Síntesis
Este principio establece que, ante la posibilidad de un daño ambiental grave o irreversible, la falta de certeza científica no debe ser una excusa para postergar la adopción de medidas preventivas.
Derecho Interno
Constitución
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Ley
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Decreto
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Actos Administrativos / Directivas
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Corte Constitucional
| T-248 de 2024 Por otra parte, el principio de precaución consiste en que los Estados, “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Este principio superior implica la anticipación del Estado con el objetivo de previsión sobre la futura situación medioambiental, a efectos de optimizar el entorno de vida natural y los derechos fundamentales que se interrelacionan. (T-248 de 2024)+I555:I560 Ver más |
| SU-196 de 2023 159. A nivel internacional se identifican tres normas centrales que consagran los principios de protección ambiental: la primera es la Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano de 1972 que establece 26 principios; la segunda es la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982 que relaciona 5 principios; y, la tercera, es la Declaración de Río de Janeiro de 1992 que desarrolla los postulados de las dos declaraciones anteriores en 27 principios de protección ambiental. El examen de dichos principios permite inferir siete elementos generales de la protección ambiental, a saber: […] (iii) Principio de precaución. Los Estados tienen la responsabilidad de adoptar todas las medidas necesarias ante las sospechas fundadas de que ciertas acciones pueden poner en riesgo al ambiente, aún cuando no exista prueba científica de ello. (SU-196 de 2023) Ver más |
| SU-123 de 2018 – Parte 2 10.3. Según la Sentencia T-294 de 2014, la justicia ambiental puede ser entendida como el “tratamiento justo y la participación significativa de todas las personas independientemente de su raza, color, origen nacional, cultura, educación o ingreso con respecto al desarrollo y la aplicación de las leyes, reglamentos y políticas ambientales”. La justicia ambiental es entonces un marco analítico que ha permitido terciar ante un conflicto ecológico distributivo, dado que intenta eliminar la discriminación que padecen algunas comunidades en relación con el acceso de servicios ambientales y de la exposición superlativa a los desechos de ciertas industrias. La Corte ha considerado que la justicia ambiental, dentro del marco de la Constitución, está compuesta por cuatro elementos interrelacionados: i) la justicia distributiva; ii) la justicia participativa; ii) el principio de sostenibilidad; y iv) el principio de precaución. Ver más |
| SU-123 de 2018 – Parte 3 10.4. El componente de justicia distributiva respalda el reparto equitativo de las cargas y beneficios ambientales para los habitantes de un Estado, sin que sea aceptable diferenciar algún sector de la población en razón de su origen étnico, de su género o de su condición socioeconómica. Una justicia participativa significa que en las decisiones ambientales se exige la intervención activa y significativa de las personas que resultan afectadas por la ejecución de determinada actividad. El principio de sostenibilidad, reclama que los sistemas económicos y sociales deben ser reproducibles sin el deterioro de los ecosistemas en que se apoyan, esto es, la viabilidad ecológica. Conforme a este principio, las actividades humanas tienen la obligación de respetar los límites de absorción y de regeneración del ambiente, de modo que no se comprometa su disfrute para las generaciones futuras y para otras especies vivas no humanas. En este escenario, se construyó un “imperativo ambiental”. El principio de precaución prescribe que los agentes ambientales deben abstenerse de ejecutar una actividad que causa una perturbación ambiental inaceptable, siempre y cuando exista una duda razonable de que el acto pueda causar un daño a la naturaleza. Este principio se convierte entonces en una guía de acción humana para comportarse ante la incertidumbre de perjuicio en un ecosistema y prevenir ese riesgo. Además, reconoce la falibilidad de la ciencia, lo cual impone al ser humano la obligación de ser prudente ante la incertidumbre de una eventual lesión. El principio de precaución materializa los deberes de protección y salvaguarda del medio ambiente. Ver más |
| T-236 de 2017 Este principio requiere la consideración de varios factores relacionados no solo con la existencia de un riesgo, sino con el grado de certidumbre del mismo, su magnitud, la confiabilidad de la evidencia científica asociada, la respuesta regulatoria ya adoptada por las autoridades, el cumplimiento de las regulaciones existentes y otras consideraciones de relevancia constitucional. Para la Sala, el principio de precaución no equivale a una presunción iuris tantum de que la actividad es dañina y por lo tanto debe prohibirse. (T-236 de 2017) Ver más |
| OTRAS SENTENCIAS QUE REITERAN: T-375 de 2023; SU-121 de 2022 |
Consejo de Estado
Sentencia del 15 de diciembre de 2022
«Ahora bien, así como la necesidad de la consulta previa debe estudiarse desde un enfoque diferencial sobre los elementos del grupo étnico afectado, esta perspectiva debe ampliarse cuando, concurrente con la afectación directa, se denuncia una amenaza al ambiente, en cuyo caso debe abordarse desde la perspectiva de la “justicia ambiental”, la cual se conforma por cuatro elementos interrelacionados como son: i) la justicia distributiva; ii) la justicia participativa; iii) el principio de sostenibilidad; y iv) el principio de precaución, los cuales son explicados por la Corte Constitucional…» (CE. SECCIÓN QUINTA. Sentencia del 15 de diciembre de 2022. N° proceso. 11001-03-15-000-2022-05502-00. C.P. Luis Alberto Álvarez Parra)
Derecho Internacional
Tratados
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Instrumentos no vinculantes
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Corte IDH
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CIDH
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