Síntesis
El derecho al territorio de los pueblos étnicos es fundamental para su supervivencia, identidad cultural y desarrollo autónomo. La Constitución Política de Colombia reconoce, para los pueblos indígenas, la figura del resguardo indígena y su propiedad colectiva como imprescriptible, inalienable e inembargable y la de los territorios indígenas como entidades territoriales (arts. 63, 286, 229, 230 y 56 transitorio); para las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, se habla de “tierras comunales de grupos étnicos”, con las mismas características de que son imprescriptibles, inalienables e inembargables (art. 63), y se establece un artículo transitorio para construir el régimen respectivo de las mismas (art. 55 transitorio).
Por su parte, la Corte Constitucional ha señalado que la relación de los pueblos indígenas y comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras con su territorio es vital, ya que este constituye el eje de su cosmovisión, cultura y autonomía y, como consecuencia, ha buscado ir más allá en su protección a través del concepto de territorio ampliado, ancestral, tradicional o dinámico, entre otros conceptos, para hacer referencia a todo área que va más allá de lo titulado en cabeza de estos pueblos y comunidades, pero que continúa atado a su estructura social o cultural (SU-092 de 2021, T-693 de 2011, C-047 de 2022, SU-123 de 2018, SU-121 de 2022).
En el ámbito internacional, el Convenio 169 de la OIT enfatiza la importancia especial del territorio para las comunidades indígenas y tribales, ampliando la noción de «tierras» para incluir todo el hábitat que ocupan o utilizan (art. 13), esté o no titulado, pero respecto del cual haya algún tipo de posesión (art. 14). Por su parte, la Corte IDH ha destacado que el derecho al territorio es esencial para la protección de los derechos humanos de estos pueblos, siendo una garantía para su supervivencia cultural y material, y la ha considerado objeto de protección dentro de la Convención Americana de DDHH, en una abundante jurisprudencia.
Derecho Interno
Constitución
| Convenio 169 de 1989 y Ley 21 de 1991 Artículo 13 1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. 2. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera. |
| Artículo 14 1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. |
| Artículo 19 Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de: a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico; b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen. |
Ley
La ley no desarrolla este subtema.
Decreto
| Decreto 129 de 2024 y Decreto 1071 de 2015 “Artículo 2.14.25.1.3. Definiciones. Para efectos del presente capítulo, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 6. Posesión tradicional y/o ancestral de tierras y territorios de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras: Para los efectos del presente decreto, posesión del territorio tradicional y/o ancestral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras es la ocupación y relación ancestral y/o tradicional que estos mantienen con sus tierras y territorios, de acuerdo con los usos y costumbres, y que constituyen su ámbito tradicional, espiritual y cultural, en el marco de lo establecido en la Ley 21 de 1991. 7. Protección de la posesión de territorios tradicionales de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Las medidas y procedimientos de protección de la posesión de territorios tradicionales de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en riesgo o situación de desplazamiento forzado, están orientados a garantizar el derecho a la posesión y a la tierra frente a los inminentes hechos de despojo territorial al que se encuentren expuestos.” (Decreto 129 de 2024; Decreto 1071 de 2015, artículo 2.14.25.1.3) G329:G347 Ver más |
| Decreto 2333 de 2014 y Decreto 1071 de 2015 “Artículo 2.14.20.1.1. Objeto. El presente título tiene por objeto establecer los mecanismos para la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas.” (Decreto 2333 de 2014, artículo 1; Decreto 1071 de 2015, artículo 2.14.20.1.1) |
| Ley 21 de 1991 “Artículo 2.14.20.1.3. Definiciones. Para los fines exclusivos del presente título, se establecen las siguientes definiciones: 2. Posesión tradicional y/o ancestral de tierras y territorios de los pueblos indígenas. Para los efectos del presente título, la posesión del territorio tradicional y/o ancestral de los pueblos indígenas es la ocupación y relación ancestral y/o tradicional que estos mantienen con sus tierras y territorios, de acuerdo con los usos y costumbres, y que constituyen su ámbito tradicional, espiritual y cultural, en el marco de lo establecido en la Ley 21 de 1991. Decreto 2333 de 2014 y Decreto 1071 de 2015 La posesión tradicional y/o ancestral se probará mediante los procesos y procedimientos incluidos en el presente título. La propiedad de terceros y derechos adquiridos serán reconocidos con arreglo a la Constitución Política y la ley. La posesión de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales y/o tradicionales dará derecho a que el Estado la reconozca mediante acto administrativo registrado, mientras se cumple el trámite administrativo para la expedición del título de propiedad colectiva.” (Decreto 2333 de 2014, artículo 3; Decreto 1071 de 2015, artículo 2.14.20.1.3) “ |
Actos Adm / Directivas
Los actos administrativos/directivas no ha desarrollado este subtema.
Corte Constitucional
| T-341 de 2022 “92. A lo anterior debe añadirse la especial relación que tienen los pueblos étnicos con su territorio, lo que exige una protección constitucional reforzada. En efecto, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,[76] que la Corte Constitucional comparte,[77] en relación con los pueblos indígenas debe superarse el concepto físico de propiedad del derecho civil clásico en tanto que la visión cultural de posesión y ocupación de tierras no se corresponde con el concepto occidental de propiedad privada, pues tiene una significación colectiva y cultural más amplia, que merece ser salvaguardada, de conformidad con el artículo 21 de la Convención Americana. Para los pueblos indígenas “la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.” (T-341 de 2022) Ver más |
| C 047 de 2022 “179. Ahora bien, existen territorios que no han sido objeto de posesión permanente por razones ajenas a los pueblos indígenas, como la violencia (especialmente, el desplazamiento forzado), la ocupación de los territorios por agentes económicos o el carácter nómada o seminómada de ciertas comunidades. En estos eventos, no es posible negar los derechos asociados al territorio, pues ello supondría una nueva violación a los derechos fundamentales de estas comunidades, que afectaría particularmente a quienes se encuentran en circunstancias de mayor debilidad”. (C 047 de 2022) Ver más |
| T-693 de 2011, T-698 de 2011 y T-011-2019 “La jurisprudencia de la Corte Constitucional, en armonía con la Corte IDH, ha precisado que “la posesión ancestral del territorio, antes que los títulos que conceden los estados, constituye el fundamento del derecho; que la tardanza en la titulación comporta una violación al derecho (preexistente a esos procedimientos) y que, por otra parte, estas reglas deben aplicarse con especial precaución frente a comunidades que han sido víctimas de despojo y desplazamiento, es decir, cuya posesión ancestral se ha visto suspendida por motivos ajenos a su voluntad”. “(iii) La propiedad colectiva se funda en la posesión ancestral, de manera que el reconocimiento estatal no es constitutivo. Por lo tanto: la ausencia de reconocimiento no implica la inexistencia del derecho; y la tardanza o la imposición de trámites irrazonables para la obtención de ese reconocimiento constituye, en sí misma, una violación al derecho. (Sentencias T-693 de 2011 y T-698 de 2011)”. (T-011-2019) Ver más |
| T-617 de 2010, T-235, T-693, T-698 de 2011” y T-005 de 2016 “Esta Corporación en la sentencia SU-380 de 2003 mantuvo el enfoque de derecho fundamental sobre la propiedad colectiva de las comunidades indígenas y últimamente ha avanzado al ligarlo a la noción de posesión ancestral, desvinculándolo de los requisitos de titulación exigidos por la regulación civil al interpretarlo como una protección derivada del bloque de constitucionalidad -el Convenio 169 de 1989 de la OIT- en concordancia con los artículos 58, 63 y 329 de la Carta Política, tal y como lo señalan las sentencias T-617 de 2010, T-235, T-693 y T-698 de 2011”. (T-005 de 2016) Ver más |
| T-522 de 2016 “En este mismo sentido, la Corte ha explicado que es la posesión ancestral del territorio, antes que los títulos que conceden los Estados, constituye el fundamento del derecho al territorio ancestral, y que la tardanza en la titulación comporta una violación a dicho derecho, el cual es preexistente a esos procedimientos –de titulación–. Adicionalmente, ha señalado que estas reglas deben ser aplicadas con especial precaución frente a comunidades que han sido víctimas de despojo y desplazamiento, y a quienes se les ha suspendido su posesión ancestral en contra de su voluntad.” (T-522 de 2016) Ver más |
| T-494 de 1992 “No es infundado afirmar que en la actual coyuntura colombiana la posesión es un derecho fundamental. Tiene conexión íntima con el derecho de propiedad, la cual constituye en opinión de esta Corte uno de los criterios específicos para la determinación de esa categoría jurídica abierta que es el derecho constitucional fundamental. La ontología y especificidad de la relación posesoria y sus consecuencias económicas y sociales son de tal relevancia en el seno de la comunidad y para el logro de sus altos fines, que esta Corte reconoce que la posesión tiene, igualmente, entidad autónoma de tales características y relevancia que ella es hoy, por sí sola, con todas sus consecuencias, un derecho constitucional fundamental de carácter económico y social”. “Para nuestra Corte suprema en el pronunciamiento más trascendental y riguroso que haya hecho sobre esta materia, la posesión es: ‘poder físico directo sobre las cosas, en virtud del cual se ejecutan sobre ellas actos materiales de goce y transformación , sea que se tenga el derecho o que no se tenga; por ella obtenemos de los bienes patrimoniales el beneficio señalado por la naturaleza o por el hombre; ella misma realiza en el tiempo los trascendentales efectos que se le atribuyen, de crear y sanear el derecho, brindar la prueba óptima de la propiedad y llevar a los asociados orden y bonanza; y es ella, no las inscripciones en los libros del Registro, la que realiza la función social de la propiedad sobre la tierra, asiento de la especie y cumbre de las aspiraciones de las masas humanas’”. “Los derechos sobre cosas que pueden hacerse valer con acciones reales, son los derechos reales. La posesión es un poder de hecho que se ejerce sobre cosas y que se encuentra protegida con verdaderas acciones reales (las acciones posesorias). Desde tal punto de vista, es un hecho cierto que la posesión es un derecho real”. (T-494 de 1992) Ver más |
Consejo de Estado
Sentencia del 15 de abril de 2013
La posesión como elemento fundamental de la usucapión, debe exteriorizarse con actos públicos de dominio o señorío, el prescribiente debe demostrar que posee la cosa como si fuera el dueño de ella, sin reconocer derechos ajenos; los actos posesorios tienen que ponerse de manifiesto con una actividad asidua, autónoma y prolongada que corresponda al ejercicio del derecho de propiedad. )]. ( CE. SECCIÓN SEGUNDA. Sentencia del 15 de abril de 2013. N° proceso. 44001-23-33-000-2012-00079-01 (AC). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren).
Derecho Internacional
Tratados
| CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES. 1989 “Artículo 13 1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. 2. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.” (CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES. 1989) Ver más |
| “Artículo 14 1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.” (CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES. 1989) |
| “Artículo 19 Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de: a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico; b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen.” (CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES. 1989) Ver más |
Instrumentos no vinculantes
Los instrumentos no vinculantes no han desarrollado este subtema.
Corte IDH
| Sentencia de 6 de febrero de 2020 “95. Por otra parte, la sentencia del caso Awas Tingni Vs. Nicaragua, de 2001, señaló que “la posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas […] obtengan el reconocimiento oficial [de la] propiedad y el consiguiente registro”. Tal acto declara el derecho preexistente, no lo constituye. Conforme surge de su decisión de 2005 sobre el caso Yake Axa Vs. Paraguay, la Corte resaltó que el Estado no solo debe reconocer el derecho de propiedad comunitaria, sino también hacerlo “efectivo en la realidad y en la práctica”. (Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2020. Serie C No. 400) Ver más |
| Sentencia de 25 de noviembre de 2015 “En cuanto a las garantías del uso y goce de la propiedad, en el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua la Corte señaló que los Estados deben garantizar la propiedad efectiva de los pueblos indígenas y abstenerse de realizar actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, valor, uso o goce de su territorio. En el caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam se estableció que los Estados deben garantizar el derecho de los pueblos indígenas de controlar efectivamente y ser propietarios de su territorio sin ningún tipo de interferencia externa de terceros. En el caso Sarayaku Vs. Ecuador se dispuso que los Estados deben garantizar el derecho de los pueblos indígenas y tribales para el control y uso de su territorio y recursos naturales”. (Corte IDH. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309) Ver más |
| Sentencia de 8 de octubre de 2015 “172. Respecto del uso y goce del territorio indígena y tribal, este Tribunal recuerda su jurisprudencia según la cual se indica, inter alia que: “1) la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado, por lo que el área poseída en la práctica es equivalente a la propiedad; 2) la posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de propiedad y su registro; 3) los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas, aún a falta de título legal, salvo cuando las tierras hayan sido legítimamente trasladas a terceros de buena fe, y 4) los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y estas hayan sido trasladadas legítimamente a terceros inocentes, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad”. Asimismo, en el Caso Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua la Corte señaló que los Estados deben garantizar la propiedad efectiva de los pueblos indígenas y abstenerse de realizar actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de su territorio. En el Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinme se estableció que los Estados deben garantizar el derecho de los pueblos indígenas de controlar efectivamente y ser propietarios de su territorio sin ningún tipo de interferencia externa de terceros. En el Caso Sarayaku del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador se dispuso que los Estados deben garantizar el derecho de los pueblos indígenas al control y uso de su territorio y recursos naturales.” (Corte IDH. Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2015. Serie C No. 304) Ver más |
| “Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras – Parte 1 (Sentencia de 8 de octubre de 2015) “173. Por su parte, el Convenio 169 de la OIT, en su artículo 14.1 señala que “[…] deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”. El artículo 14.2 dispone que “los gobiernos deberán […] garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”. Asimismo, el artículo 17.3 señala la obligación de los Estados parte de impedir que personas ajenas a las comunidades indígenas obtengan la propiedad, posesión o uso de los territorios indígenas aprovechándose de sus costumbres o de su desconocimiento de la ley. En su artículo 18 dispone que “[l]a ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.” Ver más |
| “Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras – Parte 2 (Sentencia de 8 de octubre de 2015) 174. En este mismo sentido, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU reconoce en su artículo 26 “el derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido”, así como el derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar esas tierras, por lo que los Estados deben asegurar el reconocimiento y protección jurídicos de esos territorios respetando las costumbres, tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas. 175. De igual manera, el Comité contra la Discriminación Racial en su Observación General No. 23 exhortó a los Estados a que “reconozcan y protejan los derechos de los [P]ueblos [I]ndígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras [y que cuando han sido ocupados por terceros sin el consentimiento libre e informado de esos pueblos], [se] adopten medidas para que sean devueltas. 176. La Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU ha resaltado la obligación de garantizar el uso y goce de la propiedad indígena y tribal, cuando este se encuentra ocupado por terceros, a través del saneamiento del territorio. Por su parte, en su peritaje ante esta Corte, el ex Relator, James Anaya resaltó el deber de los Estados de garantizar el derecho a la propiedad colectiva de pueblos indígenas frente a la invasión de personas no indígenas, así como de resolver la situación de conflictividad derivada de tales situaciones”. (Corte IDH. Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2015. Serie C No. 304) Ver más |
| “177. Por su parte, el Perito José Aylwin señaló (supra, párr. 10) que: “Los Estados deben además prevenir la apropiación e invasión de sus tierras y territorios [indígenas] por parte de terceros […]. [Del mismo modo] [l]os pueblos indígenas tienen derecho a que los Estados les protejan de ataques de terceros en el contexto de conflicto sobre la propiedad adoptando para ello medidas especiales en atención a su situación particular de vulnerabilidad”. […]. [La obligación de sanear los territorios] [e]s una realidad común a muchas tierras […] indígenas de ocupación tradicional [en la que] los procesos de identificación, demarcación, se encuentran con las propiedades de terceros, muchas veces propiedades ilegales y en ocasiones de buena fe […]. Las obligaciones para los Estados son diversas, ellas incluyen la reubicación [de tercero], el pago de una compensación cuando hay mejoras y también el prevenir conflictos que puedan suscitarse como consecuencia de esta intrusión de terceros en esos espacios”.” (Corte IDH. Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2015. Serie C No. 304) Ver más |
| “178. La Corte toma nota de países de la región como Colombia que reconocen expresamente la obligación del saneamiento en su derecho interno como garantía del uso y goce de la propiedad colectiva. En este sentido, en junio de 2013, la Corte Constitucional de Colombia emitió su Sentencia T-387/13, en la cual, utilizando varias de las fuentes anteriormente citadas, determinó que el Estado se encuentra obligado a proteger los territorios colectivos e indicó que el derecho a la propiedad colectiva comprende la obligación de saneamiento y protección contra actos de terceros. 179. Por su parte, la Corte ha verificado un consenso internacional respecto de la inalienabilidad e imprescriptibilidad de los territorios indígenas como protección del uso y goce del territorio indígena”. (Corte IDH. Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2015. Serie C No. 304) Ver más |
| “La Corte reitera la obligación del Estado de garantizar el uso y goce efectivo del derecho a la propiedad indígena o tribal, para lo cual pueden adoptarse diversas medidas, entre ellas el saneamiento. En este sentido, para efectos del presente caso, el Tribunal entiende que el saneamiento consiste en un proceso que deriva en la obligación del Estado de remover cualquier tipo de interferencia sobre el territorio en cuestión. En particular, se realizará a través de la posesión plena del legítimo propietario y, de ser procedente y según lo acordado, mediante el pago de mejoras y la reubicación de los terceros ocupantes, a fin de que la Comunidad de Punta Piedra pueda hacer uso y goce pacífico y efectivo de su dominio pleno de la propiedad colectiva”. (Corte IDH. Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2015. Serie C No. 304) Ver más |
| “La Corte estima que, si bien dicha medida de saneamiento por lo general, y según el caso, debía preceder a la titulación, es en definitiva que, una vez titulado el territorio, que el Estado tenía ya el deber irrebatible de sanear el territorio titulado, a fin de garantizar el uso y goce efectivo de la propiedad colectiva de la Comunidad de Punta Piedra. Dicha obligación correspondía ejercerla al Estado de oficio y con extrema diligencia, tutelando también los derechos de terceros”. (Corte IDH. Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2015. Serie C No. 304) Ver más |
| Sentencia de 24 de agosto de 2010 “87. Asimismo, la Corte ha señalado que los conceptos de propiedad y posesión en las comunidades indígenas pueden tener una significación colectiva, en el sentido de que la pertenencia de ésta “no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad”102. Esta noción del dominio y de la posesión sobre las tierras no necesariamente corresponde a la concepción clásica de propiedad, pero merece igual protección del artículo 21 de la Convención. Desconocer las versiones específicas del derecho al uso y goce de los bienes, dadas por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo, equivaldría a sostener que sólo existe una forma de usar y disponer de los bienes, lo que a su vez significaría hacer ilusoria la protección del artículo 21 de la Convención para millones de personas103”. (Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214.) Ver más |
| “109. El Tribunal recuerda su jurisprudencia respecto a la propiedad comunitaria de las tierras indígenas125, según la cual: 1) la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado126; 2) la posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de propiedad y su registro127; 3) el Estado debe delimitar, demarcar y otorgar título colectivo de las tierras a los miembros de las comunidades indígenas128; 4) los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas, aún a falta de título legal, salvo cuando las tierras hayan sido legítimamente trasladadas a terceros de buena fe129, y 5) los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros inocentes, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad130”. (Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214). Ver más |
| “175. Cuando se trata de pueblos indígenas o tribales, la posesión tradicional de sus tierras y los patrones culturales que surgen de esa estrecha relación forman parte de su identidad. Tal identidad alcanza un contenido particular debido a la percepción colectiva que tienen en tanto grupo, a sus cosmovisiones, sus imaginarios colectivos y la relación con la tierra donde desarrollan su vida188”. (Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214). Ver más |
| “11. Y en el párrafo 87 de esa resolución, la CorteIDH añade que “[a]simismo, la Corte ha señalado que los conceptos de propiedad y posesión en las comunidades indígenas pueden tener una significación colectiva, en el sentido de que la pertenencia de ésta “no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad”. Esta noción del dominio y de la posesión sobre las tierras no necesariamente corresponde a la concepción clásica de propiedad, pero merece igual protección del artículo 21 de la Convención. Desconocer las versiones específicas del derecho al uso y goce de los bienes, dadas por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo, equivaldría a sostener que sólo existe una forma de usar y disponer de los bienes, lo que a su vez significaría hacer ilusoria la protección del artículo 21 de la Convención para millones de personas.” (Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214). Ver más |
| Sentencia de 29 de marzo de 2006 “128. De lo anterior se concluye que: 1) la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado; 2) la posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de propiedad y su registro; 3) los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas, aún a falta de título legal, salvo cuando las tierras hayan sido legítimamente trasladas a terceros de buena fe; y 4) los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladas legítimamente a terceros inocentes, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad. Consecuentemente, la posesión no es un requisito que condicione la existencia del derecho a la recuperación de las tierras indígenas. El presente caso se encuadra dentro del último supuesto”. (Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146). Ver más |
| “120. Asimismo, este Tribunal considera que los conceptos de propiedad y posesión en las comunidades indígenas pueden tener una significación colectiva, en el sentido de que la pertenencia de ésta “no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad”188. Esta noción del dominio y de la posesión sobre las tierras no necesariamente corresponde a la concepción clásica de propiedad, pero merecen igual protección del artículo 21 de la Convención Americana. Desconocer las versiones específicas del derecho al uso y goce de los bienes, dadas por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo, equivaldría a sostener que sólo existe una forma de usar y disponer de los bienes, lo que a su vez significaría hacer ilusoria la protección del artículo 21 de la Convención para millones de personas”. (Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146). Ver más |
| Sentencia de 15 de junio de 2005 “131. Sin embargo, esta Corte ha sostenido que, en el caso de comunidades indígenas que han ocupado sus tierras ancestrales de acuerdo con sus prácticas consuetudinarias – pero que carecen de un título formal de propiedad – la posesión de la tierra debería bastar para que obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro71. La Corte llegó a esa conclusión considerando los lazos únicos y duraderos que unen a las comunidades indígenas con su territorio ancestral. La estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica72. Para tales pueblos, su nexo comunal con el territorio ancestral no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras73”. (Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C No. 124). Ver más |
| “Con respecto a la posesión de la tierra indígena debe señalarse que la forma que adopta la misma es sensiblemente distinta a la regulada en los códigos jurídicos y por lo tanto, también lo son los signos que identifican dicho acto. La ocupación se manifiesta de manera diferente y no siempre es evidente por el modo cultural de producción que no incluye la práctica de transformación masiva de la naturaleza, y por el notable ajuste con el medio que estos pueblos adquirieron a lo largo de las generaciones. A pesar de la sutileza con que aparecen los signos de la posesión, los sitios de asentamiento periódico, las aguadas, los pozos, los territorios de caza, las zonas de recolección o de pesca, los casi imperceptibles cementerios, etc., están marcados de forma indeleble en la memoria histórica de estos pueblos. Esa memoria histórica, indisociable de la geografía, es la principal señal de posesión tradicional”. (Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125). Ver más |
| Sentencia de 31 de agosto de 2001 “No se han encontrado solicitudes por parte de las comunidades indígenas de que los títulos de sus tierras sean individuales. Los reclamos siempre son colectivos, un grupo de miembros de una comunidad reclaman derecho de uso y posesión colectiva. No hay posesión individual ni noción de ese tipo de derecho en cuanto al título de propiedad, sino que lo que piden las comunidades indígenas es un título colectivo”. (Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79) Ver más |
| “151. El derecho consuetudinario de los pueblos indígenas debe ser tenido especialmente en cuenta, para los efectos de que se trata. Como producto de la costumbre, la posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro” (Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79) Ver más |
CIDH
Derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales
Conforme han señalado la CIDH y la Corte IDH, el derecho territorial de los pueblos indígenas y tribales procede de la posesión continuada del territorio y no de su legalización por el procedimiento de titulación. Es por ello que este derecho no está sujeto al previo reconocimiento estatal, ya que se trata de un derecho ya consagrado y en pleno ejercicio que el Estado está obligado a consolidar mediante un procedimiento de reconocimiento legal. Tanto la propiedad comunal que el Estado ha legalizado, como la posesión ancestral adquirida debido a su propiedad tradicional y uso actual, comprenden un solo espacio territorial que les ha pertenecido desde tiempos inmemoriales. Los pueblos indígenas y tribales con la forma de organización de “pueblos” tienen derecho a la titulación en propiedad de sus territorios ancestrales a través de un título colectivo único. (párr. 135). Ver más
Relator ONU
| Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya El Relator Especial observa con preocupación que algunos Estados, de hecho o de manera deliberada, han adoptado la posición de que las consultas directas con los pueblos indígenas en relación con la actividad de extracción de recursos naturales o con otros proyectos de repercusiones importantes sobre el medio ambiente, como las presas, solo se requieren cuando las tierras en que se realizan las actividades en cuestión han sido reconocidas como tierras indígenas por el derecho interno. Esta posición es infundada ya que, de la misma manera que ocurre con el derecho a la libre determinación y con los principios democráticos, y debido a las condiciones generalmente vulnerables de los pueblos indígenas, el deber de celebrar consultas con ellos se plantea siempre que estén en juego sus intereses particulares, incluso si dichos intereses no corresponden a un derecho a la tierra reconocido o a otros derechos contractuales. A este respecto, un comité tripartito del Consejo de Administración de la OIT afirmó explícitamente que: “la consulta prevista en el párrafo 2 del artículo 15, procede respecto de los recursos de propiedad del Estado que se encuentren en las tierras que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera, tengan o no título de propiedad sobre los mismos”. Es posible imaginar fácilmente innumerables maneras en que los pueblos indígenas y sus intereses puedan verse afectados por proyectos de desarrollo o por iniciativas legislativas en casos en que carezcan del correspondiente derecho (párr. 44). Ver más |
| A largo plazo es motivo de preocupación que las comunidades indígenas aún teniendo legalmente la posesión de los resguardos no están en posición de poder proteger adecuadamente sus territorios de invasiones o apropiaciones ilegales ni de ejercer efectivamente su derecho de determinar los usos que se den a las tierras, sobre todo cuando hay fuertes intereses económicos foráneos que disputan el control de las mismas. Estos conflictos pueden darse en parte porque la legislación respectiva aún no se ha consolidado, en parte porque el control de los recursos del subsuelo no está incluido en la concepción del resguardo indígena, y en parte porque la situación de conflicto a la que se ha aludido en los párrafos anteriores aumenta la vulnerabilidad de los pueblos indígenas incluso en el interior de sus propios resguardos. A ello debe agregarse que la constitución de las Entidades Territoriales Indígenas, como formas del ejercicio de los derechos autónomos de los pueblos indígenas, aún no se ha concretizado en el esquema institucional del Estado. (párr. 60). Ver más |
Mecanismo de Expertos de ONU
Los Grupos de Expertos no han desarrollado este subtema.
Otros órganos
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