía cuando ella proceda. Sin embargo, si durante el trámite de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, la Autoridad Ambiental considera técnica y jurídicamente necesario que el interesado actualice el pronunciamiento de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior -DANCP, sobre la procedencia de consulta previa, se suspenderán los términos que tiene la Autoridad Ambiental para decidir. La Autoridad Ambiental no continuará con el proceso de evaluación, hasta tanto el interesado no allegue la decisión que expida la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior -DANCP-relacionada con la no procedencia de la consulta previa o allegue la protocolización de la consulta previa, cuando ella proceda. Esta suspensión iniciará a partir del vencimiento del plazo previsto en el inciso 7 del numeral 2 del presente artículo y hasta tanto el interesado allegue la decisión que expida la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior -DANCP-de no procedencia de consulta previa o la protocolización de la Consulta Previa. En todo caso, el plazo de suspensión no será superior a dieciocho (18) meses, vencido el cual, sin que se allegue lo previsto en el presente parágrafo, dará lugar al archivo del expediente. En ningún caso la Autoridad Ambiental otorgará licencia ambiental sin la protocolización de la consulta previa cuando ella proceda.” (Decreto 2372 de 2010; Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.2.3.6.3.) |
| Decreto 690 de 2021; Decreto 1076 de 2015 “Artículo 2.2.1.1.10.2.1 Derecho al manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables. […] PARÁGRAFO 4. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras, en los términos del artículo 15 de la Ley 21 de 1991. El aprovechamiento, el procesamiento o la comercialización de los productos forestales que se obtengan por parte de comunidades negras, deberá atender lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 70 de 1993 y demás normas que las reglamenten, modifiquen o sustituyan. La explotación de los recursos forestales priorizará las propuestas de las comunidades étnicas. En caso de no existir ocupación en los terrenos baldíos, tendrán prelación las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que residan en jurisdicción de la autoridad ambiental, la cual se regirá por las leyes especiales de estas comunidades.” (Decreto 690 de 2021; Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.1.1.10.2.1) |
| Decreto 1384 de 2023 y Decreto 1076 de 2015 “Artículo 2.2.12.1.1. Objeto. Por medio del presente se dispone a reglamentar el Capítulo IV y las demás disposiciones ambientales contenidas en la Ley 70 de 1993, en lo relacionado con el uso de la tierra, la protección, y el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del ambiente, en los territorios colectivos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del país.” (Decreto 1384 de 2023; Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.12.1.1) |
| “Artículo 2.2.12.2.5. Articulación de la gestión ambiental de los Consejos Comunitarios con las autoridades ambientales: La gestión ambiental y de los recursos naturales en los territorios colectivos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, por parte de los Consejos Comunitarios, se articulará con las autoridades ambientales de la jurisdicción. En Consecuencia, los consejos comunitarios en ningún caso ejercerán funciones de autoridad ambiental, en los territorios colectivos, por cuanto el artículo 5° de la Ley 70 de 1993, solo les asigna la función de velar por la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el artículo 6° inciso 4° de la misma disposición, les ordena solicitar ante las autoridades que requieran para realizar los aprovechamientos forestales con fines comerciales.” (Decreto 1384 de 2023; Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.12.2.5) |
| “Artículo 2.2.12.3.7. Prevención. monitoreo y control entre la autoridad ambiental y los consejos comunitarios y/o otras formas organizativas. Para fortalecer las actividades de prevención, monitoreo y control de la producción forestal en los territorios colectivos, las autoridades ambientales regionales deben concertar con los Consejos Comunitarios y otras formas organizativas donde no existan los consejos comunitarios, el monitoreo y control de los aprovechamientos forestales de la siguiente manera: […] c) La autoridad ambiental revisará periódicamente con las juntas directivas de los Consejos Comunitarios y otras formas organizativas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, el cumplimiento de las obli¬gaciones contenidas en las autorizaciones o permisos de aprovechamiento forestal proferidas.” (Decreto 1384 de 2023; Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.12.3.7) |
| “Artículo 2.2.12.5.1. Régimen de excepción para los territorios colectivos de ocupación tradicional o ancestral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en las áreas protegidas públicas del Sinap. Cuando al interior de las áreas protegidas públicas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), diferentes de la mencionada en el capítulo anterior, habiten o hagan uso regular y permanente familias o personas de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras con anterioridad a la declaratoria de dicha área protegida, se respetará su derecho a la permanencia, al uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables asociados a sus prácticas y sistemas tradicionales de producción, compatibles con los objetivos de conservación y funciones del área protegida. Estas prácticas deberán ser reconocidas en su dimensión social, económica, ecológica y cultural e incorporadas en los instrumentos de planeación y manejo del área protegida, además deben ser consultadas participativamente con las familias, comunidades o personas involucradas de manera que contribuyan al mantenimiento de los sistemas de vida de las comunidades y a la conservación de las áreas protegidas del Sinap. En los casos en que las prácticas no sean compatibles con los objetivos de conservación y/o el ordenamiento del área protegida, se establecerán medidas de manejo, y/o regulaciones conjuntas para armonizar dichas prácticas o desmontarlas cuando se trate de actividades de prohibición legal.” (Decreto 1384 de 2023; Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.12.5.1) |
| “Artículo 2.2.12.7.1. Derecho de uso y aprovechamiento de los recursos marinos, insulares y costeros asociados a territorios colectivos. En armonía con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 70 de 1993, las prácticas tradicionales asociadas a sus sistemas de producción y los usos por ministerio de ley que realicen las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras sobre los recursos marinos y costeros asociados a sus territorios colectivos adjudicados, en trámite u ocupados ancestral y/o tradicionalmente, tales como los esteros; las playas marítimas, insulares; los ecosistemas de manglar y bajamar; las zonas de pesca artesanal, las áreas de construcciones palafíticas y en su conjunto las zonas marinas y costeras, donde estas comunidades ejercen sus prácticas y sistemas tradicionales de producción, serán de usos y aprovechamientos con prelación de estas comunidades.” (Decreto 1384 de 2023; Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.12.7.1) |
| Decreto 710 de 1990 y Decreto 1073 de 2015 “Artículo 2.2.5.8.7.7.1.1. Área de reserva indígena. Para los efectos del literal f) del artículo 10 del Código de Minas, se considera reserva minera indígena el área ocupada en forma permanente por los resguardos indígenas o, en el caso de que no existieren legalmente tales resguardos, la de los lugares que se delimiten con el fin de que en ellos no puedan adelantarse actividades mineras sino bajo condiciones técnicas y operativas que preserven las especiales características culturales y económicas de los grupos y comunidades aborígenes; El área de la reserva minera indígena y las condiciones especiales, en que en la misma puedan desarrollarse actividades mineras, serán señaladas por el Ministerio de Minas y Energía previo concepto favorable de la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno.” (Decreto 710 de 1990, artículo 1; Decreto 1073 de 2015, 2.2.5.8.7.7.1.1) Ver más |
| “Artículo 2.2.5.8.7.7.1.2. Zonas Mineras Indígenas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 123 del Código de Minas, son zonas mineras indígenas las áreas señaladas como tales por el Ministerio de Minas y Energía, ubicadas dentro de los Territorios Indígenas, y en las cuales toda actividad de exploración y explotación del suelo y subsuelo minero deberá ajustarse a las disposiciones especiales contenidas en el Capítulo XVI del Código de Minas.” (Decreto 710 de 1990, artículo 1; Decreto 1073 de 2015, 2.2.5.8.7.7.1.1) Ver más |
| Decreto 1376 de 2013 y Decreto 1076 de 2015 “Artículo 2.2.2.8.3.2. Solicitud. Los documentos que deben aportarse para la solicitud del Permiso Individual de Recolección son los siguientes: […] g) Acta de protocolización de la consulta previa cuando sea necesaria.” (Decreto 1376 de 2013; Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.2.8.3.2) Ver más |
| Decreto 1396 de 2023 y Decreto 1073 de 2015 “Artículo 2.2.5.11.3.1. Definición del derecho de prelación. El derecho de prelación de que tratan los artículos 2 numeral 6, 17, 26 y 27 de la Ley 70 de 1993 es el derecho preferencial, de exclusividad y de prevalencia que tienen las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para la exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, incluidos los materiales de construcción y de arrastre existentes en los territorios colectivos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras adjudicados, en trámite de adjudicación y susceptibles de adjudicación por ser ocupados ancestralmente por estas comunidades, de tal manera, que el título minero y las autorizaciones temporales para el aprovechamiento de dichos recursos solo serán otorgados a la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera respectiva.” (Decreto 1396 de 2023; Decreto 1073 de 2015, artículo 2.2.5.11.3.1.) Ver más |
| “Artículo 2.2.5.11.3.2. Compatibilidad entre el derecho de prelación y la consulta previa. El ejercicio del derecho de prelación por parte de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, no es incompatible con la aplicación del derecho fundamental a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado, sobre todo cuando las afectaciones de la actividad minera impliquen el traslado o desplazamiento de las comunidades; involucren el vertimiento de sustancias tóxicas o peligrosas en los territorios colectivos o cuando el proyecto, obra o actividad minera ponga en riesgo la supervivencia de las comunidades.” (Decreto 1396 de 2023; Decreto 1073 de 2015, artículo 2.2.5.11.3.2) Ver más |
| Artículo 2.2.5.12.1.4. Principios. La identificación, priorización, diseño y delimitación de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva se orientará por los siguientes principios: Concertación con pueblos indígenas, comunidades negras, afrodescendientes, raizales – palenqueras y otras comunidades étnicas. Los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva deberán generar el diálogo participativo, y acuerdos con las comunidades étnicas como un proceso permanente y como una herramienta fundamental en el proceso de análisis de la dinámica socioeconómica y en la formulación del Plan Estratégico de Gestión, su evaluación y seguimiento, sin perjuicio de que cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de los territorios ancestrales y tradicionalmente ocupados se respete el derecho fundamental a la consulta previa libre e informada. (Decreto 1396 de 2023; Decreto 1073 de 2015, artículo 2.2.5.12.1.4) Ver más |
Actos Administrativos / Directivas
Los actos administrativos/directivas no ha desarrollado este subtema.
Corte Constitucional
| SU-196 de 2023 – Parte 1 “180. Específicamente, las comunidades negras de Colombia han aportado a la protección del ambiente, en la medida en que han desarrollado sus conocimientos para habitar ecosistemas frágiles y complejos, como los de la cuenca del Pacífico. Por lo tanto, la protección del ambiente tiene una importancia crucial en el caso de estas comunidades, puesto que, no solo se trata de proteger un bien jurídico en abstracto, sino de salvaguardar la condición de posibilidad para la continuidad y el desarrollo de ciertas formas vida. (…) “183. Con todo lo anterior, es posible afirmar que, en el marco de la Constitución ecológica y pluricultural, la Ley 70 se desarrolló teniendo como pilar fundamental el reconocimiento de las estrechas relaciones que tradicionalmente han sostenido las comunidades negras con la naturaleza. Este reconocimiento se encuentra plasmado en las disposiciones que protegen la función ecológica de los suelos y los bosques incluidos en la titulación colectiva y además, se traduce en medidas para garantizar la participación de estas comunidades en la planeación, ordenamiento y disfrute de los recursos naturales y de los servicios ecosistémicos que estos prestan. Ver más |
| SU-196 de 2023- Parte 2 “184. Teniendo en perspectiva los derechos fundamentales de las comunidades negras, como son el derecho al territorio, a la vida, a la salud, al agua, a la alimentación, al trabajo, a la pervivencia física y la diversidad étnica y cultural, es necesario reconocer que su ejercicio y disfrute depende esencialmente de las condiciones de protección del ambiente que constituye su entorno inmediato. Lo anterior no implica una noción inmóvil del ambiente, ni tampoco, necesariamente, una fórmula estática de conservación. Por el contrario, en el caso de las comunidades negras, debe dar lugar a reconocerlas como agentes del desarrollo de sus tierras, desde una perspectiva étnica y culturalmente sensible, así como ecológica, y ambientalmente responsable. En esa medida, encuentran lugar también los denominados derechos bioculturales en el contexto específico de las comunidades negras. “185. En efecto, a través de la sentencia de tutela T-622 de 2016, y con ocasión de la situación del río Atrato, la Corte introdujo la reflexión sobre la dimensión biocultural de los derechos al analizar las afectaciones sufridas por este río. Señaló que estas tienen que ver, principalmente, con las actividades de minería ilegal que contaminan y amenazan gravemente las fuentes hídricas y los bosques de esta cuenca y sus afluentes. Ver más |
| SU-196 de 2023 – Parte 3 La contribución conceptual de los derechos bioculturales se centra en el énfasis que imprimen a la comprensión relacional de la naturaleza. Es decir, que el planteamiento sobre los derechos bioculturales parte de atender la importancia de proteger las relaciones entre los seres humanos (culturas, comunidades) y su entorno (bio), y entre los demás elementos del ecosistema que sostienen las formas de vida humana y no humana, permitiendo superar así un paradigma meramente antropocéntrico. “186. En esos términos, la sentencia en comento concluyó, que la premisa central sobre la cual se cimienta la concepción de la bioculturalidad y los derechos bioculturales es la relación de profunda unidad entre naturaleza y especie humana. Ver más |
| SU-196 de 2023 – Parte 4 Esta relación se expresa en otros elementos complementarios como: (i) los múltiples modos de vida que, en su diversidad cultural, están íntimamente vinculados con la diversidad de ecosistemas y territorios; (ii) la riqueza expresada en la diversidad de culturas, prácticas, creencias y lenguajes que es producto de la interrelación coevolutiva de las comunidades humanas con sus ambientes y constituye una respuesta adaptativa a cambios ambientales; (iii) las relaciones de las diferentes culturas ancestrales con plantas, animales, microorganismos y el ambiente contribuyen activamente a la biodiversidad; (iv) los significados espirituales y culturales de los pueblos indígenas y de las comunidades locales sobre la naturaleza forman parte integral de la diversidad biocultural; y (v) la conservación de la diversidad cultural conduce a la conservación de la diversidad biológica, por lo que el diseño de política, legislación y jurisprudencia debe enfocarse en la conservación de la bioculturalidad.” (…) Ver más |
| 189. En suma, con la aproximación a los derechos bioculturales como expresión que desarrolla la Constitución Ecológica, la Sala pretende enfatizar dos aspectos centrales para el caso de estudio. Primero, el reconocimiento de la interdependencia que existe entre la protección del ambiente, y la vida y la cultura de las comunidades negras, especialmente de aquellas cuyos medios de vida dependen estructuralmente de un ecosistema natural, específicamente, de la salud de un río y de las relaciones que se tejen alrededor de este, como ocurre con el río Anchicayá. Y segundo, que para proteger la bioculturalidad se debe salvaguardar la relación profunda entre naturaleza, identidad cultural y forma de vida, entendidos no solamente como derechos colectivos, sino de carácter ius fundamental, en la medida en que, de la protección del ambiente depende tanto la vida colectiva de la comunidad étnica y su pervivencia como colectivo étnicamente diferenciado, como la vida, la salud, la alimentación, el trabajo, etc., de sus integrantes individualmente considerados. (SU-196 de 2023) Ver más |
| C- 369 de 2019 – Parte 1 5.1 Desde su jurisprudencia más temprana, la Corte Constitucional ha resaltado que uno de los rasgos definitorios de la Constitución de 1991 es el reconocimiento de una serie de normas destinadas a la protección del medio ambiente agrupadas bajo el concepto de Constitución ecológica o Constitución verde. Al respecto, la Corte ha sostenido que la defensa del medio ambiente constituye un bien jurídico de primer orden en el actual modelo constitucional, que tiene una triple dimensión: «es un principio que irradia todo el orden jurídico correspondiendo al Estado proteger las riquezas naturales de la Nación; es un derecho constitucional (fundamental y colectivo) exigible por todas las personas a través de diversas vías judiciales; y es una obligación en cabeza de las autoridades, la sociedad y los particulares, al implicar deberes calificados de protección». Ver más |
| C- 369 de 2019 – Parte 2 Desde esta perspectiva, el concepto de medio ambiente que prevé la Constitución es complejo porque aunque reconoce su condición de derecho, también involucra una comprensión que supera la idea de que la naturaleza es un insumo o medio para el desarrollo humano, que debe estar a disposición absoluta e ilimitada de las personas. En este sentido, la Carta Política avanza de manera decidida, no solo en el imperativo de que su protección demanda acciones concretas por parte de la sociedad y el Estado, sino también en la consideración de que los recursos naturales son bienes que merecen ser amparados, mantenidos y restaurados. Todo lo anterior, sin adoptar un modelo puramente conservacionista que impida el desarrollo o haga nugatorio el derecho a la libertad económica. Ver más |
| C- 369 de 2019 – Parte 3 5.2 Ahora bien, el mandato constitucional de protección del ambiente compromete de manera especial al Estado en el cumplimiento de varias obligaciones. Para efectos de resolver el presente caso, destaca lo previsto en los artículos 79 y 80 de la Constitución, a cuyo tenor «Es deber del Estado (…) conservar las áreas de especial importancia ecológica» y «prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados». En el plano internacional, estas obligaciones se ven reforzadas con lo dispuesto en el Convenio de Diversidad Biológica, incorporado al ordenamiento jurídico interno mediante la Ley 165 de 1994, que obliga a los Estados contratantes a establecer un sistema de áreas protegidas frente a las cuales se deben tomar medidas especiales para conservar su diversidad biológica (artículo 8.a). 5.3 En relación con el citado precepto constitucional, la Corte ha sostenido que, a diferencia de los demás recursos naturales, estas áreas «no están sometidas a la obligación de garantizar un desarrollo sostenible, sino a procurar su intangibilidad. De ahí que únicamente sean admisibles usos compatibles con la conservación y esté proscrita su explotación». Esto implica, a su vez, que los ecosistemas especialmente protegidos están sometidos a un régimen de protección más intenso que los demás recursos naturales.” (C- 369 de 2019) Ver más |
| SU-123 de 2018 – Parte 1 “10.1. En caso de afectaciones ambientales, el derecho a la consulta previa tiene conexiones íntimas con la justicia ambiental, como lo ha mostrado esta Corte, pues ante la perturbación ambiental de los pueblos indígenas y tribales ha activado la consulta previa para recomponer, a través de la participación, el reparto desigual de las cargas y los beneficios ambientales. 10.2. La justicia ambiental ha sido entonces utilizada por esta Corte para resolver asuntos de distribución inequitativa de cargas ambientales entre los diferentes grupos sociales y defender la participación de colectividades afectadas. Esta construcción teórica ha servido para identificar afectaciones directas a una comunidad como resultado de un proyecto productivo que trae consecuencia o efectos a los ecosistemas. Ver más |
| SU-123 de 2018 – Parte 2 10.3. Según la Sentencia T-294 de 2014, la justicia ambiental puede ser entendida como el “tratamiento justo y la participación significativa de todas las personas independientemente de su raza, color, origen nacional, cultura, educación o ingreso con respecto al desarrollo y la aplicación de las leyes, reglamentos y políticas ambientales”. La justicia ambiental es entonces un marco analítico que ha permitido terciar ante un conflicto ecológico distributivo, dado que intenta eliminar la discriminación que padecen algunas comunidades en relación con el acceso de servicios ambientales y de la exposición superlativa a los desechos de ciertas industrias. La Corte ha considerado que la justicia ambiental, dentro del marco de la Constitución, está compuesta por cuatro elementos interrelacionados: i) la justicia distributiva; ii) la justicia participativa; ii) el principio de sostenibilidad; y iv) el principio de precaución. Ver más |
| SU-123 de 2018 – Parte 3 10.4. El componente de justicia distributiva respalda el reparto equitativo de las cargas y beneficios ambientales para los habitantes de un Estado, sin que sea aceptable diferenciar algún sector de la población en razón de su origen étnico, de su género o de su condición socioeconómica. Una justicia participativa significa que en las decisiones ambientales se exige la intervención activa y significativa de las personas que resultan afectadas por la ejecución de determinada actividad. El principio de sostenibilidad, reclama que los sistemas económicos y sociales deben ser reproducibles sin el deterioro de los ecosistemas en que se apoyan, esto es, la viabilidad ecológica. Conforme a este principio, las actividades humanas tienen la obligación de respetar los límites de absorción y de regeneración del ambiente, de modo que no se comprometa su disfrute para las generaciones futuras y para otras especies vivas no humanas. En este escenario, se construyó un “imperativo ambiental”. El principio de precaución prescribe que los agentes ambientales deben abstenerse de ejecutar una actividad que causa una perturbación ambiental inaceptable, siempre y cuando exista una duda razonable de que el acto pueda causar un daño a la naturaleza. Este principio se convierte entonces en una guía de acción humana para comportarse ante la incertidumbre de perjuicio en un ecosistema y prevenir ese riesgo. Además, reconoce la falibilidad de la ciencia, lo cual impone al ser humano la obligación de ser prudente ante la incertidumbre de una eventual lesión. El principio de precaución materializa los deberes de protección y salvaguarda del medio ambiente. Ver más |
| SU-123 de 2018 – Parte 4 10.5. En las sentencias T-294 de 2014, SU-133 de 2017, SU-217 de 2017 y T-272 de 2017, la Corte consideró que el derecho a la consulta previa puede ser entendido,entre otras cosas, como una garantía procedimental para lograr justicia ambiental para las minorías étnicas. La razón: la justicia ambiental permite referirse a la administración y al manejo de las acciones humanas que impactan en el ambiente, la distribución de los costos negativos que causan los actos productivos de las personas, y el acceso a los recursos naturales, como sucede en los casos de exploración y extracción de recursos bióticos no renovables, ya sea minería o hidrocarburos-“. (SU-123 de 2018) Ver más |
| SU- 217 de 2017 “50. El derecho al ambiente sano, que cobra especial relevancia en el asunto objeto de estudio, no es la excepción. Fue incorporado en la Constitución Política dentro del capítulo de los derechos colectivos, aunque posee también una faceta individual, en la medida en que es imprescindible para el desarrollo de un proyecto de vida digno para cada persona. Como derecho colectivo, su naturaleza es difusa, lo que significa, básicamente, que cada persona lo disfruta, sin exclusión de las demás. Como derecho individual se materializa en la defensa del entorno inmediato de cada persona y es una condición de vigencia de otros derechos fundamentales, especialmente, la salud y la vida”. “58 Artículo 4º, Convenio 169 de la OIT: “1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. || 2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados. || 3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales”. (SU- 217 de 2017) Ver más |
| T-294 de 2014 17. Particularmente, en lo que respecta al alcance del derecho a la participación en materia ambiental, como lo ha señalado esta Corporación en decisiones anteriores, se debe considerar lo establecido en los principios décimo y vigésimo segundo de la Declaración de Río de Janeiro de 1992; instrumento que, según lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993, debe orientar el proceso de desarrollo económico y social del país. El principio décimo de la Declaración establece que: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.” (T-294 de 2014) Ver más |
| SU-039 de 1997 “3.2. La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas debe hacerse compatible con la protección que el Estado debe dispensar a la integridad social, cultural y económica de las comunidades indígenas, integridad que como se ha visto antes configura un derecho fundamental para la comunidad por estar ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura. Y precisamente, para asegurar dicha subsistencia se ha previsto, cuando se trate de realizar la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, la participación de la comunidad en las decisiones que se adopten para autorizar dicha explotación. De este modo, el derecho fundamental de la comunidad a preservar la referida integridad se garantiza y efectiviza a través del ejercicio de otro derecho que también tiene el carácter de fundamental, en los términos del art. 40, numeral 2 de la Constitución, como es el derecho de participación de la comunidad en la adopción de las referidas decisiones.” (SU-039 de 1997) Ver más |
| SU-442 de 1997 “Este derecho se concibe como un conjunto de condiciones básicas que rodean a la persona y le permiten su supervivencia biológica e individual, lo cual garantiza a su vez su desempeño normal y su desarrollo integral en el medio social. En este sentido, el ambiente sano es un derecho fundamental para la supervivencia de la especie humana; sin embargo, la vulneración del mismo conlleva en determinados casos, al quebrantamiento de derechos constitucionales fundamentales como la vida o la salud. Por consiguiente, como lo dispuso el constituyente de 1991, el Estado debe garantizar el derecho a gozar de un ambiente sano y adoptar las medidas encaminadas a obtener el mejoramiento de la calidad de vida de la población y el aseguramiento del bienestar general (…)”. (SU-442 de 1997) “En relación con la obligación de evaluar el impacto ambiental y reducir al mínimo sus efectos, el artículo 14 del Convenio sobre la Diversidad Biológica suscrito en Río de Janeiro en 1992, ratificada por Colombia, establece: ”Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: a) Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica, con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del público en esos procedimientos. … “”. Con respecto al deber de prevención y control del deterioro ambiental, es preciso destacar que este se ejerce, entre otras formas, a través del otorgamiento, denegación o cancelación de licencias ambientales por parte del Estado. Solamente el permiso previo de las autoridades competentes, hace jurídicamente viable la ejecución de obras o actividades que puedan tener efectos potenciales sobre el ecosistema.” (SU- 442 de 1997) Ver más |
| C-328 de 1995 “No en vano el constituyente elevó el interés colectivo por el ambiente sano al rango de derecho constitucional. La conservación de los recursos naturales y de los ecosistemas, es necesaria para garantizar la vida y la salud de todos. Por su naturaleza de derecho colectivo, el ambiente goza de mecanismos constitucionales específicos para su defensa, como son las acciones populares (C.P. art. 88) y los deberes calificados, en cabeza del Estado, para su protección. (…) La Constitución impone al Estado los deberes especiales de garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar el ambiente (1); proteger su diversidad e integridad (2); conservar las áreas de especial importancia ecológica (3); fomentar la educación ambiental (4); planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución (5); prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental (6); imponer las sanciones <legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente (7); y, cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas (8) (C.P. arts. 79 y 80). Por otra parte, la Carta establece que el saneamiento ambiental es un servicio público a cargo del Estado (C.P. art. 78). (…) Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber de prevenir y controlar el deterioro ambiental (C.P. art. 80), es el estudio de impacto ambiental que debe llevar a cabo quien planee realizar una obra o actividad que pueda afectar el ambiente. Las facultades de prevención y control, permiten a la autoridad fijar los términos de referencia de los estudios de impacto ambiental.” (C-328 de 1995)” Ver más |
| T – 366 de 1993 “El artículo 79 de la Carta Política consagra el derecho de todas las personas a gozar de un ambiento sano y la posibilidad de que la comunidad, de conformidad con las previsiones legales, pueda participar en las decisiones que puedan afectarlo. Se trata, pues, de una protección que responde a una preocupación universal, por cuanto afecta igualmente a todos los Estados, a todas las comunidades y, por ende, a todos los hombres. El derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y a la salud de las personas. De hecho, los factores perturbadores del medio ambiente causan daños irreparables en los seres humanos y si ello es así habrá que decirse que el medio ambiente es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad. A esta conclusión se ha llegado cuando esta Corte ha evaluado la incidencia del medio ambiente en la vida de los hombres y por ello en sentencias anteriores de tutelas, se ha afirmado que el derecho al medio ambiente es un derecho fundamental. El Constituyente de 1991, quiso establecer un marco jurídico adecuado para la debida atención de este asunto; por ello señaló como una responsabilidad de orden estatal, la de atender el servicio público de saneamiento ambiental, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad (art. 49 C.P.). Puede decirse, entonces, que las obligaciones del Estado en relación con la preservación, conservación y protección del medio ambiente, apuntan, todas ellas, a un mismo fin: el mejoramiento de la calidad de vida de la población y el aseguramiento del bienestar general (art. 366).”. (T – 366 de 1993) Ver más |
| OTRAS SENTENCIAS DE REFERENCIA: ((T-622 de 2016, T-733 de 2017,C-371 de 2014, SU- 383 de 2003, SU- 442 de 1997, SU- 442 de 1997) |
Consejo de Estado
| Sentencia del 15 de diciembre de 2022 “Ahora bien, así como la necesidad de la consulta previa debe estudiarse desde un enfoque diferencial sobre los elementos del grupo étnico afectado, esta perspectiva debe ampliarse cuando, concurrente con la afectación directa, se denuncia una amenaza al ambiente, en cuyo caso debe abordarse desde la perspectiva de la “justicia ambiental”, la cual se conforma por cuatro elementos interrelacionados como son: i) la justicia distributiva; ii) la justicia participativa; iii) el principio de sostenibilidad; y iv) el principio de precaución, los cuales son explicados por la Corte Constitucional…” (CE. SECCIÓN QUINTA. Sentencia del 15 de diciembre de 2022. N° proceso. 11001-03-15-000-2022-05502-00. C.P. Luis Alberto Álvarez Parra) |
| Sentencia del 31 de julio de 2020 “Ahora, las comunidades indígenas tienen derecho a los títulos mineros que se les hayan otorgado; a ser notificadas y participar en los trámites de solicitudes de contratos de concesión de terceros sobre áreas superpuestas: a ser escogidas con preferencia para la explotación en zonas de minería indígena; a ejercer la prelación para celebrar contrato de concesión aunque su propuesta se presente dentro del trámite de otra solicitud y por ello, en este último supuesto, no se les exige ser los primeros en radicar su solicitud de concesión sobre las zonas de minería indígena. Además, se destaca que, de acuerdo con las disposiciones del Código de Minas, en las zonas de minería indígena, los terceros que pretendan la explotación deberán vincular preferentemente a sus trabajos y obras y capacitar a sus miembros para hacer efectiva esa preferencia respecto de dicha comunidad o grupo étnicamente diferenciado.” (CE. SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A. sentencia del 31 de julio de 2020. N° proceso. 11001-03-26-000-2014-00056-00 (50740A). C.P. Marta Nubia Velásquez Rico) |
| Concepto del 2 de febrero de 2006 “Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan” (Art. 7°).”. (CE. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Concepto del 2 de febrero de 2006. N° proceso. 11001-03-06-000-2006-00007-00 (1708). C.P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo) |
| Sentencia del 4 de marzo de 1997 “La Constitución Política consagra el derecho de las personas en general a gozar de un ambiente sano y a participar en las decisiones que puedan afectarlo, de conformidad con las garantías que precise la ley (art. 79).” (CE. SALA PLENA. Sentencia del 4 de marzo de 1997. N° proceso. CE-SP-EXP1997-NS673. C.P. Libardo Rodríguez Rodríguez) |
Derecho Internacional
Tratados
CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES. 1989
“Artículo 7
- Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.
- Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.” (CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES. 1989)
Instrumentos no vinculantes
Los instrumentos no vinculantes no han desarrollado este subtema.
Corte IDH
| Sentencia de 6 de febrero de 2020 “En su Opinión Consultiva OC-23/17 (…) Afirmó en esa oportunidad que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo […] protege los componentes del […] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales”. (Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2020. Serie C No. 400) Ver más |
| “208. Sin perjuicio de lo anterior, en materia específica ambiental, debe destacarse que el principio de prevención de daños ambientales, forma parte del derecho internacional consuetudinario, y entraña la obligación de los Estados de llevar adelante las medidas que sean necesarias ex ante la producción del daño ambiental, teniendo en consideración que, debido a sus particularidades, frecuentemente no será posible, luego de producido tal daño, restaurar la situación antes existente. En virtud del deber de prevención, la Corte ha señalado que “los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción, causen daños significativos al […] ambiente”. Esta obligación debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, la cual debe ser apropiada y proporcional al grado de riesgo de daño ambiental. Por otro lado, si bien no es posible realizar una enumeración detallada de todas las medidas que podrían tomar los Estados con el fin de cumplir este deber, pueden señalarse algunas, relativas a actividades potencialmente dañosas: i) regular; ii) supervisar y fiscalizar; iii) requerir y aprobar estudios de impacto ambiental; iv) establecer planes de contingencia, y v) mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental”. (Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2020. Serie C No. 400) Ver más |
| “Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas – Parte 1 (Sentencia de 25 de noviembre de 2015) “172. Por su parte, el Tribunal ha resaltado la importancia de la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente contenido en el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” como un derecho humano esencial relacionado con el derecho a la vida digna derivado del artículo 4 de la Convención a la luz del corpus iuris internacional existente sobre la protección especial que requieren los miembros de las comunidades indígenas “en relación con el deber general de garantía contenido en el artículo 1.1 y con el deber de desarrollo progresivo contenido en el artículo 26 de la misma”. Sin perjuicio de ello, como fue referido en el caso de la Comunidad Xákmok Kásek, el Tribunal determinó que “[…] el Estado deb[ía] adoptar las medidas necesarias para que [su legislación interna relativa a un área protegida] no [fuera] un obstáculo para la devolución de las tierras tradicionales a los miembros de la Comunidad.” Ver más |
| “Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas -Parte 2 173. La Corte considera relevante hacer referencia a la necesidad de compatibilizar la protección de las áreas protegidas con el adecuado uso y goce de los territorios tradicionales de los pueblos indígenas. En este sentido, la Corte estima que un área protegida, consiste no solamente en la dimensión biológica, sino también en la sociocultural y que, por tanto, incorpora un enfoque interdisciplinario y participativo. En este sentido, los pueblos indígenas, por lo general, pueden desempeñar un rol relevante en la conservación de la naturaleza, dado que ciertos usos tradicionales conllevan prácticas de sustentabilidad y se consideran fundamentales para la eficacia de las estrategias de conservación. Por ello, el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, puede redundar positivamente en la conservación del medioambiente. Así, el derecho de los pueblos indígenas y las normas internacionales de medio ambiente deben comprenderse como derechos complementarios y no excluyentes”. (Corte IDH. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309) Ver más |
| “175. Por su parte, el perito Jeremie Gilbert declaró ante la Corte sobre los mecanismos de ponderación de derechos en juego para este tipo de casos, y señaló que: [Respecto del criterio de necesidad], los pueblos indígenas son parte de la protección natural; no hay ninguna necesidad de expulsar a los pueblos indígenas en nombre de la protección de la naturaleza. […] Respecto de su legitimidad, la protección de la naturaleza es legítima, pero con base en [lo dicho], los pueblos indígenas son parte de la protección de la naturaleza, así que no hay ningún objetivo legítimo para la eliminación de estos pueblos que han sido parte de esos recursos. [Por tanto], si aplicamos estrictamente la norma jurídica, podemos afirmar que en esta situación se equivocan [los Estados] al utilizar el interés público como justificación”. (Corte IDH. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309) Ver más |
| “177. En este respecto, por ejemplo, el artículo 8.j) del Convenio de Diversidad Biológica señala que los Estados “respetará[n], preservará[n] y mantendrá[n] […] las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá[n] su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos […] y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de [ellos] se compartan equitativamente”. El artículo 10.c) del mismo, señala que se “[p]rotegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, de conformidad con las prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la conservación o de la utilización sostenible”. (Corte IDH. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309) Ver más |
| “178. En este sentido, la Conferencia de Partes del Convenio de Diversidad Biológica, órgano rector del Convenio, ha determinado “las obligaciones de las Partes hacia las comunidades indígenas y locales de conformidad con el Artículo 8.j) del Convenio y disposiciones conexas [para el] establecimiento, gestión y vigilancia de las áreas protegidas [las cuales] deberan realizarse con la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales[,] respetando plenamente sus derechos en consonancia con la legislación nacional y las obligaciones internacionales aplicables”. (Corte IDH. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309) Ver más |
| “179. Por su parte, el Principio 22 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, establece que “las poblaciones indígenas y sus comunidades […] desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sustentable”. (Corte IDH. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309) Ver más |
| “180. Asimismo, el artículo 29 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que “[estos] tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación”. El artículo 25 de la misma destaca el derecho a mantener y fortalecer su relación espiritual con las tierras y otros recursos que han poseído y utilizado de otra forma y asumir las responsabilidades para con las generaciones venideras. El artículo 18 establece “el derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes […]”. (Corte IDH. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309) Ver más |
| “181. En vista de lo anterior, la Corte reitera que, en principio, existe una compatibilidad entre las áreas naturales protegidas y el derecho de los pueblos indígenas y tribales en la protección de los recursos naturales sobre sus territorios, destacando que los pueblos indígenas y tribales, por su interrelación con la naturaleza y formas de vida, pueden contribuir de manera relevante en dicha conservación. En este sentido, los criterios de a) participación efectiva, b) acceso y uso de sus territorios tradicionales y c) de recibir beneficios de la conservación —todos ellos, siempre y cuando sean compatibles con la protección y utilización sostenible— (supra párr. 177), resultan elementos fundamentales para alcanzar dicha compatibilidad, la cual debe ser evaluada por el Estado. En consecuencia, es necesario que el Estado cuente con mecanismos adecuados para la implementación de tales criterios como parte de la garantía de los pueblos indígenas y tribales a su vida digna e identidad cultural, en relación con la protección de los recursos naturales que se encuentren en sus territorios tradicionales.”. (Corte IDH. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309) Ver más |
| “191. Al respecto, la Corte estima que, a la luz de los estándares antes mencionados, es compatible el control, acceso y participación en áreas del territorio de una reserva por los pueblos indígenas y tribales, pero también resulta razonable que el Estado pueda tener control, acceso y manejo de áreas de interés general, estratégico y de seguridad que le permita ejercer su soberanía, y/o proteger sus límites territoriales. 192. Por tanto, en vista de que en el caso concreto la Corte no se ha pronunciado respecto de la creación y mantenimiento de las reservas (supra párr. 162), sino que, partiendo de su existencia, ha analizado las restricciones impuestas, estima que, para efectos del presente caso, el Estado debió, a partir del surgimiento de sus compromisos nacionales e internacionales (supra párr. 176), procurar la compatibilidad entre la protección del medio ambiente y los derechos colectivos de los pueblos indígenas, a fin de garantizar a) el acceso y uso de sus territorios ancestrales, a través de sus formas tradicionales de vida en las reservas; b) brindar los medios para participar de manera efectiva con los objetivos de las mismas; principalmente, en el cuidado y conservación de las reservas; c) participar en los beneficios generados por la conservación (supra párr. 181)”. (Corte IDH. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309) Ver más |
| “196. Al respecto, la Corte recuerda que el artículo 23 de la Convención Americana dispone el deber de gozar de los derechos y oportunidades “de participar en la dirección de los asuntos públicos […]”. En este sentido, la participación en la conservación del medio ambiente para las comunidades indígenas resulta no sólo en un asunto de interés público sino parte del ejercicio de su derecho como pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afectan sus derechos, de conformidad con sus propios procedimientos e instituciones (supra párrs. 178 y 180)”. (Corte IDH. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309) Ver más |
| “214. A este respecto, el Tribunal ha establecido que el Estado debe garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro del territorio de una comunidad indígena a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental. (…) El nivel de impacto permitido no puede negar la capacidad de los miembros de los pueblos indígenas y tribales a su propia supervivencia”. (Corte IDH. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309) Ver más |
| “215. Por otro lado, la Corte ha establecido que los estudios de impacto ambiental deben respetar las tradiciones y cultura de los pueblos indígenas y que uno de los objetivos de la exigencia de dichos estudios es garantizar el derecho del pueblo indígena a ser informado acerca de todos los proyectos propuestos en su territorio. Por lo tanto, la obligación del Estado de supervisar dichos estudios coincide con su deber de garantizar la efectiva participación del pueblo indígena. Al respecto, la Corte considera, como lo hizo con la salvaguardia relativa a la participación efectiva en la que, para el caso concreto, el estudio de impacto ambiental y social adquiría también relevancia de manera previa al inicio de actividades de explotación, ya que es allí donde se concreta el área específica en la que se llevaría a cabo las actividades extractivas respecto de toda el área en concesión”. (Corte IDH. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309) Ver más |
| “221. Al respecto, el Estado tiene el deber de proteger tanto las áreas de reserva natural como los territorios tradicionales con el fin de prevenir daños en el territorio indígena, inclusive aquel que proceda de terceros, a través de mecanismos adecuados de supervisión y fiscalización260 que garanticen los derechos humanos, en particular, mediante la supervisión y fiscalización de estudios de impacto ambiental. Asimismo, el Tribunal toma nota que el artículo 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas dispone que “los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por [la explotación de recursos minerales] y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental […]” 222. En este sentido, los impactos negativos en el área antes descritos afectaron de manera directa los recursos naturales de los Pueblos Kaliña y Lokono dentro de un área que tradicionalmente han utilizado. Asimismo, no sólo no fueron evitados mediante mecanismos de prevención o medidas adecuadas para mitigar el daño instaurado por parte del Estado, como lo es la supervisión de un estudio de impacto ambiental, sino que los efectos negativos se han mantenido en el tiempo, afectando con ello el territorio tradicional y los medios de supervivencia de los miembros de dichos pueblos. Asimismo, la Corte recuerda que el Estado también tiene la responsabilidad de supervisar y fiscalizar las acciones en el territorio afectado, a efectos de lograr su pronta rehabilitación con el fin de garantizar un pleno use y goce de los derechos de los pueblos”. (Corte IDH. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309) Ver más |
| “164. La Corte ha establecido que la conexión entre el territorio y los recursos naturales que han usado tradicionalmente los pueblos indígenas y tribales, y que son necesarios para su supervivencia física y cultural, así como el desarrollo y continuidad de su cosmovisión, deben ser protegidos bajo el artículo 21 de la Convención. Esta protección tiene como fin el garantizar que los pueblos indígenas y tribales puedan continuar viviendo su modo de vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas serán respetados, garantizados y protegidos por los Estados. Así, los pueblos indígenas tienen el derecho de ser titulares de los recursos naturales que han usado tradicionalmente dentro de su territorio, ya que sin ellos su supervivencia económica, social y cultural está en riesgo”. (Corte IDH. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309) Ver más |
| Sentencia de 27 de junio de 2012 “157. Es por lo anterior que, en el caso Saramaka vs. Surinam, el Tribunal estableció que, para que la exploración o extracción de recursos naturales en los territorios ancestrales no impliquen una denegación de la subsistencia del pueblo indígena como tal, el Estado debe cumplir con las siguientes salvaguardias: i) efectuar un proceso adecuado y participativo que garantice su derecho a la consulta, en particular, entre otros supuestos, en casos de planes de desarrollo o de inversión a gran escala; ii) la realización de un estudio de impacto ambiental; y iii) en su caso, compartir razonablemente los beneficios que se produzcan de la explotación de los recursos naturales (como una forma de justa indemnización exigida por el artículo 21 de la Convención), según lo que la propia comunidad determine y resuelva respecto de quiénes serían los beneficiarios de tal compensación según sus costumbres y tradiciones”. (Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245) Ver más |
| Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. – Parte 1 (Sentencia de 27 de junio de 2012) “d) Estudio de Impacto Ambiental 204. En relación con la obligación de llevar a cabo estudios de impacto ambiental, el artículo 7.3 del Convenio Nº 169 de la OIT dispone que “[l]os gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. 205. La realización de tales estudios constituye una de las salvaguardas para garantizar que las restricciones impuestas a las comunidades indígenas o tribales, respecto del derecho a la propiedad por la emisión de concesiones dentro de su territorio, no impliquen una denegación de su subsistencia como pueblo (supra párr.157). En ese sentido, el Tribunal ha establecido que el Estado debía garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro del territorio de una comunidad indígena a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental. Ver más |
| Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. -Parte 2 Además la Corte determinó que los Estudios de Impacto Ambiental “sirven para evaluar el posible daño o impacto que un proyecto de desarrollo o inversión puede tener sobre la propiedad y comunidad en cuestión. El objetivo de [los mismos] no es [únicamente] tener alguna medida objetiva del posible impacto sobre la tierra y las personas, sino también […] asegurar que los miembros del pueblo […] tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad”, para que puedan evaluar si aceptan el plan de desarrollo o inversión propuesto, “con conocimiento y de forma voluntaria. 206. Por otro lado, la Corte ha establecido que los Estudios de Impacto Ambiental deben realizarse conforme a los estándares internacionales y buenas prácticas al respecto; respetar las tradiciones y cultura de los pueblos indígenas; y ser concluidos de manera previa al otorgamiento de la concesión, ya que uno de los objetivos de la exigencia de dichos estudios es garantizar el derecho del pueblo indígena a ser informado acerca de todos los proyectos propuestos en su territorio. Por lo tanto, la obligación del Estado de supervisar los Estudios de Impacto Ambiental coincide con su deber de garantizar la efectiva participación del pueblo indígena en el proceso de otorgamiento de concesiones. Además, el Tribunal agregó que uno de los puntos sobre el cual debiera tratar el estudio de impacto social y ambiental es el impacto acumulado que han generado los proyectos existentes y los que vayan a generar los proyectos que hayan sido propuestos”. (Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245) Ver más |
| Sentencia de 31 de agosto de 2001 “Para conservar los recursos a través de la actividad forestal es necesario que ocurran tres cosas. Primero, que la operación forestal sea técnicamente sustentable, es decir, que la explotación no exceda la capacidad que tiene el bosque de regenerarse naturalmente. Segundo, que existan los elementos para que la operación sea económicamente rentable, es decir, viable económicamente. Tercero, específicamente para el caso de los bosques en América Latina donde hay una gran cantidad de poblaciones rurales que viven alrededor de éstos, es indispensable que sea viable socialmente, que exista el apoyo social y el marco legal que se requiere para que estas operaciones, aunque sean técnicamente exitosas y económicamente viables, no atenten contra derechos que puedan tener las comunidades que habitan en estos bosques”. (Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79) Ver más |
| “Para otorgar una concesión a una empresa, primero debían establecerse los criterios y las políticas sobre el desarrollo forestal del país; sin embargo para entonces ello no había sido efectuado, así se procedía a dar concesiones sin tener criterios bien ajustados que aseguraran el derecho de la propiedad indígena y la protección del medio ambiente”. (Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79) Ver más |
| Sentencia de 28 de noviembre de 2007 “120. Sobre este particular, la Corte ha sostenido previamente118 que la subsistencia cultural y económica de los pueblos indígenas y tribales, y por lo tanto de sus integrantes, depende del acceso y el uso a los recursos naturales de su territorio “que están relacionados con su cultura y que se encuentran allí” y que el artículo 21 protege el derecho a dichos recursos naturales (supra párrs. 85-96)119. Sin embargo, el alcance de dicho derecho requiere de una mayor elaboración, especialmente en cuanto a la relación intrínseca entre la tierra y los recursos naturales que allí se encuentran, así como entre el territorio (entendido como comprendiendo tanto la tierra como los recursos naturales) y la supervivencia económica, social y cultural de los pueblos indígenas y tribales, y por ende de sus miembros”. (Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172) Ver más |
| “1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos” (Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172) Ver más |
| “120. Sobre este particular, la Corte ha sostenido previamente118 que la subsistencia cultural y económica de los pueblos indígenas y tribales, y por lo tanto de sus integrantes, depende del acceso y el uso a los recursos naturales de su territorio “que están relacionados con su cultura y que se encuentran allí” y que el artículo 21 protege el derecho a dichos recursos naturales (supra párrs. 85-96)119. Sin embargo, el alcance de dicho derecho requiere de una mayor elaboración, especialmente en cuanto a la relación intrínseca entre la tierra y los recursos naturales que allí se encuentran, así como entre el territorio (entendido como comprendiendo tanto la tierra como los recursos naturales) y la supervivencia económica, social y cultural de los pueblos indígenas y tribales, y por ende de sus miembros”. (Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172) Ver más |
| “122. Como se mencionó anteriormente (supra párrs. 85-96), debido a la conexión intrínseca que los integrantes de los pueblos indígenas y tribales tienen con su territorio, es necesaria la protección del derecho a la propiedad sobre éste, de conformidad con el artículo 21 de la Convención, para garantizar su supervivencia. De este modo, el derecho a usar y gozar del territorio carecería de sentido en el contexto de los miembros de los pueblos indígenas y tribales si dicho derecho no estuviera conectado con los recursos naturales que se encuentran dentro del territorio. Por ello, el reclamo por la titularidad de las tierras de los integrantes de los pueblos indígenas y tribales deriva de la necesidad de garantizar la seguridad y la permanencia del control y uso de los recursos naturales por su parte, lo que a su vez, mantiene ese estilo de vida. Esta conexión entre el territorio y los recursos naturales necesarios para su supervivencia física y cultural, es exactamente lo que se precisa proteger conforme al artículo 21 de la Convención a fin de garantizar a los miembros de los pueblos indígenas y tribales el uso y goce de su propiedad. De este análisis, se entiende que los recursos naturales que se encuentran en los territorios de los pueblos indígenas y tribales que están protegidos en los términos del artículo 21 son aquellos recursos naturales que han usado tradicionalmente y que son necesarios para la propia supervivencia, desarrollo y continuidad del estilo de vida de dicho pueblo121”. (Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172) Ver más |
| Sentencia de 20 de noviembre de 2013 “354. La conexión entre el territorio y los recursos naturales que han usado tradicionalmente los pueblos indígenas y tribales y que son necesarios para su supervivencia física y cultural, así como el desarrollo y continuidad de su cosmovisión, está protegida por el artículo 21 de la Convención. Ello, para garantizar que puedan continuar viviendo su modo de vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas serán respetadas, garantizadas y protegidas por los Estados. La falta de acceso a los territorios puede impedir a las comunidades indígenas usar y disfrutar de los recursos naturales necesarios para procurar su subsistencia, mediante sus actividades tradicionales, acceder a los sistemas tradicionales de salud y otras funciones socioculturales. Eso puede exponerlos a condiciones de vida precarias o infrahumanas, a mayor vulnerabilidad ante enfermedades y epidemias, así como someterlos a situaciones desprotección extrema. 355. En el presente caso, la Corte nota que las actividades de aprovechamiento forestal han desconocido la ley de negritudes y su decreto reglamentario que regulan la participación de las comunidades en el diseño, coordinación y ejecución de los planes programas y proyectos de desarrollo económico en sus territorios, así como los roles de las autoridades negras en la administración y manejo de sus territorios”. (Corte IDH. Caso de las Comunidades Afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2013. Serie C No. 270) Ver más |
| 27 de junio de 2012 “145. El artículo 21 de la Convención Americana protege la vinculación estrecha que los pueblos indígenas guardan con sus tierras, así como con los recursos naturales de los territorios ancestrales y los elementos incorporales que se desprendan de ellos”. (Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245) Ver más |
CIDH
Estándares interamericanos sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de personas afrodescendientes
Respecto a los pueblos indígenas y tribales, la Corte IDH ha subrayado que los Estados deben proteger los derechos de estos pueblos vinculados a sus tierras ancestrales y a su relación con la naturaleza. La protección se hace todavía imperativa puesto que, como han reconocido la Comisión y su REDESCA, existe una estrecha relación entre la protección de un medio ambiente sano y la garantía de subsistencia del ser humano, por lo que las acciones destructivas contra el medio ambiente impactan directamente en el acceso a derechos básicos, como el acceso al agua.
De igual modo, alertan sobre el cambio climático, que acaba provocando desastres ambientales que, en muchos casos, causan el desplazamiento forzoso de personas, agravando aún más las vulnerabilidades a las que están sometidas. De esta manera, el pleno respeto a los derechos territoriales debe entenderse de manera ampliada, reconociendo que su realización depende de la garantía a la protección plena y absoluta del medio ambiente y los recursos naturales.
Esto se logra no sólo a través de la creación de normas, sino también a través de la creación de medidas que involucren la participación efectiva de los grupos directamente afectados en la elaboración e implementación de políticas ambientales. Además de la protección contra invasores, la creación de medidas para el reconocimiento legal de este territorio y la creación de mecanismos que garanticen la consulta previa cuando se realicen obras o inversiones que impacten directamente en sus territorios. Ver más
Relator ONU
La Relatoría de la ONU no ha desarrollado este subtema.
Mecanismo de Expertos de ONU
Consentimiento libre, previo e informado: un enfoque
basado en los derechos humanos
El artículo 32 de la Declaración enuncia el papel que cabe al consentimiento libre, previo e informado en el ámbito del desarrollo de los recursos naturales. Esta disposición reviste especial importancia habida cuenta de los bien conocidos peligros y efectos que tienen las industrias de extracción respecto de los pueblos indígenas (véase A/HRC/24/41, A/HRC/21/52 y A/HRC/21/55). Como señala James Anaya, la regla general en el caso de proyectos de industrias extractivas dentro de los territorios de los países indígenas consiste en que no se deben realizar actividades sin su consentimiento libre, previo e informado. El consentimiento de los pueblos indígenas también puede ser necesario cuando las actividades extractivas afectan de otro modo a los pueblos indígenas (fuera de sus territorios) en función del carácter de los posibles efectos de las actividades en el ejercicio de sus derechos (véase A/HRC/24/41). Ver más
Otros órganos
Este subtema no ha sido desarrollado por otros órganos.
Doctrina
- Autor(es): Argüello, Jessica.
Año: 2017
Título: Capítulo de libro. Derechos humanos y gubernamentalidad neoliberal: el caso de la consulta previa de los pueblos indígenas
Tipo de Fuente: Academia
Temática de la bibliografía: Consulta Previa
País: México. Acceder - Autor(es): Madrigal, B., Escalona, M. & Vivar, R
Año: 2016
Título: Del meta-paisaje en el paisaje sagrado y la conservación de los lugares naturales sagrados; Sociedad y Ambiente
Tipo de Fuente:
Temática de la bibliografía: Consulta Previa
País: México
Abstract: En dos comunidades de origen náhuatl del Estado de México, Santa Catarina del Monte y Tequexquinahuac en Texcoco, mediante entrevistas y observación participante en festividades y rituales entre 2011 y 2013, se tuvo un acercamiento a la percepción de los habitantes respecto a los lugares considerados sagrados. También se hicieron recorridos con informantes claves y se registraron en video narraciones y el ambiente que los rodeaba. Acceder - Autor(es): Espina, Angel
Año: 1996
Título: Manual de antropología cultural
Tipo de Fuente:
Temática de la bibliografía: Consulta Previa
País: España
Abstract: - Autor(es): Correa, Francois
Año: 1993
Título: La selva humanizada: Ecología alternativa en el trópico húmedo colombiano.
Tipo de Fuente: Academia
Temática de la bibliografía: Consulta Previa
País: Colombia
Abstract: Las relaciones de los humanos, y de estos con los animales y ‘diablos’ representados por los enmascarados, para contribuir a la liberación del alma del difunto y su tránsito a las malocas de sus antepasados que garantizan la vinculación de los vivos con sus ancestros. El tema de este coloquio será aprovechado para evidenciar cómo la prohibición de los ritos indígenas no sólo conduce a la onerosa desaparición de los objetos sino, sobre todo, a la pérdida de las tradiciones que garantizan la reproducción de la sociedad. Acceder - Autor(es): Ulloa, Astrid
Año: 2021
Título: Transformaciones radicales socioambientales frente a la destrucción renovada y verde, La Guajira
Tipo de Fuente:
Temática de la bibliografía: Consulta Previa
País: Colombia
Abstract: En la Guajira, Colombia, en el siglo XXI se ha incrementado la minería de carbón y están proyectados parques eólicos y aerogeneradores, los cuales afectarán territorial, ambien tal y culturalmente al pueblo wayúu. Las demandas de ONG, organizaciones de base y líderes y lideresas wayúu buscan posicionar alternativas frente a los extractivismos y propuestas articuladas a la transición energética y transiciones pos-extractivistas. Acceder - Autor(es): Estenssoro, Fernando
Año: 1980
Título: Antecedentes históricos del debate ambiental global: Los primeros aportes latinoamericanos al origen del concepto de Medio Ambiente y Desarrollo (1970-1980)
Tipo de Fuente: Academia
Temática de la bibliografía: Consulta Previa
País: Chile
Abstract: El artículo se concentra en la primera década del debate ambiental en la política mundial. Plantea la hipótesis que este debate refleja una tensión principal entre la perspectiva del mundo industrial – desarrollado o Norte y la perspectiva de los países en vías de desarrollo o Sur. Para el Sur, va a ser fundamental unir la problemática ambiental a la problemática del desarrollo, y en este esfuerzo para unir los conceptos de Medio Ambiente y Desarrollo en el debate ambiental global, se destaca particularmente, el aporte latinoamericano. - Autor(es): Vasco, Luis Guillermo
Año: 2002
Título: Entre selva y páramo. Viviendo y pensando la lucha india
Tipo de Fuente: Academia
Temática de la bibliografía: Consulta Previa
País: Colombia
Abstract: Son reflexiones nacidas, principalmente, de la relación académica y política sostenida con las continuas luchas de los embera-chamí, los guambianos y otros grupos como los arhuaco o ijka y los paeces o nasa. Han sido y son luchas persistentes, pero también irregulares, heterogéneas, imperfectas e inacabables. Gracias a esa inconformidad de largo aliento, hoy esos pueblos pueden aprovechar una relativa y frágil autonomía cultural, territorial y política que los convierte en “nacionalidades indígenas”, al decir de autores como Vasco. Y son esas nacionalidades surgidas del conflicto las que le dan parte de su fundamento pluricultural a la nación colombiana. - Autor(es): Vasco, Luis Guillermo
Año: 2012
Título: Makruma: el don entre los Iku de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Tipo de Fuente: Academia
Temática de la bibliografía: Consulta Previa
País: Colombia
Abstract: Makruma es el don que anima el mundo Iku de la Sierra Nevada de Santa Marta. Se trata de los frutos de vida que un ser tiene para compartir en relaciones de intercambio. Inspirada por el ámbito indígena de reciprocidad, tanto entre seres humanos como con los ancestros, la autora hila este relato con el cual nos entrega su proprio Makruma, surgido de la cosecha material y espiritual de sus vivencias de campo durante ocho meses en la cuenca del río Fundación. Acceder - Autor(es): Duran, Carlos
Año: 2006
Título: ¿Es nuestra isla para dos? Conflicto por el desarrollo y la conservación en Islas del Rosario, Cartagena
Tipo de Fuente: Academia
Temática de la bibliografía: Consulta Previa
País: Colombia
Abstract: Este libro es el resultado de una etnografía sobre la presencia del discurso del desarrollo en las Islas del Rosario. Si hay algo que es transversal a la participación de todos los actores con algún grado de injerencia sobre las Islas del Rosario, es la forma como el discurso del desarrollo ha ido configurando sus narrativas, su forma de ver el mundo y de interactuar con el resto de los personajes. Por esta razón, el objetivo de esta investigación es describir etnográficamente tales narrativas, que a su vez dan cuenta de la experiencia y los conflictos entre dichos actores, en relación con las intervenciones del desarrollo en el pequeño archipiélago del Caribe colombiano. Con ello, el autor pretende develar las contradicciones que el discurso del desarrollo ha producido en lo local, de manera que se puedan ofrecer elementos de juicio que permitan reflexionar sobre el devenir de las Islas del Rosario y sus pobladores. Acceder - Autor(es): Cano, Claudia., van der Hammen, Malo. & Arbeláez, Camilo
Año: 2010
Título: . Sembrar en medio del desierto, ritual y agrobiodiversidad entre los wayuu.
Tipo de Fuente: Academia
Temática de la bibliografía: Consulta Previa
País: Colombia
Abstract: El pueblo wayuu, de familia lingüística arawak, es uno de los más numerosos del continente americano y está conformado por cerca de 320,000 personas que habitan en el extremo más septentrional de América del Sur, en la península colombo-venezolana de La Guajira, un territorio semidesértico con un área aproximada de unos 15,000 km2 (12,000 km2 en Colombia y 3,000 km2 en Venezuela) - Autor(es): Flemmer, Riccarda
Año: 2015
Título: Lecciones de los primeros procesos de la consulta previa en el sector de hidrocarburos en Perú.
Tipo de Fuente: Academia
Temática de la bibliografía: Consulta Previa
País: Perú
Abstract: Este artículo ilumina las primeras experiencias en la implementación de la consulta previa en Perú, enfocándose en el sector de hidrocarburos. En la introducción se presentan brevemente los antecedentes de la nueva legislación y la discusión política en torno a la consulta previa en el sector extractivo. En la segunda parte, el artículo ilumina las nuevas prácticas de consulta previa sobre proyectos de hidrocarburos en la Amazonía. La tercera parte discute sobre la consulta previa como potencial instrumento de protección de derechos indígenas en el contexto de conflictos sobre la extracción de recursos en el Perú. Acceder - Autor(es): Navarro Smith, Alejandra
Bravo Espinosa, Yacotzin
López-Sagástegui, Catalina
Año: 2014
Título: Derechos colectivos y consulta previa: territorio cucapá y recursos pesqueros en Baja California, México
Tipo de Fuente: Academia
Temática de la bibliografía: Consulta Previa
País: Mexico
Abstract: Las demandas de reconocimiento de derechos territoriales y de uso de los recursos naturales que los pescadores cucapás le hacen al Estado mexicano, desde 1993, después de la creación de la Reserva del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado (en adelante, la Reserva ), son unas más en el panorama de los problemas socioambientales y de despojo territorial, que afecta a los pueblos originarios en México. La característica particular en este caso es que el Estado mismo es quien construye los marcos legales en materia de protección a las especies —sin consultar debidamente a dichos pueblos—, volviendo ilegal la presencia cucapá en esa zona y vulnerando sus derechos como población indígena del delta. . En consecuencia, las autoridades ambientales y de pesca mexicanas han constituido la zona del delta del río Colorado como un territorio en disputa, al implementar esquemas de protección ambiental y de pesca, sustentados en modelos disciplinarios, que únicamente se alimentan de información biológica y pesquera. El conflicto se genera cuando se deja al elemento humano fuera de los análisis, como si las comunidades asentadas en los territorios protegidos y usuarias de los recursos no formarán parte de los ecosistemas. Al crear el núcleo de la Reserva en el mismo lugar donde se encontraban los campamentos de pesca del pueblo cucapá se volvió ilegal el aprovechamiento de los recursos pesqueros en la zona. En este contexto se han criminalizado las acciones de resistencia con las que los cucapás responden ante la regulación medioambiental del delta del río Colorado. Al ver imposibilitada la continuidad de su práctica pesquera, los habitantes se organizan para defender su acceso al territorio y, en un sentido más amplio, sus formas de vida y de trabajo. Este caso, en particular, visibiliza maneras contemporáneas por las que el Estado despoja el territorio y desaparece prácticas culturales propias de los pueblos naturales, a través de ciertos discursos y prácticas legales —en este caso los de conservación—. Acceder - Autor(es): Leff, Enrique
Año: 2021
Título: Racionalidad y Justicia
Ambiental: La Elusiva
Injusticia de la Vida
Tipo de Fuente:
Temática de la bibliografía: Consulta Previa
País: Mexico
Abstract: La ley no es justicia, dice el Manifiesto por la Vida. El sistema de justicia establecido en la modernidad (la legalidad
de una ley positiva) no logra contener la voluntad de dominación ejercida por el régimen ontológico
de la modernidad sobre la degradación de la vida y para ajustar el comportamiento humano dentro de las condiciones de vida. .
La justicia ambiental trasciende el orden de la economía (incluso de la economía ecológica) como
mecanismo de la distribución social de la justicia humana de los bienes y servicios ambientales de la naturaleza,
instituir otra idea de equidad bajo los principios de la dignidad humana y en la inmanencia de la vida. - Autor(es): Hurtado, A. D., Aranda, M., & Uribe, L. G. V
Año: 1998
Título: Guambianos: Hijos del aroiris y del agua
Tipo de Fuente:
Temática de la bibliografía: Consulta Previa
País: Colombia
Abstract: Para los guambianos, el propósito de recuperar todo completo nació en la década de los ochenta como una necesidad en la lucha por la recuperación de las tierras. Para recuperar la Historia, el Cabildo y el Consejo del Cabildo crearon un Comité de Historia, constituido por guambianos de distintas edades y condiciones, acompañado, más tarde, por solidarios que contribuyeron, en palabras de taita Avelino Dagua, a “rasgar la cascarita”, la superficie de la historia del pueblo guambiano.