Derecho Interno
Constitución
La Constitución no desarrolló este subtema.
Ley
La ley no desarrolla este subtema.
Decreto
| Decreto 1066 de 2015 “Artículo 2.5.1.4.4. Funciones. El Espacio Nacional de Consulta Previa de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras tendrá las siguientes funciones: 2. Adelantar la etapa de protocolización de la consulta previa de las medidas legislativas o administrativas de carácter general susceptibles de afectar directamente a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del país. (Decreto 1066 de 2015, artículo 2.5.1.4.4.)” Ver más |
| “Artículo 2.5.1.4.5. Etapas del proceso de consulta previa. El proceso de consulta previa de medidas legislativas y administrativas de carácter general susceptibles de afectar directamente a dichas comunidades se desarrollará mediante las siguientes etapas: 3. Protocolización: En esta etapa se suscribirán los acuerdos y los puntos de desacuerdo respecto a los proyectos de medidas legislativas o administrativas de carácter general. […] Parágrafo. En todo caso, la protocolización de las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras se hará en sesión plenaria del Espacio Nacional de Consulta Previa.” (Decreto 1066 de 2015, artículo 2.5.1.4.5) Ver más |
Actos Adm / Directivas
| Directiva Presidencial 08 de 2020 6. Seguimiento al cumplimiento de las medidas Asegurar la debida ejecución de las medidas de manejo acordadas entre la entidad promotora o el ejecutor del POA y la comunidad étnica, o establecidas por la DANCP en aplicación del test de proporcionalidad. Para tales efectos, se adiciona la siguiente actividad a la etapa de consulta: El seguimiento de las medidas de carácter ambiental corresponderá a la autoridad ambiental competente. (Directiva Presidencial 08 de 2020) Ver más |
| Directiva Presidencial 10 de 2013 “Etapa 5: Seguimiento de Acuerdos Objeto Asegurar que lo protocolizado en la consulta previa sea efectivamente realizado por las partes, según los plazos acordados con las comunidades étnicas. Deberes 1. La DCP debe hacer requerimientos periódicos al responsable del POA para verificar que se están cumpliendo los acuerdos. 2. La DCP liderará la conformación del Comité de Seguimiento y definirá sus miembros. 3. La DCP debe convocar a las partes, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a las autoridades ambientales a las reuniones de seguimiento según lo pactado en la consulta previa. 4. La DCP debe comunicarse de manera periódica con las comunidades para verificar que sí se están cumpliendo los acuerdos. 5. La DCP debe convocar a las partes, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a las autoridades ambientales a la reunión de cierre de consulta previa. Paso 1: Requerimientos periódicos a los responsables en los plazos acordados con las comunidades La DCP tiene la obligación de hacer requerimientos periódicos al responsable del proyecto para verificar el cumplimiento de los acuerdos en los plazos acordados con las comunidades. Paso 2: Cierre de consulta La DCP convocará a las comunidades étnicas, al ejecutor del proyecto, a las entidades competentes, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a las autoridades ambientales a la reunión de cierre de la consulta previa (Directiva Presidencial 10 de 2013)” Ver más |
Corte Constitucional
| SU-123 de 2018 “15.1. En la consulta previa debe advertirse que existe la obligación de materializar y cumplir los acuerdos protocolizados y pactados. Lo anterior, en razón de que las partes se obligan voluntariamente al acuerdo como única forma de garantizar la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de las comunidades étnicas minoritarias, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones y sus instituciones.” (SU-123 de 2018) Ver más |
| T-002 de 2017 “(iii) El derecho a la consulta previa comprende etapas y desarrollos pre consultivos y post consultivos, es decir, de acuerdo con esto último, la consulta previa también puede reclamarse con posterioridad a la iniciación de la medida legislativa o administrativa -como ocurrió en este caso- siempre y cuando se afecten los derechos étnicos fundamentales. Además, en cuanto el procedimiento de consulta previa no puede entenderse finalizado o agotado cuándo se surte la etapa pre consultiva sino cuando se cumplen las fases posteriores de cumplimiento a lo acordado en el corto, mediano y largo plazo y se cierra el proceso de común acuerdo. Por tanto, se determina el goce efectivo del derecho fundamental en el momento en que todas y cada una de las obligaciones convenidas sean satisfechas. De lo contrario, considerar que el derecho fundamental culmina con el acta de protocolización de los acuerdos, significaría avalar la violación del derecho fundamental, específicamente sus etapas posteriores la ejecución y el cierre, que pretenden garantizar su obligatorio cumplimiento. (iv) Es obligatorio que con posterioridad al acuerdo de consulta previa se garantice por parte del Estado y del Ejecutor del proyecto, obra o actividad, el cumplimiento de todas las medidas de mitigación, compensación e indemnización concertadas en el acuerdo de consulta previa por los daños causados.” (T-002 de 2017) Ver más |
Consejo de Estado
| Sentencia del 24 de noviembre de 2022 “120. En este orden de ideas, la Guía, en esta última etapa, contiene una serie de lineamientos internos en materia de seguimiento, enmarcados en la competencia enunciada por el numeral 8° del artículo 16 del Decreto – Ley 2893… 122. De lo anteriormente expuesto, es dable afirmar que las instrucciones incorporadas en la última etapa de la directiva presidencial son simples pautas que afectan estrictamente el funcionamiento interno del poder ejecutivo sin generar efectos jurídicos externos adicionales a los previstos en la reglamentación vigente al momento de la expedición de ese acto.(CE. SECCIÓN PRIMERA. Sentencia del 24 de noviembre de 2022. N° proceso. 11001-03-24-000-2012-00025-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés) |
| Sentencia del 11 de diciembre de 2017 “5. Seguimiento de acuerdos. Objeto: «Asegurar que lo protocolizado en la. consulta previa sea efectivamente realizado por las partes, según los plazos acordados con las comunidades étnicas».” (CE. SECCION SEGUNDA. Sentencia del 11 de diciembre de 2017. N° proceso. 25000-23-37-000-2017-01271-01 (AC). C.P. Carmelo Darío Perdomo Cuéter) |
Derecho Internacional
Tratados
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Instrumentos no vinculantes
Los instrumentos no vinculantes no han desarrollado este subtema.
Corte IDH
La Corte IDH no ha desarollado este subtema en su jurisprudencia
CIDH
La CIDH no ha desarrollado este subtema.
Relator ONU
Consentimiento libre, previo e informado: un enfoque
basado en los derechos humanos
El consentimiento libre, previo e informado, en su carácter de proceso dinámico, debe también ser objeto de un seguimiento y evaluación periódicos. Los acuerdos deben “incluir mecanismos para la participación en el seguimiento” (ibid.). El Comité de Expertos de la OIT en la Aplicación de los Convenios y Recomendaciones destaca la necesidad de “realizar una evaluación periódica del funcionamiento de los mecanismos de consulta, con la participación de los pueblos de que se trate”, a fin de continuar aumentando su eficacia. Debe incluir también mecanismos de recurso de fácil acceso para las controversias y los agravios, concebidos con la participación efectiva de los pueblos indígenas y que incluyan la revisión judicial. (párr. 45). Ver más
Mecanismo de Expertos de ONU
Los Grupos de Expertos no han desarrollado este subtema.
Otros órganos
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Doctrina
- Autor(es): Departamento Nacional de Planeación (DNP)
Año: 2023
Título: Acuerdos Derivados de la Consulta Previa con los Pueblos y Comunidades Étnicas 2022-2026
Tipo de Fuente: Institucional
Temática de la bibliografía: Metodologías estatales e institucionales con pueblos étnicos
País: Colombia
Abstract: El presente documento titulado *Acuerdos Derivados de la Consulta Previa con los Pueblos y Comunidades Étnicas* ha sido elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y contiene un análisis exhaustivo de los acuerdos alcanzados en el marco de la consulta previa con los pueblos y comunidades étnicas, en particular a través de la Mesa Permanente de Concertación. El objetivo de este documento es sistematizar los compromisos y resoluciones adoptados en estos procesos consultivos, destacando su importancia para el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, afrocolombianos, comunidades negras, raizales, palenqueros y el pueblo Rom.
Asimismo, se incluye una codificación específica de los acuerdos, identificando la entidad responsable de su implementación y seguimiento. Este documento se constituye como una herramienta clave para el monitoreo y la gestión de los acuerdos alcanzados, contribuyendo a la transparencia y eficacia en la ejecución de las políticas públicas que afectan a estas comunidades. Acceder - Autor(es): Enlaza Red
Año: 2023
Título: 30 años de la consulta previa en Colombia.
Tipo de Fuente: Institucional
Temática de la bibliografía:
País: Colombia
Abstract: El artículo “”30 años de la consulta previa en Colombia”” de Enlaza analiza la evolución y la importancia del proceso de consulta con comunidades étnicas en Colombia durante las últimas tres décadas. Destaca el papel de los grupos indígenas, afrocolombianos y otros grupos étnicos en la formulación de políticas a través de su participación en los procesos de consulta. El artículo también reflexiona sobre los desafíos y logros relacionados con los derechos de estas comunidades, particularmente en el contexto de proyectos de desarrollo a gran escala. Acceder - Autor(es): Arroyave Ospina, Carmen
Año: 2020
Título: Apoyo al seguimiento y avance de los acuerdos de la consulta previa del POMCA Río Bogotá.
Tipo de Fuente: Academia
Temática de la bibliografía: Metodologías y procedimientos distintos sectores
País: Colombia
Abstract: En el marco de la actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuencia Hidrográfica del POMCA Río Bogotá se realizó una consulta previa a las comunidades indígenas de la etnia Muisca de Chía, Cota y Sesquilé y la etnia Kichwa de Sesquilé que hacen presencia en la cuencia y están certificadas por el Ministerio del Interior. En la consulta previa realizada se concertaron 56 acuerdos y por parte de la CAR se establece un plan de seguimiento a los avances de los acuerdos protocolizados que contiene una metodología que incluye la línea base, una matriz de seguimiento, responsables, indicadores de cumplimiento que han sido articulados entre la CAR, las alcaldías y las comunidades indígenas, en el presente trabajo se ha propuesto realizar el seguimiento a los acuerdos y plantear una herramienta que permita realizar el seguimiento a los avances en materia de gestión y cumplimiento de los acuerdos por parte de los responsables de la ejecución de dichos acuerdos. Acceder - Autor(es): Santos Pérez, Judith Cristina
Año: 2019
Título: Análisis crítico del derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades indígenas en Colombia. Estudio de caso: Comunidad indígena de Orobajo del Pueblo Nutabe ubicada en el área rural de los municipios de Sabanalarga, Peque e Ituango en el Departamento de Antioquia (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Colombia.
Tipo de Fuente: Academia
Temática de la bibliografía: Academia sobre enfoques metodológicos
País: Colombia
Abstract: El presente estudio aborda el análisis del proceso de consulta previa que se está llevando a cabo con la Comunidad Indígena de Orobajo y el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, partiendo de antecedentes históricos, desde la planificación, licenciamiento e inicio de construcción del proyecto y el posterior reconocimiento de una comunidad étnica dentro del área de influencia. A partir de esto, se analiza las decisiones de la Corte Constitucional en casos similares a través de una línea jurisprudencial. Del resultado del proceso de la consulta previa, surgirá un precedente social y jurídico para futuros proyectos y procesos similares. Lo cual es un llamado de atención al gobierno nacional a garantizar y preservar la seguridad jurídica de inversionistas y comunidad en general; pero en especial, fortalecer la institucionalidad pública y de comunidades y territorios tradicionales del país. Acceder